jueves, 22 de diciembre de 2011

La tortura se ha triplicado en este sexenio: CNDH


Daniel Blancas Madrigal | Nacional
2011-12-22 | Hora de creación: 01:19:41| Ultima modificación: 01:20:09









Los casos de tortura en México se han triplicado en el presente sexenio, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mientras, que en el 2007 —primer año completo de Felipe Calderón— se presentaba en promedio ante el organismo una queja al día, en 2011 el ritmo se ha incrementado a poco más de tres diarias.

Según sus registros, en aquel 2007, ya referido, se abrieron 404 investigaciones por quejosos que fueron torturados por efectivos de las diversas instancias de seguridad pública en nuestro país.

Sin embargo, para 2010 los expedientes llegaron a mil 165, para un promedio de 3.2 inconformidades todos los días, proporción que se ha mantenido hasta el cierre de noviembre de este año, cuando la CNDH realizó el último corte sobre el tópico.

Así, de enero a noviembre se han promovido mil 070 quejas.

Testimonio de Juan José, de Saltillo, Coahuila:

“El 22 de mayo de este año mi hijo se encontraba en casa con un amigo cuando llegaron los marinos e ingresaron en forma violenta; ambos fueron amagados, mientras los efectivos destruían muebles y aparatos… A mi hijo le preguntaban:

¿Dónde está tu padre, a qué se dedica? Bajo amenazas, ordenaron que los llevara al domicilio donde yo estaba… Lo primero que hicieron fue golpearme y le tomaron fotografías a toda mi familia y luego me llevaron a un lugar que jamás pude identificar. Me daban puñetazos, patadas, tablazos y palazos.

¿Dónde están las armas y las drogas?, me decían y seguían pegándome, así era a todas horas, cuando se les antojaba divertirse conmigo, había momentos en que yo quedaba inconsciente y hasta perdí la cuenta de los días… Ya después sabría que me torturaron y aislaron por al menos 10 días… Mi cuerpo quedó destrozado y casi no podía moverme cuando al fin me entregaron al Ministerio Público.

Dijeron que me acababan de detener, en flagrancia, después de que una denuncia anónima refirió que me encontraba con otros sujetos y que transportaba y distribuía droga…Era mentira.               

También señalaron que me habían encontrado en una camioneta, donde hallaron armas, equipos de comunicación y droga”.

CIFRAS. En lo que va de 2011, la CNDH ha emitido ya 22 recomendaciones por torturas extremas en perjuicio de al menos 50 víctimas…

En 10 expedientes han estado involucrados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; en tres, efectivos de la Secretaría de Marina; en 2, agentes de los estados de Tabasco y Chihuahua; y en 1, personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República y policías de las entidades de Baja California, Guanajuato y Nuevo León.

Testimonio de María, de Ciudad Ojinaga, Chihuahua:

“El 23 de diciembre de 2008 un grupo de soldados irrumpió en mi domicilio y mientras me golpeaban, exigían detalles sobre objetos ilícitos y supuestos jefes criminales que desconocía…

Me vendaron los ojos, me amarraron las manos hacia atrás y me subieron a una camioneta para llevarme, después lo supe, a la Guarnición Militar en Ojinaga… Ahí me arrojaron sobre un colchón en el piso, resguardado dentro de una especie de jaula… Dos días después regresaron los militares, me ordenaron que me quitara la ropa y me amarraron a la jaula, dejándome colgada…

El día 27 me levantaron muy temprano y me metieron a bañar, pues mi ropa estaba llena de sangre: los golpes me habían provocado una hemorragia en el vientre… Mientras me bañaba, un militar encapuchado entró y me penetró por el ano, traté de defenderme, pero él me dio dos golpes en el estómago y me aniquiló…

El día 29 por la tarde dijeron que me consignarían, por eso el 30 me echaron a un camión y me trasladaron a las oficinas de la Agencia Federal de Investigación.

