lunes, 11 de noviembre de 2013

Gobierno de Chiapas sigue acusado ante la CIDH por tortura contra Ananías Laparra

http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2013/11/gobierno-de-chiapas-sigue-acusado-ante-la-cidh-por-tortura-contra-ananias-laparra/



Audiencia en la CIDH donde el gobierno de Chiapas se negó a reconocer responsabilidad de tortura cometido contra Ananías Laparra, hasta en tanto tuviera la anuencia del gobernador Manuel Velasco Coello. Foto: Cortesía/Chiapas PARALELO


Representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) tratarán este lunes que el gobierno de Chiapas reconozca su responsabilidad en el caso de la tortura cometida contra Ananías Laparra y su familia, por parte de agentes de la Procuraduría de Justicia.
De aceptarlo, el estado Mexicano finiquitaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno más de los casos donde se le acusa de encarcelar a personas inocentes, y someterlas a torturas.
En la audiencia ante la CIDH, que el pasado 30 de octubre sostuvieron la defensa de Ananías Laparra y representantes de los gobiernos de Chiapas y federal, los agraviados exigieron nuevamente que como parte de la “solución amistosa”, autoridades chiapanecas reconozcan la tortura, y con ello la inocencia de Ananías.
También que se repare el daño causado a él, a su esposa Rosa Godínez, y sus hijos José Ananías y Rocío.

Hechos
El 14 de octubre de 1999, Laparra Martínez, su esposa Rosa Godínez, y sus hijos –entonces de 14 y 16 años de edad-, fueron detenidos y torturados, para obligar a Ananías a reconocer el homicidio de Elvis Díaz Martínez, ocurrido en el municipio de Coacahotán. Ante la tortura, Ananías, analfabeta y de escasos recursos, firmó su culpabilidad y fue sentenciado a 28 años de prisión.
Durante 12 años, amigos, familiares y solidarios, lucharon para demostrar la inocencia de Ananías, lo que se logró hasta que la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, en Washington, Estados Unidos, retomó el caso y lo llevó a la CIDH.
En febrero de 2012, luego que la CIDH dictara medidas cautelares a su favor, Laparra –para entonces enfermo de cáncer- el detenido fue puesto en libertad  bajo la figura de “sentencia suspendida”. Sin embargo Ananías y su familia determinó continuar con la denuncia ante el organismo humanitario internacional, hasta que se reconozca su inocencia y se repare el daño causado a él y su familia.

Gobierno de Chiapas se niega a reconocer su responsabilidad
El pasado 30 de octubre, en la audiencia que sostuvieron las partes, se pidió nuevamente al gobierno de Chiapas que como parte de la “solución amistosa” a fin de que este caso no se llevé a la Corte Interamericana, reconociera su responsabilidad en las torturas cometidas, y las consecuencias que conllevaron para Ananías, su familia, y la Justicia en México.
La Segob y Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México aceptaron el acuerdo en esta negociación que ya tiene carácter internacional, sin embargo el representante de la Procuraduría de Justicia del gobierno de Chiapas se opuso a reconocer la tortura cometida por sus agentes, hasta en tanto no tenga la anuencia del gobernador Manuel Velasco Coello.
A fin de finiquitar el caso que forma parte de los informes que a nivel internacional ubican a México como un país con un alto índice de violaciones a los derechos humanos, representantes de la Segob se reunirán con los del gobierno de Chiapas.
Se espera que la administración de Velasco Coello acepte la petición del reconocimiento de responsabilidad, como se hizo ya en 2009 con Luis Rey García Villagrán, también sujeto a tortura para que se declarará culpable.

lunes, 16 de julio de 2012

Cuando la ley se hace justicia


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Por décadas, la promesa contenida en el reconocimiento legal de los derechos humanos ha sido inalcanzable para las mayorías excluidas en México, y especialmente para los pueblos y comunidades indígenas. Los derechos expresados en los instrumentos legales no han sido una realidad para quienes viven y mueren lejos de las esferas del poder; en demasiadas ocasiones, han sido expresiones huecas para adornar los discursos demagogos de ayer y hoy.

