miércoles, 29 de diciembre de 2010

 

Policía encabeza quejas de abusos en Tijuana

La representación de la CNDH reportó un promedio mensual de 15 denuncias por abusos, detenciones arbitrarias e incluso tortura, contra integrantes de la corporación local.

Tijuana, BC | Lunes 27 de diciembre de 2010 Julieta Martínez/Corresponsal | El Universal19:20

Agentes de la Policía Municipal encabezaron la lista de violaciones a los derechos humanos de la comunidad, incluso rebasaron los casos reportados contra elementos de las Fuerzas Armadas.

La coordinadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Gabriela Navarro Peraza, señaló que este año incluso se registraron abusos contra defensoras de las garantías individuales, una situación que no había ocurrido en años anteriores.

Explicó que el organismo recibió un promedio mensual de 15 denuncias por abusos, detenciones arbitrarias e incluso tortura, la mayoría contra elementos de la policía local.

El año que está por concluir, la CNDH atendió dos quejas de periodistas que reportaron abusos policíacos, las cuales fueron remitidas directamente a la Quinta Visitaduría para su atención desde la ciudad de México.

Dos activistas defensoras de ex-policías que denunciaron haber sido torturados para que admitieran supuestos nexos con el crimen organizado, fueron víctimas de persecución y amenazas de muerte, por lo que tuvieron que abandonar la ciudad, señaló la funcionaria.

Identificó a las afectadas como Blanca Mesina Nevárez y Silvia Vázquez Camacho, quienes, sostuvo, fueron objeto de persecución al encabezar la defensa de los ex-agentes.

Navarro Peraza informó que las Fuerzas Armadas fueron la segunda instancia denunciada por abusos contra la comunidad.

Admitió que en este caso la incidencia de quejas por abusos y arbitrariedades bajó gracias a que los militares recibieron constantes cursos de sensibilización sobre el respeto a los derechos humanos.
En el 2009 se acumularon 169 quejas contra los elementos militares a diferencia de las cien que se registraron este año, detalló la funcionaria.

Agregó que posiblemente influyeron las recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos, señaló la coordinadora de la CNDH.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtió en la tercera instancia con más quejas acumuladas en su contra.

Falta de medicamentos y postergación de cirugías, fueron las principales motivaciones de señalamientos contra esta institución, recordó Navarro Peraza.

El cuarto lugar de quejas lo ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la tardanza en la entrega de documentos a los usuarios que solicitaron algún trámite.
crs

lunes, 27 de diciembre de 2010

La Corte Interamericana condena a México por torturar a campesinos ecologistas



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20 de diciembre de 2010
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy a México por “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en contra de dos campesinos ecologistas que fueron detenidos por el Ejército el 2 de mayo de 1999.
La CIDH, con sede en San José Costa Rica, publicó hoy en su página de internet que México es culpable por violaciones a los derechos a la libertad personal, integridad personal y garantías judiciales de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.
“El Estado (mexicano) es responsable por la violación del derecho a la libertad personal (…) en perjuicio de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores”, dice el fallo de la Corte, que además ordenó pagar una indemnización de 25,500 dólares a cada una de las víctimas por daños materiales e inmateriales.
Además, los jueces ordenaron a México “conducir eficazmente la investigación penal de los hechos, en particular por los alegados actos de tortura, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea”.
Los campesinos del estado de Guerrero denunciaron ante la CIDH que fueron detenidos y condenados como represalia por la campaña que iniciaron en 1998 contra la tala de bosques en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Montiel recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión y Cabrera de diez años. Mientras estaban presos.

