martes, 29 de marzo de 2011

Denuncian ONG ola de desapariciones en lucha anticrimen ante CIDH

Delegados de 18 organizaciones documentaron casos de tortura e intimidación por policía y Ejército.
David Brooks, corresponsal
Publicado: 29/03/2011 09:56

Washington. Agrupaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las condiciones “deplorables” de la seguridad pública y las desapariciones forzadas, tortura e intimidación realizadas por fuerzas policiacas y militares en México, en el contexto de la lucha antinarcóticos.

“En Chihuahua, cada vez que amanece hay un nuevo horror. Cada día no sabemos si regresaremos vivos a la casa”, afirmó ante la comisión Gabino Gómez, dirigente de una de las organización de la Red de Defensores de Derechos Humanos y Familiares de Personas Desaparecidas en los estados del norte de México.

Representantes de 18 agrupaciones de derechos humanos mexicanas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ejemplos de graves violaciones de garantías básicas, sobre todo en los estados del norte. Subrayaron que, además de las víctimas de la violencia del crimen organizado, se ha elevado el número de denuncias por abusos miliares y policiacos (hubo mil 17 sólo en Ciudad Juárez, entre marzo de 2009 y abril de 2010).

Los defensores de derechos humanos, en su presentación ante la CIDH en una audiencia de carácter “informativo”, indicaron que las fuerzas de seguridad violan de manera frecuente los derechos humanos y cometen desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, cateos ilegales y homicidio hasta diversas formas de intimidación para suprimir la voluntad de denuncia entre la ciudadanía, así como para amedrentar a los defensores de derechos humanos. Una de las organizaciones presentó los casos documentados de más de 200 desapariciones forzadas sólo en Chihuahua, aclarando que hay más, pero la gente no se atreve a presentar las denuncias.

Criticaron la falta de investigaciones oficiales, señalando que las existentes parecen ser más bien simuladas, por lo que se nutre cada vez más un clima de impunidad. En Ciudad Juárez, afirman, hay una impunidad por encima de 90 por ciento, mientras que la violencia tanto de la delincuencia como de fuerzas oficiales llega a niveles cada vez más alarmantes.

La abogada Diana Morales, de Paso del Norte, habló de su natal Ciudad Juárez declarando lo difícil que es observar cómo ahí “se vuelve normal la violencia, donde los niños quieren ser sicarios porque lo ven como una oportunidad atractiva. Y mientras las autoridades no han hecho nada”.

A la vez, los defensores, como ciudadanos que han exigido justicia, han padecido cada vez más amenazas y ataques, incluso asesinatos y desapariciones, en tal escala que han tenido que refugiarse en otras partes del país o incluso buscar asilo en otros países, como el caso reciente de la familia Reyes, entre otros.

Entre los documentos y gráficas presentadas por los defensores de derechos humanos se presentó el audio y texto de la entrevista del general retirado y entonces encargado de seguridad de Torreón, Bibiano Villa, realizada por Sanjuana Martínez y publicada por La Jornada, la cual llamó la atención de algunos de los comisionados que preguntaron a los representantes del gobierno mexicanos si esa figura representaba de alguna manera la posición oficial mexicana (la respuesta fue que no).

Por su parte, la delegación del gobierno mexicano en la audiencia, encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, evitó responder explícitamente sobre los casos concretos presentados aquí y se dedicó a reiterar los propósitos de la estrategia antinarcóticos y contra el crimen organizado. Subrayaron que “el respeto a la integridad física y seguridad de los ciudadanos” es el objetivo central del gobierno de Felipe Calderón ante “la demanda ciudadana por mayor seguridad”, y por ello lanzó su campaña contra la delincuencia, la cual amenazaba “ocupar cualquier espacio público y privado”.

Monte Alejandro Rubiro García, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, subrayó que la estrategia policiaca va “en el camino correcto” en lo que es “una lucha larga” que continuará siendo violenta por unos meses más, pero a la cual “no había otra alternativa”. Insistió en que esta estrategia requiere del apoyo del pueblo y eso no se logra sin el respeto de sus derechos humanos.