Frente a esta realidad, la lucha y la movilización social han sido siempre la respuesta de los oprimidos. Los derechos reconocidos en la ley pero negados en la realidad se exigen en la calle y en la plaza; en la interpelación valiente a los gobernantes que a una sola voz resuena cuando los oprimidos ejercen su derecho a protestar.

Esa tradición de exigencia de derechos y ejercicio de ciudadanía contestataria no ha perdido vigencia. Menos en Guerrero. Las comunidades indígenas y campesinas de esta entidad suriana saben que frente a la arbitrariedad de los gobernantes y la indiferencia de quienes aplican la ley, demandar los derechos por medio de la movilización sigue siendo la principal garantía de su cumplimiento.

Pero frente a esta herencia de movilización, brotan en estas tierras guerrerenses otras experiencias que complementan y apuntalan a las luchas populares y organizativas. Una de estas expresiones es la concerniente al uso estratégico y contrahegemónico de los tribunales y del derecho como herramienta de la lucha social.

Se trata de un fenómeno paradójico. Por un lado, los sectores empobrecidos desconfìan de la ley; han sufrido muchas veces su aplicación y han visto muy a menudo que en México la balanza de la justicia siempre se inclina al mejor postor. Los jueces y las juezas son para los excluidos figuras anónimas y lejanas que con regularidad fungen como meros amanuenses del gobernante en turno, auxiliados por oficiales judiciales siempre deseosos de aceitar la maquinaria judicial con los podridos frutos de la corrupción. Sin embargo, y es aquí donde la contradicción surge, los de abajo también han aprendido que el lenguaje y las formas del derecho revisten de legitimidad las exigencias de los diversos sectores sociales por lo que en el presente son otro arena de combate.

De ahí que cada vez con más frecuencia las luchas sociales complementen la movilización recurriendo a las formas jurídicas para enarbolar sus demandas en el lenguaje de los derechos, sin dejar de desconfiar en la ley y sus operadores. Estratégicamente y de una manera que desafía la concepción hegemónica del derecho, pueblos y comunidades acuden de vez en vez a los tribunales para buscar lo que éstos deberían procurar pese a que en nuestro contexto resulte casi utópico: la justicia.

Es en las ocasiones en que los más marginados recurren a los tribunales y obtienen protección cuando la ley es justa y, de esa manera, atisbamos esa utilidad social de la institucionalidad jurídica que los poderosos del país han pisoteado y mancillado en perjuicio de los sectores empobrecidos a lo largo de nuestra historia.

Dos ejemplos recientes muestran cómo los pueblos y las comunidades luchan también en los tribunales para hacer valer sus derechos, en procesos emblemáticos de justiciabilidad de los derechos humanos.

Por un lado, el reciente triunfo de los campesinos opositores al Proyecto Hidroeléctrico La Parota, articulados entorno al CECOP que una vez más demostraron ante los tribunales tener la razón y el derecho de su lado. Apenas hace unos días, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito ratificó el punto final al proyecto hidroeléctrico La Parota al negar el amparo promovido por un grupo minoritario de comuneros en contra de la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Nº 41 con sede en Acapulco, en la que se declaró la nulidad de la Asamblea con la que se pretendió imponer la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota.

Como es sabido, el 18 de abril de 2011 ese Tribunal Unitario Agrario declaró nula la Asamblea llevada a cabo en el Núcleo Agrario de Cacahuatepec el 28 de abril de 2010, considerando que la misma estuvo afectada de graves irregularidades. Después de que fuera dictada esta resolución, un grupo minoritario de supuestos comuneros promovió una demanda de amparo en contra de dicha resolución, la cual se turnó al mencionado Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa. Tras analizar el caso, el Tribunal Federal confirmó la nulidad de la Asamblea.