Ver la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

martes, 30 de noviembre de 2010

Opinión sobre la Tortura y el sistema penitenciario en México. Por Nigromante



LA READAPTACION SOCIAL EN MEXICO COMO MÉTODO DE TORTURA

El principio de la readaptación social se anuncia afirmando la idea de que la pena debe estar invariablemente orientada a procurar fines correctivos que en su conjunto se concreten en el objetivo de la reinserción social útil de la persona, por eso aparece relacionada con la idea de la pena de prevención social “

La prisión preventiva debe de ser totalmente excepcional y responder a motivos muy justificados. No obstante la legislación mexicana permite aplicarla en forma demasiado extensa y prolongada. Resulta aberrante que más del 25 % de los internos sean procesados y que permanezcan en esta situación durante meses y – en ocasiones años --. Los procesados gozan de una presunción de inocencia y deben ser tratados como tales. Sin embargo, en la mayoría de los Centros y Reclusorios Preventivos se les trata como culpables --. No todos los sentenciados deben de ser condenados a penas de prisión.

En cualquier cárcel del país, y Chiapas no es la excepción, en la mayoría de las veces la Prensa a disposición de los poderes facticos, es quien te condena a una irremediable culpabilidad; las personas en un 90 % son objeto de algún tipo de TORTURA, por el cuerpo policiaco que se ocupo de su detención, incluso en esta administración federal, por el Ejército, que ya en estas prácticas es una ilegalidad. Amnistía Internacional en repetidas ocasiones ha señalado que con la declaración ante el Agente del Ministerio Público, arrancada a base de Tortura; es en la que se basan la mayoría de las sentencias condenatorias aquí. 
 
Cualquier persona, quien sea, con responsabilidad o no, un sujeto asocial, parasocial o francamente antisocial, señala y recuerda – si alguna vez logra su libertad – que la experiencia más traumática, antes, y durante la prisión, son los días que estuvo bajo la custodia de los cuerpos policiacos, ya que ahí se fraguo su tiempo de condena; aquí la persona sufre y padece un cambio drástico en su personalidad; ahora cuando el sujeto es totalmente ajeno a los hechos que se le imputan, la situación se torna grave y de consecuencias de irremediable reparación; es una especie de TORTURA difícil de describir.

Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre nuestro país correspondiente a 1998, recomendó: “Que amplié el ámbito de la aplicación de las penas alternativas a la prisión y, se adopten las medidas necesarias a fin de acelerar los procesos y se aumenten la capacidad LOCATIVA de los Centros Penitenciarios “.

Por lo que el individuo que se dice inocente, o cualquier otro que se atreve a invocar derechos pre establecidos, que aun en prisión se conservan, al amparo de la Ley; son inmediatamente mal vistos por las Autoridades Penitenciarias y, que se permea a todo el aparato de la aplicación, administración e impartición de la Justicia, que solo en este momento funciona exacta y contundentemente. Y además de tener segura una sentencia condenatoria, se trasforma en un preso propenso a un TRASLADO FORZOSO, como método coercitivo y de miedo hacía una Autoridad y Gobierno prepotente y vengativo. Por lo que el prisionero que se atrevió a clamar por un poco de justicia, sobrevivirá siempre en constante zozobra y paranoia carcelaria. Siendo esto una forma de Tortura que el reo asimilara de tal manera que afectara profundamente su mente, difícilmente tangible y que afecta principalmente a sus seres queridos, ya que afecta el carácter del individuo, pues el rencor y el odio es, muchas veces, la fuerza que lo mantiene alerta en prisión.

Los artículos 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fueron interpretados por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se ha estado describiendo, en el sentido de que las penas privativas de la libertad tienen como finalidad primordial que el condenado a prisión, pueda reincorporarse a la sociedad sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, de tal suerte que una prisión de carácter vitalicio o condena perpetua, aun cuando el delincuente se regenerara, no podría reintegrarse a la sociedad, lo que hace que se constituya una pena inusitada.

El criterio anterior, que viene siendo invocado como fundamento de su pretensión por la parte actora, fue sustentada en las Tesis Jurisprudenciales números P./J.126/2001 y P./J./127/2001 consultables en las páginas catorce y quince respectivamente del tomo XIV octubre de dos mil uno. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es el siguiente: PENA INUSITADA SU ACEPCION CONSTITUCIONAL (se trascribe) PRISION VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL (se trascribe). Estos criterios jurisprudenciales tuvieron origen en la ejecutoria dictada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis II/2001, en cuya parte considerativa, en lo que al caso interesa, dice;

En consecuencia, ha de concluirse que la prisión vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el artículo 22 Constitucional, en virtud de que en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de lo establecido en el artículo 18 del propio Ordenamiento, que es la readaptación social del delincuente.