Los representantes del gobierno enfatizaron que en México no hay “ninguna derogación de derechos” ni “medidas de excepción”. Resaltaron la “transparencia” con que obra el gobierno de Felipe Calderón, indicando la presencia en México ahora de un grupo de trabajo de la ONU que está viajando por el país para examinar el asunto de desapariciones forzadas, y que ésta es sólo una de varias de tales visitas de organismos internacionales de derechos humanos a los cuales el gobierno les ha abierto la puerta.

Organizaciones que presentaron las denuncias:
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia Para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Juan Gerardi, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Pastoral Obrera, Movimiento Pacto por la Cultura, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos.

lunes, 28 de marzo de 2011

Se disparan casos de tortura en México, informan a grupo de trabajo de la ONU

Entre 2006 y 2009 se incrementaron mil por ciento las quejas contra militares, sostienen
 
Víctor Ballinas
 Periódico La Jornada
Martes 22 de marzo de 2011, p. 18
 
Decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron el informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México en 2011 a un funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el cual detallan que en el contexto de la guerra contra el crimen organizado “se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, y en los llamados levantones” se ha reportado la desaparición de 3 mil personas.

Durante una reunión con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales (ONG) señalaron que en el gobierno del presidente Felipe Calderón “no ha habido señal alguna de voluntad política para abordar el tema de las desapariciones forzadas que se produjeron en la denominada guerra sucia.

Y a pesar de la presión que aún mantienen los comités de familiares de desaparecidos, el gobierno ha llegado a alegar la presunta pérdida de interés de los familiares como un motivo para no avanzar en la materia, pese a que se trata de delitos que se persiguen de oficio y que, por ser de lesa humanidad, son imprescriptibles, apuntaron.

El grupo de trabajo de la ONU se encuentra en visita oficial en el país, la cual se inició el pasado viernes y concluirá el 31 de este mes.

Al recibir ayer a las organizaciones civiles, éstas expusieron que de 2006 a la fecha, en el contexto de la inseguridad, “la violencia se ha incrementado de manera sensible, y una de sus causas más notorias es la militarización de la seguridad pública.

Hay más de 60 mil elementos de las fuerzas armadas en labores policiacas; en 17 de las 32 entidades del país, esto es, en 53.12 por ciento del total, los encargados de las instituciones policiacas locales son militares.

Agregaron que integrantes del Ejército están al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados.

Detallaron que “entre 2006 y 2009 las quejas contra militares por violaciones de derechos humanos se incrementaron mil por ciento; 33 por ciento de las quejas recibidas durante 2010 fueron contra la Secretaría de la Defensa Nacional, de cuyo total, alrededor de 13 por ciento se referían a la desaparición forzada de personas, y el gobierno federal contabilizó de diciembre de 2006 a finales de 2010 un total de 34 mil 612 ejecuciones”.
Treinta activistas desaparecidos

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Nacidos en la Tempestad, entre decenas de ONG, relataron a la misión de la ONU que en este gobierno “las desapariciones han proliferado, y muchas se registran por la prensa como levantones, que por lo regular no son sujetas a investigación policial”.

Refirieron: hemos registrado 30 casos de desaparición forzada de defensores y defensoras de 2005 a febrero de este año, además de 165 actos de agresión.

En 1977 se constituyó en México la primera agrupación nacional dedicada a la lucha contra la desaparición forzada –el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados por Motivos Políticos–, que documentó 532 casos de desaparecidos entre 1969 y 1988, agregaron.

Destacaron en el informe que “no fue sino con el triunfo del Partido Accién Nacional en las elecciones presidenciales, en 2000, que se abrió la posibilidad de investigar los crímenes de Estado del pasado reciente, y en 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el primer intento serio por abordar el problema en la recomendación 26/2001 y el Informe sobre desaparecidos de la guerra sucia en la década de los 70 y principios de los 80”.

También se refirieron a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y su desaparición sin haber resuelto un solo caso de los que fueron denunciados en su oficina; al momento de su extinción contaba con 556 averiguaciones previas.

Las ONG relataron al grupo de trabajo que en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, de los 18 puntos resolutivos, el Estado sólo ha cumplido uno.

sábado, 26 de marzo de 2011

En Suiza, mexiquenses denuncian impunidad

Por Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch

A cinco años de represión policial en Atenco, las víctimas ratifican en Suiza su reclamo de justicia. Denuncian “una impunidad total en el caso” en el que hubo dos muertes, 200 personas fueron objeto de detenciones arbitrarias y tortura, amén de ataques sexuales contra 24 mujeres.