Al bajarme del camión uno de lo militares me dijo: la vas a librar, nada más te vamos a echar tres paquetitos…

Otro me preguntó: ¿Cuándo te agarramos?, y le respondí que el día 23, pero él me intimidó: di que fue hace rato… A los agentes les mostré los golpes y solicité un doctor para que ratificara la violación. Por fortuna, en el tiempo en que me mantuvieron retenida e incomunicada, mi familia tramitó una denuncia por la detención arbitraria por parte del Ejército, lo que después fue tomado en cuenta por una juez de distrito para dictar auto de libertad a mi favor por falta de elementos para procesar”.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Opinión: La Jornada

Ernesto Zedillo, en el banquillo de los acusados
Luis Hernández Navarro
Ernesto Zedillo ha sido sentado nuevamente en el banquillo de los acusados. Los familiares de la matanza de Acteal lo responsabilizan de crímenes contra la humanidad y de apoyar la formación de los grupos paramilitares que, el 22 de diciembre de 1997, asesinaron en una ermita del municipio de Chanalhó, Chiapas, a 45 hombres, mujeres y niños que rezaban por la paz.
El pasado 16 de septiembre, 10 personas, presumiblemente escindidas de la asociación civil Las Abejas, demandaron al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo ante la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos (caso Jane Doe et al versus Ernesto Zedillo). Lo acusan de responsabilidad de mando por ordenar, participar y conspirar en asociación delictuosa para ejecutar la masacre de Acteal, y por su posterior encubrimiento. Le piden a la corte que lo declare responsable por la comisión y tentativa de asesinatos extrajudiciales; por daños y tratos crueles e inhumanos; por el uso del terror y la violencia en contra de la libertad de asociación, pensamiento, opinión pública y ejercicio político; por crímenes en contra de la humanidad, y por crímenes de guerra.
La demanda civil fue un duro golpe a la reputación del ex mandatario mexicano. Medios de comunicación estadunidenses, como The Washington Post, CNN y Yale Daily News, difundieron la noticia. La Universidad de Yale, de la que Ernesto Zedillo es director de su Centro de Estudios sobre la Globalización y responsable del seminario Debatiendo la globalización, se localiza en Connecticut, donde fue presentado el requerimiento judicial.
Como explican Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo en el ensayo Enseñanzas de la demanda a Ernesto Zedillo, el fundamento jurídico de la solicitud de juicio está en la Alien Tort Claims Act (ley de reclamación por agravios contra extranjeros, ATCA, por sus siglas en inglés) y en la Torture Victim Protection Act (ley para la protección de víctimas de la tortura, TVPA, por sus siglas en inglés), que justifican la jurisdicción universal de Estados Unidos en materia civil para procesar a los responsables de cometer crímenes contra el derecho de las naciones. La ATCA, promulgada por el Congreso estadunidense en 1789, estipula que las cortes federales de ese país tienen jurisdicción para conocer todas las causas en las que algún extranjero demande por daños solamente en violación a la ley de las naciones o a un tratado del que sea parte Estados Unidos.
Según el periódico La Razón, para impedir el enjuiciamiento del ex presidente en Connecticut, el pasado 12 de diciembre su equipo de abogados defensores habría alegado su inmunidad como ex gobernante de una nación soberana.
En México, Ernesto Zedillo guardó silencio. No así en Estados Unidos. En un correo electrónico dirigido al diario Yale Daily News, dijo que las acusaciones son infames (...) carecen de sustento y son obviamente falsas. Añadió: Esta es una calumnia inventada por razones que ignoro.
No es la primera ocasión en la que el ex mandatario es señalado en Estados Unidos como responsable de la matanza de Acteal. Cuando el 18 febrero de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización civil Las Abejas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por el asesinato de 45 tzotziles, por considerar que las instancias internas se han agotado, el asunto rebotó en la prensa estadunidense.
En aquella ocasión, al igual que ahora, Zedillo se negó a aclarar en México su responsabilidad en el crimen. Nunca respondí a los insultos o calumnias cuando estuve en la política. Yo no creo que deba hacerlo ahora o nunca, dijo en 2005. Sin embargo, sí hizo declaraciones en Estados Unidos. El profesor de Yale negó las acusaciones que lo involucraban e ironizó: “Es muy revelador que no puedo encontrar ninguna noticia al respecto en medios mexicanos, como el diario Reforma de la ciudad de México”.
Efectivamente, en aquel entonces, pocos periódicos, además de La Jornada, divulgaron la noticia. No es raro. Es sabido que el ex mandatario mexicano tiene importantes cortafuegos en los medios de comunicación mexicanos. Después de salvar a las televisoras colocó en sus puestos de mando a personas de su absoluta confianza, consolidó una red de influyentes articulistas en medios escritos y controló buena parte de las empresas encuestadoras. A través de ellos, ha influido en la política mexicana y defendido sus intereses.
Este año, a diferencia de 2005, el profesor de Yale ha tenido que enfrentar las acusaciones en su contra sin expresiones relevantes de apoyo público. En 2005 sus aliados dieron la cara por él. Richard Levin, presidente de la Universidad de Yale, dijo que Zedillo era una persona con una gran integridad y que estaba haciendo un gran trabajo en Yale. En esta ocasión, casi nadie lo defendió.
Las acusaciones contra Zedillo no son nuevas. Desde 1997, los zapatistas señalaron la responsabilidad del mandatario en la masacre. Lo siguen haciendo ahora. En la recientemente publicada Cuarta carta sobre ética y política que el subcomandante Marcos escribió a don Luis Villoro, el dirigente del EZLN recordó cómo el comandante Moisés, fallecido el pasado 26 de septiembre, recabó información vital para esclarecer la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de ese año, perpetrada por paramilitares bajo la dirección del general del Ejército federal Mario Renán Castillo y con Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet y Julio César Ruiz Ferro como autores intelectuales.
Es evidente que detrás de la demanda presentada contra Zedillo en Connecticut hay intereses políticos que van más allá del requerimiento de un grupo de víctimas de que se repare un agravio. Pero también es obvio que esto no es una prueba de inocencia del ex mandatario mexicano, el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y sus socios. Ellos son responsables de perpetrar un crimen de Estado. Por ello deben ser juzgados moral y jurídicamente.