Entendiéndose que en los últimos años en México se ha adoptado una política de endurecimiento de las penas, e incluso a favor de la pena de muerte; propagada por las grandes campañas de odio a través de los medios de comunicación oficialistas, tratando de convencer a un grupo de la sociedad, impregnado por un racismo ético; y que el prisionero escucha por todos los medios y que le carcome la consciencia y el alma, tratando de escapar de una realidad que escucha, ve y siente a diario. Esto sin duda le Tortura el razonamiento que poco a poco se le deteriora.

Es pertinente señalar que según las normas internacionales de protección, la tortura no solamente puede ser perpetrada mediante el ejercicio de la violencia física, sino también a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento físico, psíquico o moral agudo. El artículo 2 de la Convención para Prevenir Sancionar la Tortura, dispone que se debe tomar en cuenta tres supuestos para que se configure la tortura, a saber: Primero, tiene que haber penas y sufrimientos, segundo, tiene que haber intencionalidad cuando se proporciona, y finalmente las penas o sufrimientos deben de tener un fin.

En la sociedad existe una percepción muy desproporcional en lo que respecta a la tortura, sobre todo con la referencia antes señalada; así también para las respectivas Comisiones, tanto nacionales como estatales de derechos humanos, sus visitadores, son muy escépticos sobre el tema, y ya no se diga de las diferentes Procuradurías, hoy llamadas Fiscalías, no solamente evaden e ignoran el tema sino lo promueven con métodos mas sofisticados que sean casi imperceptibles.

Dentro de las prisiones, según se tenga consciencia de culpabilidad y justicia, receptuas y te sensibilizas de los diferentes medios de tortura que emplea el Estado. La actual situación del sistema penitenciario en Chiapas, ha derivado en una política carcelaria esquizofrénica, porque por una parte se invoca el irrestricto respeto de los Derechos Humanos, en todos sus ejes y ámbitos, y por otro lado la gran mayoría de los presos, padecen de ansiedad generalizada, trastornos de estrés agudo, trastornos depresivos, vergüenza, insomnio, sentimientos de miedo, angustia e inferioridad , completamente exacerbado su auto estima, destruida su intimidad y hasta su sexualidad. Sus afectos naturales están dañados.

Para la autoridad se trata de someter al preso, que entienda el concepto de autoridad, dicen, y es la represión en todas sus formas existentes la única opción; los represores piensan por lo común, que lo que era legal, es forzosamente moral. Se enfurecen cuando se les argumenta que nadie está obligado a obedecer leyes injustas. Actualmente el sistema carcelario en Chiapas implementa el miedo a los reos, por medio de los traslados, para, según ellos, aplicar el reglamento; y que es la Autoridad la primera en incumplirlo.

Efectivamente, la actual administración insiste en utilizar un método de tortura, fundado en el miedo, esto por medio de los llamados TRASLADOS FORZOSOS, casi 70 internos han padecido de este acontecimiento en los últimos meses en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados No. 3 de Tapachula, so pretexto de la autoridad de obtener los cambios necesarios para aplicar exactamente la Ley y el Reglamento. De tal manera que el grueso de la población penitenciaria sobrevive atemorizada de estas revanchas de la Autoridad.

En apariencia el interno pareciese existir de manera normal de este tipo de vida en cautiverio, pero su tendencia al fatalismo, les empuja a reír estridentemente de cualquier desgracia que le ocurra a su compañero preso; traslado forzoso, sentencia condenatoria, la perdida de la vida de algún ser querido o padecer inesperadamente alguna enfermedad, e incluso si le ocurre a el mismo.

Para la sociedad en su conjunto este debería de ser un tema primordial, mas cuando consideramos que de la totalidad de la población penitenciaria en el país, poco más del 65 % de estos, son menores de 28 años de edad, y que alguna vez, por mas altas que sean sus condenas, convivirán en algún grupo social e incidirán en el mismo.

