Carta de Patishtan: la alimentación en el penal violenta la costumbre

A LA OPINIÓN PÚBLICA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS MEDIOS ALERNATIVOS A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA DEL EZLN A LA SEXTA INTERNACIONAL A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES A LOS DEFENSORES DE LOS EDREHOC HUMANOS ONGS NACIONAL E INTERNACIONAL Estado privado de mi libertad injustamente a más de una decada he tratado en conservar en todo momento mi esencia indigena cosa que no ha sido tan facil, actualmente parece ser ya cosa imposible al estarse imponiendo en mi costumbre que no solo denigran mi dignidad de ser Humano sino empiezan a atentar contra mi salud por medio de una alimentacion, que si bien es sierto para muchos podría ser un privilegio, en mi persona rompen los habitos que mi etnia ha tratado de mantener por siglos. Actualmente el regimen alimenticio al que me tiene sometido la autoridad federal penitenciaria contra mi Voluntad redunda en un tormento más al que estoy sometido como consecuencia de la injusticia que prevalece en torno a mi situación legal. Una vez más pido al presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa el respeto de mis derechos, al mismo tiempo exigimos Nuestras libertades inmediatas de la Voz del Amate, solidarios de la Voz del Amate y Voces inocentes. Respecto a esta Violación de mi dignidad invito a todo México y a la comunidad internacional a sumarse del reclamo de justicia y libertad. FRATERNAMENTE “la VOZ DEL AMATE” Adherente de la otra Campaña, Preso Politico Alberto Patishtan Gómez Desde el Norte del País México, Cefereso No. 8, Guasave Sinaloa a 24 de Abril del 2012 Ir a la fuente: http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2012/05/carta-de-patishtan-la-alimentacion-en.html

Comunicados del preso político Alberto Patishtan

Cartas_Alberto_Patishtan

Entrevista a Thomas Antkowiak Director Clínica de Derechos Humanos Universidad de Seattle

April 2012 Bar Bulletin

SU Human Rights Clinic Secures Prisoner's Release

By Katherine Hedland Hansen

Five years ago, Seattle University School of Law Prof. Tom Antkowiak was in Chiapas in southern Mexico doing migrants' rights work with a Mexican attorney, Ricardo Lagunes-Gasca, and human rights organizations when he first heard about the case of Ananías Laparra-Martínez.

Antkowiak learned that Chiapas police had illegally detained Laparra-Martínez in 1999 and beat him severely. They tortured his 14-year-old son in front of him and menaced his 16-year-old daughter with rape, all with the acquiescence of government prosecutors. Under this extreme duress, he was forced to sign documents confessing to a murder he did not commit.

Three family members were similarly coerced into signing corroborating declarations. Despite informing the presiding judge of these reprehensible tactics, no torture was investigated. Laparra-Martínez was convicted of murder on the basis of the illegally obtained and completely false declarations, and sentenced to more than 28 years in prison.

"After Ricardo and I examined the documents, it was clear that it was another case of tortured confession - a tactic sadly common in Mexico," said Antkowiak, who teaches the International Human Rights Clinic at Seattle University School of Law.

Today, Laparra-Martínez, 64, is a free man, thanks to the work of the clinic and its partners. The Mexican federal government representatives and officials from the state of Chiapas released Laparra-Martínez from prison in February. He had been incarcerated for more than 12 years for a crime that he did not commit.

"Mr. Laparra-Martinez and his family were in a particularly difficult situation," Antkowiak said. "Their own government had persecuted them at every turn and they were stigmatized in their community. No one believed that he was framed by police. But his family, especially his wife, Rosa, and his daughter Rocío, are incredibly strong and committed people. They have suffered so much, but never gave up."

The case has been years in the making. Antkowiak has been to Mexico many times, meeting Laparra-Martínez in prison and visiting his family. In 2008, Antkowiak and his clinic students began international litigation, which included students drafting a petition to the Inter-American Commission on Human Rights, in Washington, D.C.

