viernes, 27 de abril de 2012

Entrevista a Thomas Antkowiak Director Clínica de Derechos Humanos Universidad de Seattle


April 2012 Bar Bulletin
SU Human Rights Clinic Secures Prisoner's Release
By Katherine Hedland Hansen

Five years ago, Seattle University School of Law Prof. Tom Antkowiak was in Chiapas in southern Mexico doing migrants' rights work with a Mexican attorney, Ricardo Lagunes-Gasca, and human rights organizations when he first heard about the case of Ananías Laparra-Martínez.

Antkowiak learned that Chiapas police had illegally detained Laparra-Martínez in 1999 and beat him severely. They tortured his 14-year-old son in front of him and menaced his 16-year-old daughter with rape, all with the acquiescence of government prosecutors. Under this extreme duress, he was forced to sign documents confessing to a murder he did not commit.

Three family members were similarly coerced into signing corroborating declarations. Despite informing the presiding judge of these reprehensible tactics, no torture was investigated. Laparra-Martínez was convicted of murder on the basis of the illegally obtained and completely false declarations, and sentenced to more than 28 years in prison.

"After Ricardo and I examined the documents, it was clear that it was another case of tortured confession - a tactic sadly common in Mexico," said Antkowiak, who teaches the International Human Rights Clinic at Seattle University School of Law.

Today, Laparra-Martínez, 64, is a free man, thanks to the work of the clinic and its partners. The Mexican federal government representatives and officials from the state of Chiapas released Laparra-Martínez from prison in February. He had been incarcerated for more than 12 years for a crime that he did not commit.

"Mr. Laparra-Martinez and his family were in a particularly difficult situation," Antkowiak said. "Their own government had persecuted them at every turn and they were stigmatized in their community. No one believed that he was framed by police. But his family, especially his wife, Rosa, and his daughter Rocío, are incredibly strong and committed people. They have suffered so much, but never gave up."

The case has been years in the making. Antkowiak has been to Mexico many times, meeting Laparra-Martínez in prison and visiting his family. In 2008, Antkowiak and his clinic students began international litigation, which included students drafting a petition to the Inter-American Commission on Human Rights, in Washington, D.C.

"Mr. Laparra-Martínez was singled out by judicial police because he was an easy target. Powerless and poor, his arrest would cause no objection and would provide authorities an effortless conviction," Antkowiak said. "Coerced testimony is often permitted by Mexican courts, which foments widespread torture and other abusive practices by police."

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lunes, 16 de abril de 2012

Investigan a policías en Chiapas por tortura y muerte de un hombre

ISAÍN MANDUJANO
15 DE ABRIL DE 2012 · 5 COMENTARIOS
NACIONAL

Silvia muestra a su hermano
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y municipales de Reforma –un municipio ubicado al norte de Chiapas colindante con el estado de Tabasco– son acusados de capturar, torturar y provocar la muerte extrajudicial de un hombre de 33 años a quien supuestamente confundieron con un presunto delincuente, la noche del miércoles pasado.

De acuerdo con testigos, este miércoles 11 de abril, alrededor de las 22:00 horas, policías estatales de la PGJE al mando del ministerio público Edgar Benjamín Estrada Cervantes, arribaron al domicilio de Gabriel Domínguez Escobedo a bordo de una camioneta gris y un Tsuru blanco sin placas; llegaron acompañados de policías municipales en cuatro patrullas encabezados por el comandante Aín “N”.

De forma violenta, sin orden de captura ni orden judicial para catear la casa, los uniformados estatales y municipales ingresaron al domicilio con un perro para sacar a golpes y culatazos a Domínguez Escobedo.

Según los vecinos que presenciaron la captura, los uniformados buscaban a otra persona que había pasado corriendo y se metió a un lote baldío para perderse entre arbustos y matorrales, sin embargo, aparentemente capturaron al hombre equivocado, a quien le propinaron una severa golpiza aun cuando ya estaba sometido y era trasladado a bordo de una camioneta.

Silvia Domínguez Escobedo, de 30 años, hermana de Gabriel, quien ofreció la mañana de este domingo una conferencia de prensa para dar a conocer el caso, dijo que algunos vecinos corrieron a buscarla a su domicilio donde vive con su esposo para decirle que habían capturado a su familiar y se lo habían llevado “bien golpeado”.

Silvia, quien es hermana menor del detenido, dijo que se dirigió a la comandancia municipal y a las oficinas de la PGJE en ese municipio pero que nadie le supo dar el paradero de su hermano. Finalmente alguien le dijo que por las heridas, éste había sido llevado al centro de salud.