La TORTURA en las cárceles debería ser erradicada por completo, pero definitivamente falta voluntad de los gobernantes; a veces se piensa que la tortura solo se aplica con palos y grilletes, donde alguna cámara de televisión trasmita escenas desgarradoras, actualmente todo pasa al amparo de la impunidad y bajo la sombra del silencio… el silencio de la ignorancia.

Mas cuando consideramos que TORTURA es “TODO ACTO REALIZADO INTENCIONALMENTE POR EL CUAL SE INFLINJAN A UNA PERSONA PENAS O SUFRIMIENTOS FISICOS O MENTALES”.

sábado, 13 de noviembre de 2010

Comunicado de Prensa

En Seattle, Washington, USA y Tapachula, Chiapas, México
A 22 de marzo de 2010
Boletín de prensa




• Ananías Laparra Martínez de más de sesenta años de edad, se encuentra privado injustamente de su libertad desde hace más de 10 años
• El caso del señor Laparra y su familia es un claro ejemplo de la ineficacia e impunidad que impera en el sistema de justicia en México

Un grupo de tres abogados internacionales representantes del señor Ananías Laparra Martínez y su familia, junto a la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Estados Unidos y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C, de Chiapas presentaron una denuncia en contra del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., por hechos constitutivos de violaciones graves a sus derechos humanos. Dichas violaciones comenzaron a perpetrarse con la detención de la familia Laparra el 14 de octubre de 1999 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, ubicada en la frontera sur con Guatemala. Los representantes abogamos por la pronta liberación del señor Ananías, quien a la fecha sigue privado injustamente de su libertad.

La denuncia se relaciona principalmente con la detención ilegal y arbitraria del señor Ananías Laparra Martínez y su familia el 14 de octubre de 1999 por agentes de la Policía Judicial del Estado de Chiapas. Ellos fueron torturados por personal de la policía judicial con la orden, aquiescencia y participación de un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de dicho Estado. Los dos hijos menores del señor Ananías Laparra–José Ananías de 14 años y Rocío Fulvia Laparra Godínez de 16 años—así como su esposa, Rosa Godínez, fueron torturados y forzados a firmar declaraciones que inculpan al señor Ananías de haber privado de la vida al joven Elvis Díaz Martínez, originario de la colonia Unión Roja, municipio de Cacahoatán, Chiapas. Además de torturar a sus dos niños y a su esposa, el señor Laparra también fue torturado y forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, después de que los agentes torturaran a uno de sus hijos delante de él.

Con estos elementos de prueba ilícitamente obtenidos ante el Ministerio Público y violando los derechos humanos de la familia Laparra, el 31 de enero de 2002 el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, sin realizar investigación alguna sobre la tortura denunciada ante el juzgado por la familia, condenó al señor Laparra a una pena de prisión de 28 años, 7 meses y 15 días, misma que se encuentra cumpliendo de manera injusta en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 3 (CERSS 3) en Tapachula, Chiapas.

Tal como lo señaló el abogado representante de las víctimas Ricardo Lagunes Gasca “a más de 10 años de estar privado injustamente de su libertad y faltando por lo menos 18 años de condena arbitraria, el señor Ananías Laparra Martínez y su familia han acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que las instancias internas de procuración y administración de justicia han resultado ineficaces para lograr su pronta libertad, así como para conseguir la investigación, la detención y la sanción de los responsables de las torturas y violaciones perpetradas”.

Este caso reviste particular importancia toda vez que refleja la situación de indefensión en que se encuentran las personas que interactúan con el Ministerio Público—frente al abuso de poder, actuar ilegal y arbitrario de dicha institución y sus agentes. Tal como se demuestra en la denuncia, el uso de la tortura como una forma de conducir los interrogatorios y obtener confesiones o declaraciones incriminantes, la utilización de la prueba obtenida por el Ministerio Público de forma preferente a cualquier otra evidencia producida en el marco de proceso judicial, así como la falta de protección judicial rápida y efectiva en contra de tal conducta no supone una situación aislada.