La decisión unánime de los magistrados federales viene a confirmar lo que han señalado instancias de la Organización de las Naciones Unidas tan relevantes como el Relator sobre derechos de los Pueblos Indígenas, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, y el Relator Especial sobre la Vivienda, acerca de las múltiples irregularidades en las asambleas comunales y ejidales convocadas acerca del proyecto La Parota. De ese modo, la resolución confirma que el proyecto La Parota es legal, ambiental y socialmente inviable.

Ante la tosudez de los gobernantes que a toda costa pretenden imponer una visión del desarrollo en la que lo único que se desarrolla son las fortunas personales de empresarios y políticos, el proceso de resistencia contra el Proyecto La Parota ha encontrado un asidero relevante en la defensa jurídica y en la correcta aplicación de la ley por parte de jueces y magistrados. Es de esperarse que las autoridades estatales y federales entiendan, de una vez por todas, que su terca pretensión de allanar el camino para el despojo de las tierras campesinas sólo conseguirá seguir evidenciando su actuar ilegal pues la mayoría opositora resistirá y los tribunales volverán a exhibir las irregularidades cometidas; en este sentido, la actuación de la Procuraduría Agraria ante el inminente relevo del Comisariado de Bienes Comunales será atentamente monitoreada tanto a nivel nacional como internacional, pues es largo su historial de incumplimiento de la ley.

Pero no sólo en la resistencia de los opositores del Proyecto La Parota se pone de manifiesto el uso del derecho como herramienta de lucha. En Guerrero se registran otros procesos donde las instituciones jurídicas son puestas a prueba por las comunidades indígenas que desafían la con acciones legales la racista indiferencia gubernamental.

En un hecho sin precedentes, la comunidad indígena Me’phaa de Buena Vista, municipio de Atlixtac, Guerrero, presentó una demanda de amparo para exigir el acceso a la educación básica y ésta, en un acontecimiento también inédito, fue admitida por el Juez Primero de Distrito en el Estado, bajo el número de expediente 893/2012.

En la Comunidad de Buena Vista se presentan las condiciones que hacen de la Montaña de Guerrero una de las regiones con mayor rezago educativo del país. Los niños y las niñas deben caminar más de 6 kilómetros diarios para recibir educación preescolar; en la actualidad, cerca de 30 niños y niñas de entre 3 y 6 años no accedan a la educación inicial, como es su derecho. Por ello, en esta comunidad Me’phaa de la Montaña de Guerrero cobran vida dramáticamente las palaras del Relator sobre el Derecho a la Educación de la ONU: “la gente pobre acaba por recibir una educación pobre”.

A lo largo de casi 10 años la Comunidad de Buena Vista ha presentado infructuosamente múltiples solicitudes ante la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero para demandar la fundación de un Centro de Educación Preescolar Indígena. No obstante, la Secretaría ha ignorado estas solicitudes de manera reiterada.

La demanda presentada por la comunidad de Buena Vista es de gran trascendencia, no sólo porque constituye el último recurso legal con que cuentan los niños y las niñas de esta comunidad para acceder a la educación, sino también porque pone a prueba las recientes reformas en materia de amparo y derechos humanos para exigir judicialmente los derechos sociales de las comunidades indígenas en México.

Por lo pronto, la demanda ya fue admitida y generó sus primeros impactos. De manera un tanto atropellado, fncionarios de la Secretaría de Educación del estado de Guerrero salieron a decir que el próximo año escolar comenzaría a funcionar en Buena Vista un nuevo preescolar. Las mismas autoridades que por años ignoraron a la comunidad aduciendo razones burocráticas, de un día para el otro –acicateados por una demanda- dejan de lado en su totalidad la mentalidad de oficinistas y anuncian la pronta construcción de la escuela como si se tratara de un truco de magia para niños. No saben que la comunidad llevará hasta sus últimas consecuencias el juicio para garantizar su derecho con todas las formalidades y mostrar cómo la desidia gubernamental de ese aparato burocrático sin mística que es la Secretaría de Educación de Guerrero mantiene en el rezago educativo a los pueblos indígenas.