"Mr. Laparra-Martínez was singled out by judicial police because he was an easy target. Powerless and poor, his arrest would cause no objection and would provide authorities an effortless conviction," Antkowiak said. "Coerced testimony is often permitted by Mexican courts, which foments widespread torture and other abusive practices by police."

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Investigan a policías en Chiapas por tortura y muerte de un hombre

ISAÍN MANDUJANO

15 DE ABRIL DE 2012 · 5 COMENTARIOS

NACIONAL

Silvia muestra a su hermano

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y municipales de Reforma –un municipio ubicado al norte de Chiapas colindante con el estado de Tabasco– son acusados de capturar, torturar y provocar la muerte extrajudicial de un hombre de 33 años a quien supuestamente confundieron con un presunto delincuente, la noche del miércoles pasado.

De acuerdo con testigos, este miércoles 11 de abril, alrededor de las 22:00 horas, policías estatales de la PGJE al mando del ministerio público Edgar Benjamín Estrada Cervantes, arribaron al domicilio de Gabriel Domínguez Escobedo a bordo de una camioneta gris y un Tsuru blanco sin placas; llegaron acompañados de policías municipales en cuatro patrullas encabezados por el comandante Aín “N”.

De forma violenta, sin orden de captura ni orden judicial para catear la casa, los uniformados estatales y municipales ingresaron al domicilio con un perro para sacar a golpes y culatazos a Domínguez Escobedo.

Según los vecinos que presenciaron la captura, los uniformados buscaban a otra persona que había pasado corriendo y se metió a un lote baldío para perderse entre arbustos y matorrales, sin embargo, aparentemente capturaron al hombre equivocado, a quien le propinaron una severa golpiza aun cuando ya estaba sometido y era trasladado a bordo de una camioneta.

Silvia Domínguez Escobedo, de 30 años, hermana de Gabriel, quien ofreció la mañana de este domingo una conferencia de prensa para dar a conocer el caso, dijo que algunos vecinos corrieron a buscarla a su domicilio donde vive con su esposo para decirle que habían capturado a su familiar y se lo habían llevado “bien golpeado”.

Silvia, quien es hermana menor del detenido, dijo que se dirigió a la comandancia municipal y a las oficinas de la PGJE en ese municipio pero que nadie le supo dar el paradero de su hermano. Finalmente alguien le dijo que por las heridas, éste había sido llevado al centro de salud.

Al llegar al lugar, un médico le dijo que en efecto había sido ingresada una persona que fue llevada por los policías estatales y municipales en calidad de herido, sin embargo éste ya estaba muerto, pero que pasara a identificarlo por si acaso era el pariente que buscaba.

Al ver el cuerpo, Silvia relata que soltó el llanto pues, en efecto, el hombre de bigotes, acostado en la camilla, con el torso desnudo, sólo con calcetines y una bermuda a cuadros rota, con una trusa roja visible, era su hermano Gabriel Domínguez Escobedo, de 33 años. Todo su cuerpo tenía moretones y rasguños de perro.

Además del ministerio público Edgar Benjamín Estrada Cervantes, quien encabezó el operativo, Silvia asegura que los vecinos identificaron al comandante Aín “N” como el que dirigía a los municipales; entre estos uniformados del ayuntamiento municipal se encontraban Ángel Osorio, Daniel de la Cruz Villegas, Jesús Alberto Álvarez Acosta, Juan Antonio Castro Celaya y Paulino Izquierdo Alfaro.

Dice que durante el cateo fue Izquierdo Alfaro el que bajó de una patrulla municipal con un perro –del que no se sabe la raza– y se lo soltó a su hermano para que lo mordiera.

Los médicos le explicaron a la mujer que nada pudieron hacer para intervenir a Gabriel, pues policías municipales y estatales lo ingresaron muerto por el área de emergencias.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Silvia, la muerte de su hermano se produjo por la golpiza que le dieron en menos de media hora desde que éste fue detenido en su domicilio, pues no fue llevado a los separos de ninguna corporación policiaca sino directamente al centro de salud.