Thomas Antkowiak, abogado representante en Estados Unidos señaló que “la denuncia de los hechos de este caso ante el Sistema Interamericano es una invaluable oportunidad para que el Estado mexicano, de la mano de la justicia internacional, tome los pasos necesarios para reformar el sistema de justicia penal, modifique no sólo las leyes sino las prácticas abusivas e irrespetuosas a los derechos humanos, así como diseñe los mecanismos adecuados para lograr que quienes sufran de estas violaciones reciban una pronta reparación, sobre todo en casos como el presente en que el derecho a la libertad personal se encuentra en juego y el paso del tiempo no hace más que perpetuar las violaciones sufridas por las víctimas”.

La tortura es un acto considerado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario como un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible, mismo que debe ser erradicado por todos los medios disponibles dentro de las prácticas de investigación criminales. En caso de comisión, debe ser investigado y sancionado de manera pronta y eficaz por las autoridades competentes, y las declaraciones obtenidas bajo tortura deben ser consideradas pruebas ilícitas y declaradas nulas. De lo contrario como sucede en México, el uso de la tortura se convierte en una situación crónica y la indiferencia estatal fomenta la impunidad.

Finalmente, la abogada representante Alejandra Gonza radicada en Estados Unidos resaltó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar dos sentencias contra México en las que se demuestran problemas gravísimos de la administración de justicia. La Corte llamó la atención al gobierno mexicano y le ordenó, entre otras, modificar leyes, capacitar a los funcionarios públicos, y crear estrategias serias de investigación penal”.

Con todos estos elementos en mano y la denuncia presentada, los peticionarios y sus representantes urgen al Estado mexicano a liberar de forma inmediata al señor Ananías, a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva sobre los actos de tortura y las violaciones denunciadas, que tienda a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas.
Para más información contactar:
Abogado representante en Chiapas:
Ricardo Lagunes Gasca
Contacto 967 12 78 465 y ricardolagunes@gmail.com
Abogados representantes en Estados Unidos:
Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza
Contacto: casolaparra@gmail.com

La Jornada: Aplaude Miguel Concha que la CIDH acceda a analizar la masacre de Acteal

La Jornada: Aplaude Miguel Concha que la CIDH acceda a analizar la masacre de Acteal

viernes, 12 de noviembre de 2010

Carta Ananías Laparra Martínez

Tapachula Chiapas oy 7 de Enero del 2009

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS PRESOS POLÍTICOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTE

Soy Ananías la Parra Martinez preso injustamente en
El CERSS 3 de Tapachula de 60 años de edad campesino
Y obrero de oficio, padre de familia privado de mi livertad
Injustamente desde el 14 de octubre de 1999 acusado
De homicidio e cumpliendo una condena injusta de
28 años y 7 meses y 15 dias

El 14 de octubre año del 1999 fui detenido
Disolvente por Policia Judiciales del Estado
Me encontraba trabajando: central 6 y 15 oriente taller Brono Meléndez
En la ciudad de Tapachula.
Me llevaron a las oficinas del ministerio publico del
Lic. Donato Vela Rodas donde con su consentimiento
Los Policias judiciales: que me detuvieron me
Torturaron me pusieron una bolsa de plastico
En la cabeza para hacer si locro de asfixia
Me enbrocaron a un tanque de agua y me pegaron
Muchas veces y me vendaron los ojos y me amararon
Obligandome a firmar un papel
Y diciendome que lla me habia chingado.
Ese Lic. Donato Vela Rodas me dijo que
Dijera mi nombre completo o sino me
Ivan a chingarme mas.

Mis hijos Jose Ananias y Rocio Fulvia siendo
Ellos menores de edad tambien fueron sometidos
A torturas crueles: inhumanos y tortura
Para intimidarme
De la muerte del joven ELVIS DIAS MARTINES vecino
De la colonia Salvador Urvina del municipio de Cacahoatan
Chiapas

Tanto el Lic. Donato Vela Rodas como los policias
Construyeron y fabricaron el delito hacia mi y nunca
Investigaron de verdad a fondo quien privo de la
Vida al joven ELVIS lo unico que hicieron
Fue torturarnos y hacernos firmar
Confesiones auto inculpatorias.