Los comuneros de La Parota y los hombres y mujeres de Buena Vista saben que no deben esperar mucho de la órganos jurisdiccionales. Cargan sobre sus hombros campesinos experiencias acumuladas de discriminación legalizada, de injusticia disfrazada de derecho. Por eso, saben que sólo la organización y el fortalecimiento comunitario protegerán en el largo plazo sus derechos. Pese a ello, con arrojo y con visión recurren a los tribunales y al derecho desafiando los tradicionales límites del acceso a la justicia.

El derecho y los tribunales se muestran, así, como otro campo de lucha en el proceso guerrerense. Sin que esta realidad nos lleve a la ingenuidad legalista que ve en la normatividad vigente la solución de todas nuestras enfermedades sociales, alimenta la esperanza que las comunidades campesinas e indígenas hagan despertar de su letargo a las instituciones que deberían estar a nuestro servicio. Por eso, cabe señalar a modo de cierre, es también fundamental que abogados como nuestro compañero Vidulfo Rosales Sierra, que han puesto el derecho al servicio de la gente, puedan volver a Guerrero para seguir abriendo con los pueblos la estrecha puerta de la justicia; para que la ley, remontando nuestra historia de corrupción y abuso legalizado, sea por fin justa.

jueves, 14 de junio de 2012

Rosa López: la triple dignidad de una mujer presa en Chiapas

Fuente: Carmela Dumange Y Jaime A. Marroquín/Desinformémonos 14 junio 2012

Desde su detención en el “pueblo mágico” de San Cristóbal de las Casas, Rosa ya era culpable: lo único que hacía falta era tortura física y sexual aplicada en la medida “justa y necesaria” hasta que la respuesta fuese la que los policías querían escuchar

Rosa López Díaz es mujer, pobre e indígena tzotzil; sin saberlo, nació con la marca de eso que se conoce como “la triple marginación”. Cuando el simple accidente de nacer se hace en condiciones de ciudadana de segunda clase, no es difícil que el simple hecho de vivir se convierta en un delito. Rosa fue detenida el 10 de mayo de 2007 junto con su esposo Alfredo en el “pueblo mágico” de San Cristóbal de las Casas, ciudad mundialmente conocida por sus atractivos turísticos; entre ellos se encuentra una vasta cultura indígena, la cual es convertida en mercancía, exhibida y puesta a la venta en tiendas y museos.

Ello genera grandes ganancias económicas de las cuales nada, o muy poco, llega a las comunidades y pueblos originarios. Como podrán observar, ya empezamos con grandes contradicciones e hipocresías. En el momento de la detención, los agentes jamás se identificaron; la detención se realizó sin orden de aprehensión y con lujo de violencia, tanto Rosa como su esposo fueron golpeados. En reiteradas ocasiones les solicitaron a los agentes que se identificaran, que les comunicaran el motivo de la detención y que les fuese mostrada la orden de aprehensión. La respuesta ante esa demanda fue que Alfredo acabara con una pistola apuntando a su cabeza. Rosa fue trasladada en una camioneta, esposada de pies y manos y con los ojos vendados; en algún momento del recorrido bajaron a Alfredo del carro -en lo que él piensa que es una montaña, ya que le era imposible ver-, a ella la dejan en la camioneta. Empezaron a golpearlos a los dos, mientras les preguntaban una y otra vez: “¿Dónde tienen secuestrada a la muchacha?”. Los golpes eran constantes; ella les decía una y otra vez que no sabía de que le estaban hablando, hasta que en un momento le dijeron: “No te hagas pendeja, sabes muy bien de qué te estamos hablando, ¿dónde tienes a Claudia Estefanía?”. Sorprendida ante esta respuesta Rosa, les contestó: “Pues en su casa, ¿no?” Parece que ésta no era la respuesta que ellos querían escuchar, porque a partir de este momento, la violencia aumentó. Los subieron de nuevo a la camioneta y se sucedieron varios traslados.