Al reconocer que en México “tenemos aún retos importantes” en materia de derechos humanos, las autoridades esperan poner coto a la situación mediante una “histórica” modificación constitucional que otorga máxima jerarquía a la defensa de esas garantías.

“Como el de Atenco, hay muchos casos muy serios”, conviene el representante permanente de México ante los organismos internacionales, con sede en Ginebra, Juan José Gómez Camacho.

“Tenemos aún retos importantes en materia de derechos humanos y muchos tienen que ver con limitaciones en la legislación vigente” , añadió el diplomático en entrevista con swissinfo.ch.

El representante mexicano subraya que para poder garantizar el respeto a esos  derechos fundamentales, el Gobierno de su país emprendió una reforma constitucional calificada de “histórica” por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y que, aprobada por el legislativo nacional, podría entrar en vigencia a finales de año tras su ratificación por parte de las legislaturas estatales.

Para nuestro interlocutor, las deficiencias de las regulaciones actuales radican en el hecho de que el sistema penal no toma suficientemente en cuenta los derechos humanos, además de que existe una inadecuada articulación entre la justicia federal y las de los estados.

Ambos factores habrían incidido en la demora para hacer justicia en el caso Atenco.

Acometida policial

“Los hechos datan de los días 3 y 4 de mayo del 2006, cuando más de 2.000 policías, tanto del Estado de México como federales (la autoridad central niega la participación de éstos últimos) incursionaron en las poblaciones de Texcoco y San Salvador Atenco y cometieron una serie de violaciones de los derechos humanos contra la población civil que se manifestaba en defensa de derechos legítimos”.

En entrevista con swssinfo.ch, Jacqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que acompaña a las víctimas, señala lo anterior y añade que 200 personas fueron detenidas, todas las cuales denunciaron torturas y 26 mujeres fueron violentadas sexualmente.

“Ya son cinco años en que se han intentado muchísimos remedios jurídicos, incluidas denuncias ante la Procuraduría General de la República –especialmente a través de su fiscalía especializada en investigación de delitos violentos contra las mujeres- pero hasta la fecha el balance es muy desfavorable y la impunidad ha prevalecido”.

En ese contexto, la representante de la ONG mexicana viajó a Suiza junto con una de las víctimas, Italia Méndez, para solicitar el concurso de organismos multilaterales  (el Comité Internacional contra la Tortura y la Comisión de Derechos Humanos) en la demanda de justicia y para dar a conocer al público local el estado de las cosas:

“No hay una sola condena contra los agresores. Por el contrario, los manifestantes si enfrentaron procesos penales injustos, acusados de distintos delitos como ataques a las vías de comunicación y “secuestro equiparado” y estuvieron presos. Los últimos salieron apenas en 2010”.

Testimonio del vía crucis

“En un primer momento tuvimos gran dificultad para presentar nuestras denuncias. Cuando llegamos al penal, pedimos tener acceso inmediato a una agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales. Nos preocupaba mucho nuestra situación de salud. Había compañeras muy lastimadas, con desgarres vaginales”, narra Italia Méndez.

Solamente al cabo de varios días pudieron presentar denuncia. Asienta nuestra interlocutora que más tarde pudieron radicar por fin el caso en la Procuraduría General de la República, pero tampoco obtuvieron respuesta .

“La metodología del Estado ha sido ha sido el desgaste y la re victimización de las mujeres que nos presentábamos a los interrogatorios (…) como víctimas hemos pasado por un vía crucis para poder continuar con las denuncias, para mantener activo el caso”, refiere.

Por ello, de las 49 mujeres detenidas durante la represión, 24 de las cuales fueron agredidas sexualmente, solamente 11 siguen la lucha por denunciar su caso. Una lucha por una justicia escurridiza en un contexto de violencia sin límite:

Italia recuerda la consternación que le provocaron las palabras del comisionado para la Seguridad Pública del Estado de México, Wilfrido Robledo, hace cinco años, cuando denunciaron los hechos.