Domínguez Escobedo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le hizo la autopsia. El médico legista le encontró dos costillas rotas, mismas que se le incrustaron en los pulmones y al parecer le ocasionaron la muerte.

También tenía varias rasguños y mordidas de perro en la mano y otras partes del cuerpo; un moretón que dibujaba una bota se reflejaba en el cuerpo del fallecido, entre otras lesiones.

La indignación por la muerte del hombre se propagó por todo el pueblo y el funeral se convirtió en una marcha de protesta el viernes pasado. Los lugareños animaron a Silvia a no quedarse callada y hacer pública la denuncia para exigir justicia por esta muerte extrajudicial.

El abogado José del Carmen González Contreras se ofreció a llevar el caso y se empezaron a hacer las gestiones para que se castigue a los responsables de este crimen y no se deje en el desamparo a Carmen “N”, la esposa del fallecido y su hija Guadalupe “N”, de ocho años y con discapacidad.

Los agentes estatales y municipales supuestamente fueron detenidos y se inició la averiguación previa pero no les han dado el número de expediente.

Lo que sí sabe, dijo Silvia, es que en el expediente no están las fotografías de las lesiones que presentaba su hermano en diversas partes del cuerpo y que las declaraciones de ella y otros testigos fueron manipuladas por los investigadores del caso.

Ayer sábado la mujer fue llamada para que acudiera a la capital del estado junto con su abogado, por lo que amigos, familiares y conocidos cooperaron para que se trasladara junto con una comisión de ciudadanos de Reforma.

Desde ayer a las 18:00 horas en que tenían la cita hasta la madrugada de hoy domingo los tuvieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pero nadie les ha dicho cómo va el proceso.

Silvia y su abogado sospechan que existen todas las condiciones y evidencias de que desean darle carpetazo al asunto, pues ya la averiguación previa está alterada y los implicados en la muerte de su hermano podrían quedar en libertad.

La mujer pidió al gobernador Juan Sabines Guerrero intervenir y que se aplique la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Silvia dijo temer por su vida y su seguridad, así como la de su familia, sus testigos y su abogado porque los policías municipales en Reforma han tenido mala conducta en sus acciones y que en la PGJE se están dando todas las condiciones para liberar a los uniformados.

“Nos quieren cansar, nos quieren desgastar, quieren que nos fastidiemos y dejemos de exigir justicia”, afirmó.

Domínguez Escobedo dijo que el asesinato de su hermano a mano de los policías estatales y municipales fue la gota que derramó el vaso en ese lugar, donde ha habido una serie de abusos, detenciones arbitrarias y encierros injustos, fue por eso que la indignación se generalizó.

Incluso, agregó, le han ofrecido apoyo económico para que lleve hasta las últimas consecuencias la denuncia y si tiene que viajar al centro del país y buscar otros medios y organismos de derechos humanos, todo el pueblo se ha unido para cooperar.

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HRW ve riesgo de retroceso en lucha contra la tortura

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) alertó que en México “existe el riesgo de un retroceso grave en la lucha contra la tortura”, ya que el proyecto del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) incluye disposiciones “que abren la puerta” a que las pruebas obtenidas mediante esta práctica o a través de violaciones a derechos humanos sean validadas en procesos judiciales, por lo que urgió a los legisladores a no aprobar la norma en los términos planteados. 

Un centenar de organizaciones civiles mexicanas como el Centro Prodh, apoyadas también por Amnistía Internacional, se sumaron al rechazo del proyecto, en concreto al artículo 291 que prevé excepciones “inadmisibles” a la aceptación de pruebas que se obtengan a través de violaciones a las garantías, pues su redacción es ambigua y establece criterios que en los hechos permitirían que evidencias obtenidas de forma ilícita pudieran ser al final válidas en un juicio. 

En el documento el Artículo 290 sobre “Licitud probatoria”, se indica con claridad que “no tendrá valor alguno la prueba obtenida mediante torturas, amenazas o violación de los derechos humanos de las personas”; aunque también se incluye el Artículo 291 relativo a la “Nulidad de prueba ilícita”, en el que se plantea que “cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos humanos será nulo”. 