A pesar de estar todo el tiempo con los ojos vendados, lograron identificar la bodega donde guardaban la ropa y los complementos que vendían en diferentes comunidades como forma de ganarse la vida; su domicilio particular y un tercer sitio que únicamente aciertan a decir que es grande, muy grande. Ahí empezó de nuevo el interrogatorio; preguntaban insistentemente por el paradero de Claudia Estefanía y ella les decía que no sabía dónde estaba, que seguramente estaría en su casa. La torturaron poniéndole una bolsa de plástico en la cabeza mientras le colocaban un trapo mojado en la boca con la intención de provocarle asfixia; sólo le quitaban la bolsa para repetirle la pregunta. Después, la pararon y empezaron a darle puñetazos en el vientre; ella les dijo que no le pegaran ahí porque estaba embarazada de 4 meses; uno de ellos le dice que lo mejor que le puede pasar es que aborte a ese “bastardo” porque “seguro va a ser igual que tú, un delincuente”.

El objetivo era claro y los golpes y torturas buscaban una cosa: “hasta que digas lo que nosotros queremos que digas, no te vamos a dejar de golpear”. Le volvieron a colocar la bolsa en la cabeza; varios de ellos la golpeaban con patadas y un palo de madera mientras se encontraba tumbada en el piso. La trasladaron a un cuarto de la casa donde había más personas; la desnudaron completamente de la cintura para arriba y empezaron a tocarla por todo el cuerpo amenazándola con que la iban a violar. Rosa lloraba y pedía que no le hicieran nada, que estaba embarazada, que no sabía nada de lo que le estaban diciendo y que no les podía mentir: “¿Cómo voy a decir algo que yo no he hecho?”. La tiraron al piso y mientras entraban y salían diferentes personas del cuarto, uno de ellos se colocó encima de Rosa. Es en ese momento que no aguantó más y les dijo: “No, por favor, no me violen. Sí voy a decir lo que ustedes quieran”. Ese fue su interrogatorio y así le fue tomada su declaración, sin ningún tipo de garantía para su seguridad física, psicológica o jurídica, sin presencia de un juez o de un abogado, sin defensa y sin ningún tipo de legalidad.

Desde su detención, Rosa ya era culpable: lo único que hacía falta era tortura física y sexual aplicada en la medida “justa y necesaria” hasta que la respuesta fuese la que querían escuchar. Le dijeron lo que tenía que declarar: que fue planeado con su esposo y que pedían un rescate de 800 mil pesos. Grabaron su declaración autoinculpatoria, le hicieron firmar varias hojas en blanco y le dijeron que con eso ya podría quedar en libertad. La llevaron a otro cuarto donde se encontró con Alfredo; la primera reacción fue de sorpresa y de alegría, ya que llegó a pensar que lo habían matado. De ahí los trasladaron al Ministerio Público a lo que Rosa define como “una celda fría y sucia”, donde permanecieron 72 horas. En esa celda es dónde Rosa y Alfredo se encontraron y pudieron hablar por primera vez desde el momento de la detención, y donde ella pudo empezar a entender lo que estaba pasando. No se trata de juzgar las costumbres de los pueblos, no se trata de decir si es correcto o no, pero cierto es que muchas veces las parejas deciden escaparse juntos en lo que se conoce como “robarse a la novia”; las circunstancias económicas, la negación de los padres a la relación, o simplemente la impaciencia de la pareja por estar juntos, hace que decidan emprender la aventura de “escapar” juntos.