jueves, 10 de noviembre de 2011

HRW denuncia torturas sistemáticas del Ejército mexicano en la guerra contra el narco

efe / méxico
Día 10/11/2011 - 17.44h

Human Rights Watch denuncia «violaciones de derechos humanos generalizadas» en México por parte de militares y policías en el marco de la estrategia de combate al crimen organizado emprendida en el 2006 por el presidente, Felipe Calderón. «En vez de reducir la violencia, la "guerra contra el narcotráfico" de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad», señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En investigaciones realizadas en cinco de los estados más violentos del país, la ONG «encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 "desapariciones" y 24 ejecuciones extrajudiciales» desde diciembre de 2006, cuando asumió el poder Calderón, hasta este año.

El informe de la agrupación estadounidense, titulado «Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la "guerra contra el narcotráfico" de México» y basado en 200 entrevistas y 60 peticiones de información pública, señala además que «casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente».

Total impunidad

Recuerda que más de 50.000 soldados fueron desplegados por México, así como marinos y policías federales, para apoyar a los estados donde se vivían los peores casos de violencia. HRW destaca que en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, «las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles».

Llama, además, la atención sobre la existencia de «evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos». La «impunidad casi total» que rodea estos casos se debe a que siguen «siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar», pese a que tanto el Supremo mexicano como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han pedido que pasen a tribunales civiles.

«Delincuentes»

La organización también pone en duda la afirmación de Calderón de que «el 90% de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico [que su Gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011] eran delincuentes». Y recuerda HRW que la Fiscalía federal sólo abrió 997 investigaciones por homicidios entre 2007 y agosto de 2011, y que en ese periodo «los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada».

jueves, 6 de octubre de 2011

Guatemala sigue sin investigar e identificar el paradero de Marco Antonio Molina Theissen a 30 años de su desaparición

Crimen permanece en la impunidad pese a sentencia de la Corte Interamericana
06-10-11
Ciudad de Guatemala, 17 de febrero del 2006. Inauguración de la Escuela Mártir Marco Antonio Molina Theissen. A la extrema derecha aparece Emma Molina, madre de Marco Antonio; en el medio y de gafas oscuras aparece Lucrecia, su hermana.San José, 6 de octubre del 2011- La desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen a manos del Ejército de Guatemala sigue en la impunidad luego de 30 años de sucedidos los hechos. La familia de Marco Antonio, y la sociedad en su conjunto, aún no conocen su paradero, a pesar de que el Estado guatemalteco tiene la obligación de buscar y entregarles sus restos, según fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de reparaciones emitida el 3 de julio del 2004.