Al llegar al lugar, un médico le dijo que en efecto había sido ingresada una persona que fue llevada por los policías estatales y municipales en calidad de herido, sin embargo éste ya estaba muerto, pero que pasara a identificarlo por si acaso era el pariente que buscaba.

Al ver el cuerpo, Silvia relata que soltó el llanto pues, en efecto, el hombre de bigotes, acostado en la camilla, con el torso desnudo, sólo con calcetines y una bermuda a cuadros rota, con una trusa roja visible, era su hermano Gabriel Domínguez Escobedo, de 33 años. Todo su cuerpo tenía moretones y rasguños de perro.

Además del ministerio público Edgar Benjamín Estrada Cervantes, quien encabezó el operativo, Silvia asegura que los vecinos identificaron al comandante Aín “N” como el que dirigía a los municipales; entre estos uniformados del ayuntamiento municipal se encontraban Ángel Osorio, Daniel de la Cruz Villegas, Jesús Alberto Álvarez Acosta, Juan Antonio Castro Celaya y Paulino Izquierdo Alfaro.

Dice que durante el cateo fue Izquierdo Alfaro el que bajó de una patrulla municipal con un perro –del que no se sabe la raza– y se lo soltó a su hermano para que lo mordiera.

Los médicos le explicaron a la mujer que nada pudieron hacer para intervenir a Gabriel, pues policías municipales y estatales lo ingresaron muerto por el área de emergencias.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Silvia, la muerte de su hermano se produjo por la golpiza que le dieron en menos de media hora desde que éste fue detenido en su domicilio, pues no fue llevado a los separos de ninguna corporación policiaca sino directamente al centro de salud.

Domínguez Escobedo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le hizo la autopsia. El médico legista le encontró dos costillas rotas, mismas que se le incrustaron en los pulmones y al parecer le ocasionaron la muerte.

También tenía varias rasguños y mordidas de perro en la mano y otras partes del cuerpo; un moretón que dibujaba una bota se reflejaba en el cuerpo del fallecido, entre otras lesiones.

La indignación por la muerte del hombre se propagó por todo el pueblo y el funeral se convirtió en una marcha de protesta el viernes pasado. Los lugareños animaron a Silvia a no quedarse callada y hacer pública la denuncia para exigir justicia por esta muerte extrajudicial.

El abogado José del Carmen González Contreras se ofreció a llevar el caso y se empezaron a hacer las gestiones para que se castigue a los responsables de este crimen y no se deje en el desamparo a Carmen “N”, la esposa del fallecido y su hija Guadalupe “N”, de ocho años y con discapacidad.

Los agentes estatales y municipales supuestamente fueron detenidos y se inició la averiguación previa pero no les han dado el número de expediente.

Lo que sí sabe, dijo Silvia, es que en el expediente no están las fotografías de las lesiones que presentaba su hermano en diversas partes del cuerpo y que las declaraciones de ella y otros testigos fueron manipuladas por los investigadores del caso.

Ayer sábado la mujer fue llamada para que acudiera a la capital del estado junto con su abogado, por lo que amigos, familiares y conocidos cooperaron para que se trasladara junto con una comisión de ciudadanos de Reforma.

Desde ayer a las 18:00 horas en que tenían la cita hasta la madrugada de hoy domingo los tuvieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pero nadie les ha dicho cómo va el proceso.

Silvia y su abogado sospechan que existen todas las condiciones y evidencias de que desean darle carpetazo al asunto, pues ya la averiguación previa está alterada y los implicados en la muerte de su hermano podrían quedar en libertad.

La mujer pidió al gobernador Juan Sabines Guerrero intervenir y que se aplique la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Silvia dijo temer por su vida y su seguridad, así como la de su familia, sus testigos y su abogado porque los policías municipales en Reforma han tenido mala conducta en sus acciones y que en la PGJE se están dando todas las condiciones para liberar a los uniformados.

“Nos quieren cansar, nos quieren desgastar, quieren que nos fastidiemos y dejemos de exigir justicia”, afirmó.

Domínguez Escobedo dijo que el asesinato de su hermano a mano de los policías estatales y municipales fue la gota que derramó el vaso en ese lugar, donde ha habido una serie de abusos, detenciones arbitrarias y encierros injustos, fue por eso que la indignación se generalizó.

Incluso, agregó, le han ofrecido apoyo económico para que lleve hasta las últimas consecuencias la denuncia y si tiene que viajar al centro del país y buscar otros medios y organismos de derechos humanos, todo el pueblo se ha unido para cooperar.