Es una práctica común y habitual entre los pueblos, en la que el castigo al “raptor” es casarse con la “raptada”, con lo que el objetivo estaría cumplido y en el contexto comunitario la pareja será socialmente aceptada a partir de ese momento. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Juan, el primo de Alfredo, le pidió ayuda a éste para ir a buscar a su novia, Claudia Estefanía, a lo que Alfredo accedió. Rosa no era conocedora de esta relación, como ella misma dice: “cosas de hombres”. Además, esta situación tenía todavía un asunto que era más de fondo, en propias palabras de Rosa: “El tío de mi ex marido se había molestado porque yo me había vuelto a juntar, con Alfredo, y luego el primo de mi marido se roba a su hija; entonces ya fue que nos demanda por secuestro.” Antes de su relación con Alfredo, Rosa tuvo otra relación en la que fue víctima de violencia machista, sufrió golpes, maltrato y abandono hasta que ella decidió poner fin a la relación. Pasado un tiempo, decidió rehacer su vida con Alfredo e intentar ser feliz, algo que su ex marido y su familia no le perdonan. Ese es su primer “delito”: no conformarse con el maltrato, no agachar la cabeza ante los golpes y el abandono y sentirse merecedora de un poco de felicidad y estabilidad. El segundo delito es que el primo de Alfredo y la hija del tío de su ex marido decidieran hacerse novios, algo que los novios sabían que jamás sería aceptado por él. En ese momento, Rosa tuvo consciencia de qué era lo que estaba pasando y de la magnitud de su situación.

Cuando la sacaron de la celda para ratificar su declaración, ella dijo que no acepta los hechos; le manifestaron que ya lo había declarado y que sólo le quedaba aceptar lo que ya había dicho. Convencida de que era la única manera de salir de aquella situación, puesto que le dijeron que una vez hubiera declarado sería puesta en libertad, procedió a ratificar la confesión. Rosa nunca tuvo acceso a un traductor que conociera la lengua y las costumbres tzotziles; su abogado de oficio sólo hizo acto de presencia un momento durante la declaración; le leyeron unos documentos que no entendió; en ningún momento recibió atención médica tras la tortura física y psicológica, aunque había manifestado que estaba embarazada y que le habían golpeado en el vientre, ni se le efectuó ninguna prueba que pudiera constatar si le habían producido daños al feto. Después de ratificar su denuncia, Rosa fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 5 de San Cristóbal de las Casas, acusada de secuestro, y donde después de 14 meses sería sentenciada a 27 años, 6 meses y 17 días de prisión. A los cinco meses de ingresar en prisión nació Natanael, primer hijo de Rosa y de Alfredo, con parálisis cerebral, con toda seguridad a causa de la tortura.

Al momento del nacimiento nadie detectó su enfermedad; la primera noche que pasó en prisión junto a su madre después del parto, sufrió la primera insuficiencia respiratoria que casi le produce la asfixia. Fue trasladado al hospital donde le dijeron que no tenía nada, que como nació pequeño no aguantaba el frío de la celda donde estaban y le aconsejaron que sería mejor si algún familiar se pudiera hacer cargo de él. En ese momento, la trabajadora social del Cereso le dijo que no podía ser, que tenía que regresar y hacer el papeleo correspondiente. A los varios días el niño fue visitado de nuevo por el médico de la prisión, que ratificó el diagnóstico y le aconsejó ponerlo al sol cuando fuera posible. A los cuatro meses, lo volvió a revisar el doctor y le encontraron “una bolita” en la columna. Esta “bolita” significaba que la columna vertebral de Natanael se fracturó a causa de la tortura estando todavía en el vientre materno y esto le había producido la parálisis cerebral. Ante esta situación, Rosa y Alfredo decidieron pedirle a la mamá de ella que se hiciera cargo del bebé, pensando que estando fuera contaría con mejores oportunidades de ser atendido y de que se pudiese curar. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que pudiera recibir una atención médica, que pudiera ser revisado y diagnosticado, pero eso nunca fue posible, jamás lo consiguieron. El 26 de octubre de 2011, Natanael falleció, a los cuatro años, en los brazos de su abuela, después de vagar de hospital en hospital toda la noche por falta de atención médica. Dice Rosa que su hijo “murió muerto en vida a los cuatro años y quince días. Está descansado pero eso no deja de doler, porque como quiera, aunque mi hijo esté enfermo, yo lo quería mucho y no quería que se muriera. Tenía yo las ganas que si un día Dios me regalaba la libertad, poder cuidarlo yo misma. Pero ya no se pudo.”