En una resolución de supervisión de este fallo que emitió el 16 de noviembre de 2009, la Corte destacó la absoluta pasividad del Estado y la impunidad en la que se encuentra el caso. Resaltó que la inacción estatal de investigar y sancionar a los responsables continúa afectando a los familiares y “fomenta la repetición de hechos violatorios, profundiza la impunidad, desacredita el Estado de Derecho e incumple compromisos internacionales”.

Cabe recordar que la sentencia también busca justicia y reparación para otras víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala ya que, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida, al menos 5.000 niños fueron desaparecidos y secuestrados por las Fuerzas Armadas guatemaltecas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Por ello, entre otras acciones, la Corte ha ordenado la creación de un sistema de información genética y la adopción de un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada. Estas órdenes tampoco han sido acatadas por el Estado de Guatemala.

Debido al incumplimiento estatal, en su resolución de supervisión la Corte también ordenó atender algunas de las causas estructurales que perpetúan la impunidad en este y otros casos. Esta acción requiere la pronta participación y efectiva colaboración de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial así como de otras instituciones estatales.

Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, señaló que esta fecha es de especial dolor para la familia Molina. Asimismo, afirmó que “la dramática historia que vivió la familia hace treinta años se revive a diario. Pese a ello la inacción del Estado evidencia el desdén con que se trata un caso tan grave, en el que se sigue negando a la familia el derecho a la justicia y a la verdad”.

El día de hoy, Lucrecia Molina, hermana de Marco Antonio, escribió en su blog: “Son treinta años pesados como puños, de búsqueda y espera, acumulados en mi piel y en mis huesos, también en mi palabra. Mientras tanto, ellos, los desaparecedores, los asesinos –triunfantes, satisfechos, soberbios, con su poder intacto– se pasean impunes, quizá deseando que muera o que desista. Pero yo, Ajpu, cerbatanera, acecho en el camino del tiempo y la paciencia, sostenida por la lealtad, la solidaridad, los principios y la sangre de mi hermano, que es la misma que corre por mis venas”.

La falta de respuesta estatal en este y otros casos motivó a CEJIL a liderar la solicitud de una audiencia –en conjunto con organizaciones y familiares– para tratar el tema de la impunidad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a Guatemala, la cual ha sido concedida por ese tribunal y cuya fecha está por ser definida.

CEJIL ha sido enfático en señalar reiteradamente el incumplimiento del Estado en este caso. En el 30.° aniversario de la desaparición de Marco Antonio Molina, exigimos a Guatemala honrar sus compromisos internacionales dando inmediato cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. El acatamiento de esta orden, así como la implementación de otras medidas estructutrales, es una responsabilidad para con la familia de Marco Antonio y para con las de miles de personas desaparecidas por fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado interno.

miércoles, 13 de julio de 2011

Corte: militares a juicio civil si violan derechos humanos

El ministro Juan Silva Meza durante la sesión. Foto: Germán Canseco
El ministro Juan Silva Meza durante la sesión.
Foto: Germán Canseco
 
México, D.F. (apro).- En acatamiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispuso que las sentencias que dicten los jueces en todo el país deben apegarse a las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, incluidas aquellas que restringen el fuero militar.

En votaciones mayoritarias y unánimes, el pleno de la Corte tomó dos decisiones sin precedentes al discutir el cumplimiento, por parte del Poder Judicial de la Federación, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada, en 1974, del campesino Rosendo Radilla a manos del Ejército mexicano.

La primera, que todos los jueces del país pueden aplicar la protección internacional de los derechos humanos. La segunda vino en consecuencia: que los militares responsables de violaciones a los derechos humanos de civiles deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no por los tribunales castrenses.

“Bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar en violaciones a los derechos humanos que afecten a civiles”, señaló el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, al relatar el acuerdo alcanzado de forma unánime, aunque con algunas reservas, por el pleno del máximo tribunal del país.

La resolución adoptada este martes por la Corte va mucho más allá de la iniciativa de ley propuesta por el gobierno de Felipe Calderón para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) y que está pendiente de discutir en el Congreso.

La iniciativa de Calderón limita a los casos de violación, tortura y desaparición forzada los delitos cometidos por militares que pueden ser investigados por la justicia civil. Excluye delitos graves como el homicidio, cargo por el que se siguen varias cusas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas en el marco de la “guerra al narcotráfico” de Calderón.

Los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos establecen que cualquier delito cometido por militares contra civiles debe ser investigado por la justicia civil y no por la justicia castrense, como actualmente sucede en México.

