viernes, 25 de febrero de 2011

En México secuestran a 62 migrantes por día

MÉXICO DF, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 62 migrantes son secuestrados a diario en México, según cifras de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ha expresado su preocupación por los peligros que deben afrontar miles de ciudadanos latinoamericanos que utilizan ese país como territorio de paso en su camino hacia Estados Unidos.

De abril a septiembre del año pasado un total de 11.333 migrantes fueron secuestrados en varios estados de México. Muchos de ellos sufrieron diversos agravios como maltrato, tortura, violación sexual y, en casos extremos, fueron asesinados.

Según los datos de la CNDH, en ese período se registraron alrededor de 214 secuestros masivos, en los que presuntas mafias lograron privar de su libertad a un promedio de 52 personas, señala el informe presentado el martes y reseñado por medios locales.

La CNDH ha expresado su preocupación por el aumento exponencial de los ataques contra migrantes provenientes en su mayoría de Centro y Sudamérica, en comparación con el período correspondiente a septiembre de 2008 y febrero de 2009 cuando fueron secuestrados 9.758 'sin papeles'.

La comisión considera que "no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices de secuestro", a pesar de los insistentes reclamos de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, cuyos connacionales son víctimas de las mafias unas vez que llegan a México de manera irregular.

El 44,3 por ciento de las víctimas son hondureños, el 16,2 por ciento a salvadoreños, el 11,2 por ciento a guatemaltecos, 5 por ciento son cubanos, 4,4 por ciento nicaragüenses, 1,6 por ciento colombianos y un 0,5 por ciento ecuatorianos, entre otras nacionalidades.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca son los estados que encabezan la lista con el mayor número de casos. El informe señala que el 67.4 por ciento de los secuestros de migrantes ocurrieron en el sureste de México, mientras que el 29,2 por ciento en el norte y el 2,2 por ciento en el centro. Al resto de los casos no se les pudo precisar su ubicación.

La mayoría de estos hechos son atribuidos a bandas del crimen organizado, pero según ha informado el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, inmigrantes centroamericanos estarían al servicio de estos grupos delictivos.

Las mafias buscan a centroamericanos "para que ellos mismos se infiltren con los migrantes, les digan quién les está mintiendo, quién tiene familiares, quién cuenta con recursos en su país de origen o en algún otro país", ha explicado Plascencia.

Plascencia ha hecho un llamamiento los organismos de seguridad y de justicia de México a diseñar estrategias para prevenir estos hechos y procesar a los responsables de los delitos. En el informe, la CNDH presenta 28 recomendaciones al Gobierno de Felipe Calderón para actuar ante esta delicada situación.

"La Comisión encontró medidas aisladas. Hace falta coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir este delito a nivel federal, estatal y municipal", ha insistido.

Presentan 22 quejas por tortura contra la Marina

Las denuncias serán enviadas a la CNDH, afirma el ombudsman colimense; reitera que hubo violación a las garantías y tortura contra los elementos de la policía judicial

COLIMA, Col. | Lunes 21 de febrero de 2011 Alfredo QUILES/Corresponsal | El Universal
16:30

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha integrado 22 expedientes, la mayoría de ellas por tortura, que presentaron elementos de la Policía de Procuración de Justicia detenidos el pasado 15 de febrero en un operativo sorpresa realizado por la Secretaría de Marina Armada de México y liberados por la SIEDO el pasado jueves por la noche.
 
El ombudsman colimense, Roberto Chapula de la Mora, dio a conocer que esos expedientes serán enviados en el curso de la semana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue, una vez que dicho asunto es de competencia federal al tratarse de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Chapula de la Mora destacó que las quejas fueron presentadas por los agentes judiciales detenidos, que fueron liberados recientemente, y quienes se quejaron de haber sido torturados y forzados a firmar declaraciones.

Chapula de la Mora indicó que "un médico confirmó huellas de tortura en los cuerpos de los agentes, de quienes dijo les dejaron los glúteos amoratados, como ciruelas españolas".

Asimismo, afirmó que los agentes están en libertad de presentar denuncia penal ante el Ministerio Federal por tortura, lesiones y abuso de autoridad, pues los elementos de Marina se los llevaron sin orden de ningún juez.

Mencionó que el arraigo de los judiciales que siguen a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), podría durar 40 días o más.

Por su parte, el delegado estatal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Abraham Méndez Palomares, acusó a la procuradora de Justicia de la entidad, Yolanda Verduzco Guzmán, y al titular de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, Jaime Mejía Michel, de no actuar conforme a derecho en el operativo en donde fueron detenidos y para quedar en calidad de "presentados" 36 elementos de la Policía de Procuración de Justicia, de los cuales 23 permanecen arraigados.

Comentó que esta situación es grave y dijo esperar que la Comisión estatal de Derechos Humanos, a cargo de Roberto Chapula de la Mora, turne el asunto a la Comisión Nacional, para que apoye a los judiciales en este abuso, porque primero deben investigar y después ordenar un arraigo: "Aquí estamos al revés, primero llegan, los levantan, los arraigan, y luego los investigan, la Constitución es clara: primero se debe investigar y luego en su momento, cuando haya por lo menos presunciones, se debe solicitar el arraigo, lo cual no es el caso".