Sin embargo, también establece excepciones. No se considera violatoria de derechos humanos, aquel dato o prueba que cubra cualquiera de los siguientes requisitos: “Provengan de una fuente independiente, es decir, cuando su naturaleza sea autónoma de la prueba considerada como ilícita y se puede llegar a ella por medios legales sin que exista conexión entre éstas; exista un vínculo atenuado, o su descubrimiento sea inevitable, en virtud de que aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios probatorios a los que le dieron origen”. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, Vivanco sostuvo que aprobar estas disposiciones representaría una “contrarreforma”, es incongruente con los cambios constitucionales de 2010 en materia de derechos humanos, pues este artículo “es de una gran ambigüedad, genera confusión, es una carta abierta a la aplicación discrecional de criterios por parte de la autoridad para determinar cuándo una prueba obtenida mediante tortura o violación de los derechos humanos se convierte en válida”. 

Vivanco expuso que es lamentable que los esfuerzos jurídicos empeñados por México desde la década de los 90 en materia de derechos humanos enfrenten este retroceso, peor aún cuando en la práctica en México sigue existiendo la tortura como método de “investigación” para la persecución del delito.

El penalista Jesús Robles Maloof coincidió que en el texto hay ambigüedades que permitirían, sin duda, que pruebas obtenidas mediante tortura o trasgresión de garantías sean al final admitidas como válidas.

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Artículo de Opinión

Reformas al Código de Justicia Militar

Miguel Concha

Ha trascendido que el próximo miércoles se discutirá en las comisiones de Justicia y Gobernación del Senado una propuesta de reforma al Código de Justicia Militar y otros ordenamientos jurídicos que le están relacionados, presentada por el senador panista por Baja California, Alejandro González Alcocer.

Tiene entonces que tomarse seriamente en cuenta el memorando informativo que le hicieron llegar oportunamente a esa instancia los centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Tlachinollan, en el que señalan de manera fundada y motivada los elementos que forzosamente debe incluir una modificación al artículo 57 de ese código, añadiendo incluso expresamente una fracción III a partir de las cuatro sentencias emitidas a ese respecto contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde noviembre de 2009.

En un comunicado emitido el pasado jueves por ambas organizaciones, se recuerda que el 4 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se determina que las sentencias de la CIDH dictadas en los casos en que el Estado mexicano haya sido parte en algún litigio ante ese órgano de justicia internacional, son obligatorias para todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y que sobre todo es aplicable a la obligación de acotar los alcances del fuero militar en México, de tal modo que éste nunca conozca de casos de violaciones a derechos humanos o delitos cometidos contra civiles. Por ello, en su comunicado expresan preocupación por la información difundida en algunos medios de comunicación, según la cual existe la propuesta de reformar el Código de Justicia Militar mediante la creación de tribunales especiales (civiles), a los que se facultaría para conocer casos de violaciones a garantías fundamentales cometidas por soldados, ya que ello resultaría violatorio del derecho a la igualdad de todos los mexicanos ante la ley; estaría en contra del artículo 13 constitucional, que prohíbe los tribunales especiales, e incumpliría lo dispuesto por la CIDH, que ha sido clara en establecer que las transgresiones a los derechos humanos deben ser conocidas por la justicia ordinaria.

En congruencia con todo ello, exigen reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, añadiendo una fracción III que garantice, en primer lugar, que en todos los casos presuntamente violatorios de derechos humanos, en los que en los términos de los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado estén involucradas con carácter de pasivas personas civiles, sean exclusivamente competentes para la investigación y el juzgamiento el Ministerio Público de la Federación (MPF) y los tribunales ordinarios, sin que bajo ninguna circunstancia pueda operar la justicia militar. Y que en segundo lugar ordene que siempre que el Ministerio Público Militar tenga conocimiento de la probable comisión de un acto ilícito presuntamente constitutivo y de una violación a derechos humanos, por medio de una denuncia, querella o de las primeras diligencias practicadas en la investigación de un delito, inmediatamente y sin demora deberá remitir la averiguación previa correspondiente al MPF mediante el acuerdo respectivo, sin realizar más actuaciones que las que estrictamente sean necesarias para preservar la evidencia y resguardar a las víctimas.