Después de 10 meses de haber iniciado la discusión sobre el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, dictada en noviembre de 2009, la SCJN adoptó las primeras resoluciones de fondo.

En la primera, determinó que todos los jueces del país están obligados comprobar que las leyes que apliquen en sus sentencias se ajusten a la Constitución Política y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Con esa decisión, la Corte echó abajo el criterio judicial que prevaleció por 70 años y por el cual sólo los jueces federales podían hacer ese tipo de revisiones.

A partir de que la sentencia cause estado, todos los jueces locales y administrativos del país estarán en la posibilidad de aplicar lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales firmados por México sobre derecho humanitario.

Lo que no podrán hacer será declarar la inconstitucionalidad de una norma, lo que está reservado a los tribunales federales.

Silva Meza resumió el sentido de la decisión adoptada por el pleno en una votación de siete a tres: “Todos los jueces estamos obligados a buscar que nuestras resoluciones estén dictadas del modo como mejor se respeten los derechos humanos, no sólo previstos en la Constitución, son en aquellos que tal vez con mayor detalle están en los tratados” internacionales.

Los ministros precisaron que su resolución se ajusta al nuevo artículo Primero de la Constitución, que entró en vigor en junio pasado y que obliga a “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias” a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

La segunda decisión de la SCJN limita la aplicación del Código de Justicia Militar, que ha servido como argumento para que los tribunales militares atraigan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina.

Por unanimidad, aunque con reservas de los ministros Salvador Aguirre, Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar, la Corte estableció que “los jueces del Estado mexicano deben replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional”.

La Corte también fijó que ejercerá su “competencia originaria” para resolver las diferencias de competencia entre los tribunales militares y civiles federales o locales y que puedan dar pauta a la creación de jurisprudencia.

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lunes, 27 de junio de 2011

La tortura sigue siendo un crimen impune en el continente americano

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura
26-06-11
 
Washington D. C., 26 de junio del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa preocupación sobre el hecho de que varios Estados del continente sean reacios a investigar la tortura, a pesar de que sigue siendo una violación recurrente a los derechos humanos en los países de América.

La inacción de las autoridades a cargo de la investigación de este flagelo ha sido una constante en procesos acompañados por CEJIL, muchos de los cuales incluso tienen resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente ordenan tanto la investigación como el posterior juzgamiento y sanción de los hechos.

No obstante, la tortura ha permanecido impune en una parte significativa de los casos pertenecientes a épocas de dictadura y de conflictos armados internos. Esta impunidad también se ha mantenido en casos más recientes que revelan cómo esta práctica sigue siendo perpetrada por militares, agentes policiales y autoridades penitenciarias, entre otros. CEJIL ha observado con preocupación las consecuencias agravadas que tiene la tortura contra sectores en situación o condición de mayor vulnerabilidad, como niños y niñas, mujeres campesinos y personas indígenas.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, denunció que "CEJIL reconoce que la tortura todavía es una práctica habitual y tristemente generalizada en el quehacer de distintos agentes del Estado en el continente. Se comete como castigo, por causas discriminatorias, como forma de investigación, o con otros fines, y es una vejación especialmente grave porque habitualmente se practica mientras la víctima está en custodia, en una circunstancia de vulnerabilidad total".

Asimismo, Krsticevic señaló que los Estados tienen la obligación de tipificar adecuadamente la tortura, investigarla diligentemente por autoridades del fuero ordinario y, si es el caso, eliminar todos los obstáculos que garanticen la impunidad de este delito. "En la actualidad, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú desafortunadamente son algunos de los países que están en deuda con el avance de investigaciones de torturas", agregó.

De acuerdo con los instrumentos y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la tortura es imprescriptible y su prohibición es “absoluta e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, ‘lucha contra el terrorismo’ y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.

En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra hoy, 26 de junio, a partir de la resolución 52/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, CEJIL insta a los Estados a cumplir con el objetivo para el cual fue nombrado este día: poner fin a la tortura y ayudar a las víctimas de la misma. 

De igual manera, , CEJIL insta a los Estados del hemisferio para que dimensionen la gravedad de esta violación a los derechos humanos y honren los compromisos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, los Estados deben, en primer lugar, comprometerse a hacer una investigación adecuada de este tipo de casos como un paso primordial para la eliminación de esta práctica.