“Dijo que ninguna mujer que hubiera sufrido lo que decimos que había ocurrido, se atrevería a decirlo públicamente…”

Entonces, concluye, “la apuesta del Estado es a que guardemos silencio. Nosotros hemos querido mantener una posición digna y devolver la responsabilidad al Estado que es el que cometió esos hechos”.

Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch

jueves, 24 de marzo de 2011

COMUNICADO DE ANANIAS LAPARRA MARTÍNEZ

Tapachula chiapas excrito oy 4 de marzo del año 2011
Sentenciado 28 y 7 meses y 15 dias
ANANIAS LAPARRA MARTINES denuncia a carta abierta
Juzgado 1 penal CERESO 3
A la sociedad civil
A los medios de comunicación
A los presos y presas inocentes
A las organizaciones de Derechos Humanos
A las ONG´s (organización no gubernamental de Mexico)
Yo ANANIA LAPARRA MARTINES preso inocente
Llo no soy preso político ni tampoco soy
Líder pero las circunstancia me obligan
Ha defender mis derechos como un
Rebolucionario y que lucha por lo que bale
De su libertad y de la vitoria
Tambien pido que me escuchen en Tapachula Chiapas
Tanbien que me escuchen en las comunidades
De la rejion del Soconusco mi denuncia.
Tanbien que me escuchen en todos los payces del
MUNDO que llo soy inocente
De los ceparo del palacio viejo de Tapachula
No me tomaron declaración
Fui maltratado por tortura sancrientas y
Dolorosas: me amarraron las manos y vendándome
Los ojos poniéndome bolsa plástica en la cabeza
Para pegarme y aficiarme
Me debiaron el vuezo de mi nariz
Me icieron firmar un papel
Dijeron lla techingastes cabrón
Denuncia publica a carta abierta
Yo ANANIAS era avecindado en Salvador Urvina municipio de cacahuatán
Chiapas, hay trabajaba de canpecino en la cosecha y corte
De café: como el salario es muy barato me trasladaba
Ha la ciudad Tapachula Chiapas
Para trabajar de albañil y solventar los gastos ha
De mi familia
Llo salía a lugares lejos quedándome a (…)
Y quedaba sola mi familia por el echo de cer pobre.
El dia 10 de oct del 99: yo ananias fui a mi casa
Para dar gasto y estar con mi familia estuve
Lunes y martes el miércoles temprano rrecrece
Para mi trabajo
Estaba trabajando en la 6 privada oriente
En veces no iva a casa por no tener dinero para estar
Con mi familia en mi comunidad
Me quedaba a dormir en la central sur y 15 oriente
También me quedaba en casa de mi madre
Eva martines Nolazco tercera sur
Llo ananias estaba trabajando en la 6 privada
Oriente me sacaron con mentiras y engaños
Diciéndome estas detenido por muerte me subieron
Ha un carro necro y me lleve una sorpresa
Porque estaban presos mis hijos eran menores
Jose ananias laparra godinez julvia rocio laparra godinez
Hay comenso mi tormento por los chicos malos
Exp 273 oct 14 del 1999
Juzgado 1 penal sentenciado 28.7 y 15 dias
CERESO 3
ANANIAS LAPARRA MARTINES EXCRITO
Tapachula Chiapas oy 4 marzo del 2011
De los separos me llevaron a mi casa
Y me tomaron foto y también en el terreno de
Salustrio diaz me tomaron foto: excrito denuncia
Pero no hay cuerpo del delito orcizo ho del muerto
Eriztarco DIAZ: el dice que llo mate de
5 machetazos a ELVIS DIAZ martines preso político
El MEDICO FORENSE DA FE
Que muere en la presa hoballe Cecilia ogado
Durante mi proceso: Lic. Liliana Robledo torres
Ella le dijo ha mi familia: que me iva ir libre
Pero ella se vendió por dinero.
El periodista del orves ALBARO ISLA ERNANDEZ
El iso el foto montaje el dia 11 oct 99
ANANIAS: lucha como un revolucionario por la vitoria de
Testigos de mi defensa y su libertad
Juan Servando agilar: panfilo morales mejia
Jose Belisario fuentes: Eva Martinez Nolazco
Bruno Melendez Flores: Carlos Zepeda Crajales
El DOCTOR RAUL ESCARMIENTO CARDENAS
DONATO VELA RODAS el comandante Miguel Angel Castañon
ALBARO ISLA ERNANDEZ: por ellos comenso mi tormento de chicos malos
A la codiedad civil: A los medios de comunicación
A los presos y presas inocentes
A Las organizaciones de Derechos Humanos
ONG Organización no gubernamental de México
Preso político
Por el echo de havusos de las autoridades
Los presos y compañeras presas
Que estamos en las cárceles
Del estado de Chiapas
Nosotros sufrimos de alcunas enfermedad
Por el echo de no aver medicinas
Ni tanpoco no hay atención medica
Hay presos que mueren por mucha craza
Hay presos que sufren porque son llabeticos
Por el echo de ser pobre inocente
Estoy secuestrado por autoridades
Que no tienen conocimiento de lo que decenpeñan
Fecha 14 oct del Año 99
Juzgado 1 penal Tapachula Chiapas
ANANIAS LAPARRA MARTINES