En su comunicado, las organizaciones civiles de derechos humanos también recuerdan que el 18 de octubre de 2010, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, proponiendo acotar parcialmente el fuero castrense, eliminando su competencia exclusivamente en los casos de desaparición forzada, violación y tortura, y excluyendo las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros abusos. Pero que en virtud de ello la CIDH reiteró en su resolución del caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que la jurisdicción militar no es fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, y que esta conclusión aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas la violaciones de derechos humanos.

Fue por ello que el pasado 9 de diciembre, el Ejecutivo federal dio órdenes expresas para que se pusieran a disposición del Senado elementos para enriquecer su iniciativa y armonizarla con la resolución de la Suprema Corte arriba mencionada. Ordenó igualmente a las fuerzas armadas encontrar la manera de remitir al fuero civil casos de transgresiones a las garantías fundamentales, las que por cierto no han venido haciendo ningún caso, porque según ellas todavía no ha sido reformado por el Legislativo el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Lamentablemente –en nuestra opinión–, la propuesta del senador González Alcocer tampoco se ajusta a los parámetros internacionales establecidos por la CIDH y exigidos por la SCJN pues, en primer lugar, el bien jurídico protegido en la fracción II de ese artículo no debe ser la disciplina militar, sino los derechos humanos, y como lo señalamos en la anterior propuesta de reforma del Ejecutivo, las actuaciones del Ministerio Público Militar no deben contar en estos casos en las averiguaciones que lleve a cabo el MPF, y menos en las diligencias y resoluciones de los jueces ordinarios. Ello sin hablar de otras prerrogativas anticonstitucionales que se pretende otorgar a las fuerzas armadas en esa propuesta de reforma.

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CIDH condena asesinato de defensora de derechos humanos en México

20 de marzo de 2012

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Agnes Torres Sulca, persona trans y defensora de los derechos humanos de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) en México.

Según la información recibida por la CIDH, Agnes Torres Sulca contribuía con diversos colectivos y entre otras acciones de reivindicación de los derechos de personas LGTBI, participó en la promoción de iniciativas de ley ante el Congreso de Puebla, México. La información recibida indica que su cuerpo fue encontrado el 10 de marzo de 2012 en Puebla con signos de presuntas quemaduras.

La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Las defensoras y defensores de las organizaciones que promueven y defienden los derechos de las personas LGTBI desempeñan un rol fundamental en la región, tanto en el control social del cumplimiento de las obligaciones estatales como, en general, en el proceso de promoción de los derechos humanos de las personas LGTBI.

En el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH destacó la gran cantidad de información recibida sobre asesinatos, amenazas y criminalización de las actividades de defensores y defensoras de las personas LGTBI, así como sobre la ausencia de un enfoque diferenciado para la investigación de las violaciones de sus derechos humanos. En este sentido, el informe señala que un obstáculo frecuente en la región para la debida investigación y sanción de los responsables de crímenes cometidos en contra de personas LGTBI es que suelen clasificarse como crímenes pasionales, y no se abren líneas lógicas de investigación que tengan en cuenta si el delito fue cometido en razón de la identidad de género u orientación sexual de la víctima.

Adicionalmente, la CIDH reitera que los ataques a la vida de las defensoras y los defensores de derechos humanos, cuando son cometidos en represalia a su actividad, producen un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares. La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

En este sentido, la Comisión Interamericana insta al Estado de México a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de la señora Torres fue cometido en razón de su identidad de género y/o en razón de su labor de defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI. Asimismo, la CIDH urge al Estado mexicano a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los derechos humanos de las personas LGTBI y de quienes defienden sus derechos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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