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miércoles, 15 de junio de 2011

DDHH: Expertos de América y el Caribe participan en consulta regional en Santiago de Chile

Nación.cl  

Encuentro se realizará entre este miércoles y el viernes 17. Más de 40 especialistas fueron convocados por el relator especial de tortura de la ONU, Juan Méndez.

Entre este miércoles y el viernes se reunirán en Santiago más de 40 expertos en derechos humanos, encargados de la formulación de políticas y actores de la sociedad civil de América Latina y el Caribe con el objetivo de impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y malos tratos.

Esta primera reunión regional de expertos ha sido convocada por el relator especial de tortura de la ONU Juan Méndez. Participarán representantes del gobierno y de las institucionales nacionales de derechos humanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile.

El evento es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), la Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Conectas - Direitos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

IMPULSO

La consulta regional para las Américas –explicó Méndez- será una oportunidad para intercambiar puntos de vista y experiencias acerca de los logros alcanzados y las formas y los medios para superar los retos pendientes en relación con el seguimiento de las recomendaciones.

Juan Méndez sostuvo que “la tortura y los malos tratos constituyen una preocupación importante en América Latina y el Caribe”. Añade que “aún queda mucho por hacer para garantizar que las obligaciones internacionales, las políticas y las legislaciones nacionales así como otras reformas de los Estados se apliquen efectivamente para lograr el resultado deseado: su erradicación”.

"Durante la última década -agregó- se han promulgado algunas políticas, reformas y leyes prometedoras en la región”. Sin embargo –manifestó- “estos cambios institucionales y las buenas prácticas nacionales son de vital importancia y deben ser mejorados, fortalecidos y emulados aún más en toda la región”.

“Espero que esta consulta proporcione un impulso muy necesario en nuestros esfuerzos por erradicar la tortura y los malos tratos en la región”, remarcó.

Juan Méndez (de Argentina) fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en noviembre de 2010.

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lunes, 30 de mayo de 2011

Hay carencias en autonomía del Poder Judicial en México: ONU

Informe de la relatora especial sobre la independencia de jueces y magistrados señala que ésta se ve afectada por falta de transparencia e influencia impropia de los sectores público y privado. Recomienda mejorar rendición de cuentas.
Afp
Publicado: 30/05/2011 13:20
Ginebra. La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados denunció carencias en la autonomía del poder judicial en México, al presentar este lunes un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

"La independencia judicial se ve afectada por la falta de transparencia, un factor que genera impunidad por la ineficacia y corrupción, así como por la interferencia e influencia impropia de los sectores público y privado", señala el informe de la Relatora Gabriela Karina Knaul de Albuquerque y Silva, que visitó México en octubre de 2010.

"La independencia, autonomía e imparcialidad" de los órganos judiciales "se ven cuestionadas por la participación (...) del Estado en el nombramiento de los magistrados estatales", afirmó Knaul de Albuquerque, quien visitó los Estados de Chiapas, Toluca, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán.

La relatora recomendó que se garantice "la inmovilidad de los magistrados, juezas y jueces, una vez que han entrado en la carrera judicial".

"El hecho que el Ministerio Público dependa del Poder Ejecutivo puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva", advirtió Knaul de Albuquerque y Silva, una experta independiente originaria de Brasil.

"Para garantizar un control efectivo de las acciones de las Procuradurías, resulta necesario fortalecer su transparencia y mejorar el sistema de rendición de cuentas, incluso a través de órganos de control interno", estimó la relatora, quien abogó por una "reforma constitucional en materia penal" que cambie "la mentalidad de todos los operadores de justicia" en México.

Al respecto precisó que "deben perfeccionarse los mecanismos de supervisión interna para garantizar la rendición de cuentas de todos los órganos del sistema de justicia penal (policía, agentes del ministerio público, magistratura, defensoría pública y agentes judiciales)".

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miércoles, 25 de mayo de 2011

Abusos de autoridad en CERSS 3 Tapachula y pésimas condiciones carcelarias

Tapachula Chiapas
CERESO N. 3

DENUNCIA PUBLICA A CARTA AVIERTA

La directora y la contadora duendi y leticia Espinoza. La comida esta muy grasosa por eso no comemos todos. Son el que tienen poder aqui adentro en CERESO Tres. Porque ellas no dejan pasar las cosas de cada interno, tienen una tienda donde ellas dan muy caras las cosas de alimentos y ellas nos estan sofornando por comprar en la tienda que tiene leticia ella tiene todos los negocios aqui adentro en el penal N. 3.