Desde esa fecha tanto yo como mi familia hemos
Estado luchando por mi libertad hemos denunciado la
Tortura de esos malos servidores publicos que uso
Detuvieron: he solicitado la libertad al gobernador
mediante la sentencia suspendida.

Pero es decepcionante e indignante que este mal
Gobierno no escucha mi palabra y mi exigencia de
Libertad este sistema de justicia penales sordo y
Ciego. El ineficiente puesto que la denuncia
Por tortura que he presentado al
Ministerio de justicia no avanza y
Es probable que le pudieran dar carpetazo porque
Entre servidores publicos se protejen y
Cuidan sus espaldas.

Presente hace mas de un año un escrito a la dependencia
Del comité interinstitucional incluyendo al gobernador
Juan Sabines Guerrero sin envargo hasta el momento
No he recibido ninguna respuesta ni mi libertad
Por lo que sigo exigiendo y luchando por mi libertad.

Tengo conocimiento que en otras prisiones de Chiapas y
Mexico existen compañeros y compañeras que tambien
Luchan por su libertad y no se las conceden porque
Estan sentenciados por el gobierno injustamente por
Defender sus derechos su tierra y a su pueblo.

En mi caso no pertenezco a ni una organización y tampoco
Soy lider pero aquí dentro en la prisión por fuerza e
Luchado que aprender a como luchar alzar mi voz y
Exigir mi libertad es por eso que solidarizo apollo
Yo la luchas y las exigencia de libertad de todos
Y todas los presos politicos en injustamente
Presos de Chiapas y del pais.

Exijo mi libertad inmediata e incondicional porque
No le debo nada al gobierno.

Solo mi padre Jesucristo save la verdad
De la injusticia que son
Los servidores publicos

ZAPATA VIVE en la PATRIA
DE los mexicanos y Del pais.

Zapata luchas muchas veses
Por la injusticia y por justicia
Por la nasion de los campesinos
Y gano la Vitoria con los campesinos.

Por su gloria de Zapata.

Compañeros y compañeras
Que estamos presos por primera ves
Por las autoridades queson la ley
En veces andan vorrachos hocino
Andan drogados
Como en mi caso eso paso en mi familia
En las carceles de hombres y en las carceles de mujeres
Ay miles y miles de presos
Pido libertad de todos que no tienen culpas





Denuncian violación a garantías de reo en Chiapas

Óscar Gutiérrez/ corresponsal.
El Universal
TUXTLA GUTIÉRREZ Lunes 22 de marzo de 2010
21:28
Organismos de derechos humanos, abogados mexicanos y estadounidenses denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaciones a las garantías individuales de un reo de 60 años, condenado por homicidio en el centro penitenciario de Tapachula.
Expusieron que el 14 de octubre de 1999, Ananías Laparra Martínez, su esposa y sus hijos menores fueron arrestados arbitraria y violentamente por el homicidio de Elvis Díaz Martínez, originario del municipio de Cacahoatán en el Istmo-Costa.

"Ananías, su esposa Rosa Godínez y sus hijos José Ananías y Rocío Fulvia, de 14 y 16 años, respectivamente, el día de la aprehensión, fueron torturados por la Policía Judicial, con el consentimiento del agente del Ministerio Público, para obtener la firma de la declaración auto inculpatoria", destaca el documento presentado por abogado defensor Ricardo Lagunes Gasca.

Expuso que con esos elementos de prueba, el 31 de enero de 2002, el juez de primera instancia del ramo penal del distrito judicial de Tapachula, sin realizar ninguna investigación sobre la tortura denunciada, condenó a Laparra Martínez a 28 años y 7 meses de prisión en el centro estatal de reinserción social de sentenciados 3 deTapachula.

La promoción de la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la encabezan la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Estados Unidos, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova , A.C., los abogados Thomas Antkowiak, Alejandra Gonza y Ricardo Lagunes Gasca.