Asimismo, la Procuradora General de Justicia de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, dijo que los elementos de la dependencia a su cargo que fueron liberados al no están implicados en actos de corrupción, ni coludidos con la delincuencia organizada, serán reingresados a sus puestos de trabajo.

Explicó que este fue un compromiso del gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno y destacó que según la Ley de Seguridad Pública causan baja los elementos de seguridad aunque no esté comprobada su implicación en la comisión de delitos; "sin embargo, en este caso se está haciendo un compromiso con ellos y no se les ha dado de baja hasta que no se compruebe su culpabilidad".

Finalmente, apuntó que la principal instrucción del gobernador Mario Anguiano Moreno es que la Procuraduría General de Justicia llegue a ser la más eficiente del país, "y en eso estamos trabajando, en implementar nuevas tecnologías, como la averiguación previa electrónica, en donde si usted es víctima de la comisión de un delito desde la comodidad de su casa podrá hacer la denuncia, que podrá ratificar y ampliar vía electrónica con fechas. Hacia allá vamos, y lo vamos a lograr".
jdm

viernes, 11 de febrero de 2011

Urgen a México cumplir sentencias de CIDH

Amnistía Internacional pide que se de cumplimiento a lo dictado por la Corte en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas violadas y torturadas por militares

Ciudad de México | Jueves 10 de febrero de 2011
Miguel Ángel Sosa
El Universal19:16
miguel.sosa@eluniversal.com.mx
Amnistía Internacional urgió a las autoridades mexicanas a cumplir íntegramente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas violadas y torturadas por el Ejército Mexicano en 2002.
La sentencia es inapelable y es de cumplimento obligatorio por parte del Estado, dijo el colectivo.

"El gobierno de México reconoció formalmente su obligación de cumplir con la sentencia pero se ha resistido en implementar las medidas designadas por la Corte", explicó en un comunicado.

La organización internacional detalló que el viernes pasado, autoridades mexicanas cancelaron la inauguración de una mesa de trabajo programado para el 8 de febrero con las mujeres y sus representantes con el fin de acordar e implementar los mecanismos para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana.

"La decisión de cancelar la reunión prevista con los peticionarios sin explicación adecuada o fechas alternativas es otra señal de la falta de compromiso real por parte de las autoridades de cumplir con las sentencias de una corte internacional y respetar los derechos humanos," dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
Entre los requerimientos incluidos en las sentencias se encuentra el de transferir ambas investigaciones de los casos de la justicia militar a la justicia ordinaria.

"Las sentencias de la Corte son claras en señalar la incompetencia del sistema de justicia militar en investigar y enjuiciar las violaciones de derechos humanos ya que consideran que forma un obstáculo insuperable para lograr justicia", dijo AI.
Amnistía Internacional explicó que en las sentencias emitidas en octubre de 2010, la Corte Interamericana constató la responsabilidad del Estado mexicano en la violación y tortura de Inés Fernández y Valentina Rosendo y ordenó una serie de medidas que debía tomar para reparar el daño.

Las sentencias también requieren, dijo, reformas legislativas para garantizar que todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas sean investigadas y procesadas en la justicia ordinaria.
spb

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sábado, 5 de febrero de 2011

Informe especial del Centro Fray Bartolomé de Las Casas

Violaciones a derechos humanos en el Sistema Carcelario en Chiapas

Durante el 2010 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (en adelante Frayba) recibió 17 denuncias de presos/as y familiares, firmadas por un total de 2 mil 142 personas. Asimismo, se han documentaron los testimonios de 24 familiares de presos/as que denuncian diversas acciones y omisiones que funcionarios encargados de los Centros Penitenciarios ejercen, predominando la afectación directa a mujeres, niños y niñas que son sometidas a tratos crueles inhumanos y degradantes al momento de ingresar a las cárceles para visitar sus familiares.

En el transcurso del 2010, el Frayba ha recibido denuncias de preso/as y de familiares de éstos sobre tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, así como tortura, que viven a diario en los Centros Penitenciarios del estado de Chiapas en los municipios de Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Motozintla, Pichucalco, Ocosingo, Tonalá y San Cristóbal de Las Casas.

El  gobierno del estado de Chiapas incumple su obligación de garantizar y proteger la vida, así como la integridad física y psicológica de las personas ahí recluidas.

El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos enuncia que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

Este mismo principio está contemplado en otros instrumentos Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros.

Independientemente de los delitos que hayan cometido los reclusos, estos derechos son inderogables y no pueden ser restringidos por argumentos de seguridad o peligro. El hecho que hayan sido condenados por delitos no significa que han de ser privados de derechos que se garantizan a todas y todos1. Las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos
por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral.

Las principales violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas son:
· Hacinamiento;
· Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes producto de la violencia y las malas condiciones de detención;
· Infraestructura y condiciones higiénicas y sanitarias deficientes;
· Falta o insuficiencia de atención médica;
· Escasez y/o inadecuada calidad de alimentos;
· Inseguridad jurídica de las personas privadas de su libertad incluyendo la falta a un recurso efectivo ante la ley;
· Falta de acceso a la educación, trabajo y recreación;
· Traslados forzados;
· Desnudez forzada;
· Violencia sexual.