Nosotros los internos nos quejamos por estas malas anomania que bean las autoridades competentes no deja pasar los alimentos de la vicita y por sus naguas de ella que todos en cocina somos mil cuatrocientos: comamos.

Durante el tiempo que estoy preso injustamente llo ananias laparra martinez mi esposa rosa godinez chabes ella no me ha avandonado y ella se alluda en la venta de tamales y aci ella me vicita.

El dia 18 de mayo del 2011 mi esposa traya su venta de tamales porque ella de esa forma se alluda con su venta porque somos muy pobres. Mi esposa me vicita cada 15 dias o cada mes trallendome comida ho tamales y unas frutas para convivir un rrato y mis nietos yo llevo 12 años preso injustamente. Estas personas del arias alministratiba están retirándome de mi vicita.


DENUNCIA A CARTA AVIERTA PUBLICA
ANANIAS LAPARRA MARTINES


martes, 17 de mayo de 2011

México tolera abandono, tortura y tratos crueles a personas con discapacidad

(CNNMéxico) — Los derechos fundamentales de niños y adultos con discapacidad, tanto física como intelectual, son frecuentemente violados en México, los que reciben atención en albergues, hospitales y casas hogar públicas suelen recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, según un reporte de la organización Disability Rights International (DRI, Derechos Internacionales de Personas con Discapacidad).

Esta organización denuncia que muchas de las instituciones mexicanas públicas de atención a este grupo vulnerable “son inmundas, dejan a la gente caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces”.

En el reporte Abandonados y Desaparecidos: Segregación y Abuso de Niños y Adultos con Discapacidad en México, DRI señala que no ha habido avances en la protección de este grupo vulnerable en por lo menos diez años.

En México, señala el documento, es frecuente que las familias abandonen a las personas con discapacidad por falta de recursos, de ellos, el grupo más afectado es el de los niños, que además de tener pocas oportunidades educativas, no logran integrarse a la sociedad.  

La principal razón para internar a un menor con discapacidad es que los padres no reciben apoyo gubernamental necesario para mantenerlo. Además, son segregados en los procesos de adopción y desde el principio se asume que pasará el resto de su vida en un albergue, según el informe.

El Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo del sistema de adopciones en México, no estuvo disponible para confirmar o refutar que "los niños con discapacidad no se adoptan en México", como cita el informe.

Atención adecuada e integración

Después de haber visitado —entre agosto de 2009 y septiembre de 2010—, más de veinte hospitales, albergues y casas hogar destinadas a atender personas con discapacidad, DRI reporta que el gobierno mexicano no tiene registro de cuántas personas con discapacidad reciben atención en estas instituciones públicas, al confirmar que miles de internos no están identificados.

“Los niños y los adultos con discapacidad están sujetos a condiciones de detención inhumanas y degradantes. La falta de tratamiento, habilitación y rehabilitación deriva en un incremento de las discapacidades y en un peligro para su salud”.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente de la Secretaría de Salud, y responsable de vigilar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión, reporta que cada año, 400,000 familias con un niño con discapacidad, reciben apoyo económico del gobierno federal para que el menor pueda asistir a la escuela.

En México, el 4.8% de la población —poco más de cinco millones— tiene alguna limitación física o mental, según los datos del Censo de la Población y Vivienda 2010.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que es al menos el 10% de la población mexicana, lo que equivaldría a once millones de personas.

“Las personas con discapacidad son detenidas arbitrariamente, se les niega el derecho al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, se les niega el derecho a la salud, rehabilitación y habilitación y educación”.

Tortura y degradación

En la mayoría de las instituciones para atención de personas con discapacidad intelectual, el DRI observó que se sujeta a los pacientes para controlar el comportamiento agresivo.

El abuso de esa práctica, asegura el organismo, consiste en penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al derecho internacional, en muchos casos equivalente a la tortura.

“Encontramos a un hombre envuelto en tiras de gasa, atado de los pies a la cabeza, y con sujeciones de cuerpo completo. El personal dice que ha sido sujetado así por años. Lo vimos atado a una silla de ruedas cuando visitamos diez años atrás el mismo cuarto de esas mismas instalaciones”.

Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), que trabaja en la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos, recomiendan en este documento que México adopte y haga cumplir leyes que protejan el derecho de las personas con discapacidad a participar en su comunidad.

Ambas organizaciones concluyeron que el gobierno mexicano no ha invertido para crear alternativas de integración de las personas con discapacidad y que no hay coherencia entre el liderazgo mostrado en el ámbito internacional y las políticas locales.

En diciembre de 2001, México presentó una resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear el comité que elaboraría la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad.

La Convención fue adoptada por la ONU en 2006 y entró en vigor como derecho internacional vinculante dos años después. México la ratificó en diciembre de 2007.

sábado, 14 de mayo de 2011

“Alarmante” violación de DH de las mujeres en México

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 13 may 11 (CIMAC).- La situación de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en México es “alarmante” debido a que continúa la impunidad en los casos de tortura sexual, el hostigamiento contra defensoras humanitarias es constante y la legislación para prevenir y castigar la violencia es insuficiente.

Durante la presentación del informe 2011 “El estado de los Derechos Humanos en el mundo”, que hoy se realizó en la Cineteca Nacional, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), condenó que durante 2010 se registraran 300 asesinatos violentos contra mujeres, lo que, criticó, muestra una realidad preocupante.

En entrevista, Herrera Aragón lamentó que los abusos, la impunidad y la ineficacia de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres sean la regla. Señaló que aunque México cuenta con leyes aceptables, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el problema es cómo se aplican en la práctica.

“Cuando una mujer llega a una agencia del Ministerio Público, por lo general se topa con agentes insensibles que no tienen protocolos de reacción, que no tienen mecanismos para dar cobijo a las víctimas de delito y que además están desbordados de trabajo, lo cual hace que pongan poca atención a estos casos. El efecto inmediato es que las mujeres no estén dispuestas a denunciar”, explicó.

Herrera Aragón dijo que en el informe de AI —que abarca el periodo de enero a diciembre de 2010— se documenta que la violencia contra las mujeres y las niñas aún es un fenómeno generalizado, pese a ello, explicó que el Estado mexicano no ha adoptado medidas para combatir la constante violencia y discriminación contra la población femenina.

Como ejemplo citó el incumplimiento de las cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), tres de las cuales se refieren a graves abusos contra las mujeres: el caso de feminicidio en Campo Algodonero en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y dos casos de violación sexual ejercida por soldados contra indígenas tlapanecas en 2002, en Guerrero.

Explicó que hay una falta de voluntad política para cumplir con estas sentencias ya que, entre otras cosas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha atraído los casos de violaciones de DH en los que los presuntos responsables son militares. “Eso no ha sucedido pese a que no se necesita infraestructura ni recursos económicos”, criticó.

Alberto Herrera dijo que el estado de Chihuahua es una de las zonas más críticas para los DH de las mujeres por el fenómeno de la violencia y por la ineficiencia de las autoridades ministeriales y judiciales que no le hacen frente.

Mencionó que el asesinato de Marisela Escobedo en diciembre de 2010 es quizás el más representativo porque el Estado no respondió a su exigencia de justicia y tampoco la protegió.

Asimismo dijo que los casos que han llegado al sistema interamericano de DH no son los únicos en el país. Refirió que hay muchos otros que no han encontrado justicia, como el de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en 2006, en Atenco, quienes al no encontrar justicia acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2008.

Durante su discurso, Herrera dijo que 2010 fue un año de promesas incumplidas. Desde aquella promesa del gobierno federal de instalar un mecanismo permanente de protección para periodistas y defensoras y defensores de DH en situación de riesgo, hasta la promesa de dar cumplimiento cabal a las cinco sentencias de la CoIDH.

Otros temas que destaca el informe 2011 de AI, son la falta de imparcialidad en los procesos jurídicos, los abusos perpetrados por las fuerzas armadas y policíacas, los ataques y amenazas contra periodistas y la libertad de expresión, y las violaciones, secuestros y asesinatos de personas migrantes.

“El recuento de abusos cometidos durante 2010 es sencillamente ensombrecedor”, sentenció Herrera. Finalmente lamentó que las autoridades hayan fallado en su compromiso con la población mexicana y con la comunidad internacional de hacer de los DH una realidad.

11/AGM/RMB