La CIDH evaluará la seguridad ciudadana y la violación de derechos en México

Washington, 24 mar (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará el próximo lunes 28 la seguridad ciudadana y la violación de derechos en México desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder en 2006.

Así lo explicaron hoy en una conferencia de prensa telefónica representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la entidad que solicitó esta audiencia junto con veinte organizaciones mexicanas de defensa de los derechos humanos.

La CIDH escuchará estas denuncias en el marco de su 141 periodo de sesiones, que comenzó el pasado lunes y se prolongará hasta el primero de abril.

Este organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) escuchará las denuncias de las organizaciones de derechos humanos en México, que estiman que se han producido más de 35.000 asesinatos relacionados con el crimen organizado desde que Calderón llegó al poder e inició su guerra contra el narcotráfico, y que estas muertes no han sido investigadas de manera suficiente.

"La respuesta militar de Calderón ha generado más violaciones de derechos humanos, de modo que tan sólo en un año la CIDH ha recibido más de 1.000 denuncias contra el ejército", dijo la directora del programa de CEJIL en Centroamérica y México, Alejandra Nuño.

Nuño denunció asimismo que en México "continúan" las torturas y las detenciones arbitrarias, así como que los defensores de derechos humanos sufren amenazas e intimidaciones.

La audiencia sobre la seguridad en México es una de las 17 que CEJIL llevará a la CIDH en este periodo de sesiones.

Entre ellas, destacan las que versarán sobre las deportaciones en EE.UU., la situación de los defensores de derechos humanos en el continente americano, y los derechos políticos en Nicaragua.

El próximo sábado se celebrará una reunión de trabajo privada para analizar el caso de Wayne Smith y Hugo Armendáriz, dos inmigrantes que fueron expulsados de EE.UU. por haber cometido delitos y separados de sus seres queridos.

La CIDH ya se pronunció sobre este caso en agosto de 2010, cuando determinó que las deportaciones de EE.UU. violan los derechos de los niños y de las familias.

Lo que CEJIL pretende ahora con esta nueva reunión es que EE.UU. adopte las recomendaciones de la Comisión, donde se le instaba a adaptar sus leyes de inmigración a los estándares internacionales para evitar incurrir en una violación de derechos humanos.

Otra de las audiencias más significativas de la CIDH será la consagrada a analizar la situación de los defensores de derechos humanos en el continente, donde continúan siendo víctimas de amenazas e intimidaciones que en algunos casos, denunció CEJIL, terminan en ejecuciones.

Las organizaciones de derechos humanos que solicitaron esta audiencia aseguraron que han constatado que este tipo de situaciones se dieron en Honduras, Colombia, Guatemala y México en los dos últimos años.

Por otra parte, la CIDH también tratará en su periodo de sesiones la situación de los derechos políticos en Nicaragua, país que registra importantes violaciones a la libertad de expresión, según denunció Nuño.

"Asistimos a un escenario preocupante: amenazas de muerte a periodistas, suspensión de canales críticos con el Gobierno, hostigamientos contra la sociedad civil, y represión contra todo aquel que exige transparencia al Ejecutivo", concretó Nuño.