A Rosa le informaron de la muerte de su hijo días después del fallecimiento. No pudo despedirse de su hijo, ni participar en los rituales de despedida fundamentales para poder realizar el duelo: ya había sido enterrado. La dirección del Cereso le negó el permiso necesario para salir a ver la tumba de su hijo, llevarle una cruz y unas flores; al día de hoy, Rosa todavía no ha podido ir a llorar a su hijo al lugar dónde está enterrado. El motivo de la negación de las autoridades penitenciarias fue la peligrosidad de Rosa y el riesgo de fuga. Rosa es peligrosa porque sigue en pie, porque a pesar de todos los momentos duros que la vida le ha deparado, ella sigue decidida a luchar, a no rendirse, a no agachar la cabeza. Es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y está organizada junto a los Solidarios de la Voz del Amate. En el momento de la muerte de su hijo llevaba 35 días de ayuno exigiendo su libertad y la de sus compañeros.

Esta lucha continúa en la actualidad y es acompañada en ella por su esposo Alfredo (sentenciado a 29 años por secuestro), el primo de su esposo Juan Collazo (sentenciado a 37 años por secuestro y violación) y su hijo Leonardo de tres años, quien nació al mes de ser notificada de su sentencia, condenado a vivir en prisión por el delito de poder estar cerca de sus padres. En días recientes, Rosa fue operada de una hernia inguinal, después de varias denuncias por la falta de atención médica dentro del penal. Durante su convalecencia en el hospital no le permitieron recibir visitas. Ya se encuentra nuevamente en el Cereso 5 acompañada por Alfredo, el pequeño Leo, sus amigos y compañeros. Ella no se ha conformado con ese papel de “ciudadana de segunda clase” que la sociedad tenía reservado para ella. Le han robado la libertad pero no la voz y la dignidad con la que denuncia las violaciones a los derechos humanos que sufren las presas día con día. Rosa es un ejemplo de fortaleza; saber de su historia, escuchar su testimonio, a cualquiera nos haría pensar en tirar la toalla, pero ella no lo ha hecho en ningún momento. Su ilusión, su esperanza en la vida, la fuerza de su mirada cuando te ve aparecer los domingos en las visitas y te sonríe, dicen mucho más que todas las palabras que se puedan escribir de y sobre ella. Rosa López Díaz es mujer, pobre e indígena tzotzil; sin saberlo, nació con la marca de eso que se conoce como “la triple dignidad”.

jueves, 24 de mayo de 2012

Carta de Patishtan: la alimentación en el penal violenta la costumbre

A LA OPINIÓN PÚBLICA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS MEDIOS ALERNATIVOS A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA DEL EZLN A LA SEXTA INTERNACIONAL A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES A LOS DEFENSORES DE LOS EDREHOC HUMANOS ONGS NACIONAL E INTERNACIONAL Estado privado de mi libertad injustamente a más de una decada he tratado en conservar en todo momento mi esencia indigena cosa que no ha sido tan facil, actualmente parece ser ya cosa imposible al estarse imponiendo en mi costumbre que no solo denigran mi dignidad de ser Humano sino empiezan a atentar contra mi salud por medio de una alimentacion, que si bien es sierto para muchos podría ser un privilegio, en mi persona rompen los habitos que mi etnia ha tratado de mantener por siglos. Actualmente el regimen alimenticio al que me tiene sometido la autoridad federal penitenciaria contra mi Voluntad redunda en un tormento más al que estoy sometido como consecuencia de la injusticia que prevalece en torno a mi situación legal. Una vez más pido al presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa el respeto de mis derechos, al mismo tiempo exigimos Nuestras libertades inmediatas de la Voz del Amate, solidarios de la Voz del Amate y Voces inocentes. Respecto a esta Violación de mi dignidad invito a todo México y a la comunidad internacional a sumarse del reclamo de justicia y libertad. FRATERNAMENTE “la VOZ DEL AMATE” Adherente de la otra Campaña, Preso Politico Alberto Patishtan Gómez Desde el Norte del País México, Cefereso No. 8, Guasave Sinaloa a 24 de Abril del 2012 Ir a la fuente: http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2012/05/carta-de-patishtan-la-alimentacion-en.html