domingo, 30 de enero de 2011

Comunicado en solidaridad con Ananías Laparra


TAPACHULA  CHIAPAS  A 27  DE ENERO DE 2011.

A LA  OPINION PÚBLICA
AL ESTADO MEXICANO 
A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
AL CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
A LOS ONG s DE DERECHOS HUMANOS

P  R  E  S  E  N  T  E

Debido a que en los últimos años se ha propagado en nuestro país una gran campaña de odio, emanada desde grupos elitistas en el poder; sobre todo en contra de los presos, ya que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, desapareció su otrora Visitaduría en Asuntos PENITENCIARIOS; que los medios de comunicación oficialistas han convencido a gran parte de la sociedad que TODOS los que sobreviven en las cárceles de México merecen como mínimo la pena de muerte; apreciación lamentable y fuera de la realidad, pues siguen existiendo PRESOS INJUSTAMENTE, PRESOS POLITICOS Y PRESOS DE CONCIENCIA.

El señor  ANANIAS LAPARRA MARTINEZ, hombre de campo, trabajador, que aprendió a leer y a escribir en prisión, fue privado de su libertad ilegalmente desde 1999, internado en el Centro Estatal de Reinserción Social Para Sentenciados número 3 de esta ciudad, acusado de un delito que no cometió, padeció de la practica mas endémica ejecutada cotidianamente por los cuerpos policiacos del país y de nuestra entidad; la TORTURA física y moral; sometido a un indebido juicio penal, con faltas al debido proceso fue sentenciado a 28 años, siete meses y quince días de condena, según el expediente penal número 273/99 del Juzgado Primero Penal del Soconusco; por lo que a la fecha el estado le ha robado  ONCE AÑOS TRES MESES, de su vida.
Don Ananías, se ha esmerado por mantener su núcleo familiar lo que le ha resultado casi imposible, pues la cárcel es lo primero que devora, su señora esposa y su hija que son las que con admirable lealtad lo visitan cuando pueden; literalmente viven de la caridad de personas bondadosas, trabajando afanosamente para poder ayudar a su ser querido que permanece en prisión; ellos sufren una verdadera desgracia, por lo cual merecen todos nuestros respetos.
Pero la desgracia más grande que padece este hombre es su tenas y testaruda firmeza en sostener su inocencia, y  esto lo ha convertido en una amenaza para las instituciones que tienen que ver con el caso, que ahora argumentan que solamente se han concretado a desestimar sus pruebas de descargo y a otorgarle una sentencia condenatoria por consigna. El caso del señor  ANANIAS LAPARRA MARTINEZ,  está perfectamente documentado desde hace varios años, por diferentes Organismos No gubernamentales de Derechos  Humanos tanto nacionales como del extranjero y además desde la óptica de los diferentes instrumentos internacionales; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas y Degradantes, la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de su Libertad; este es un caso típico de la creciente impunidad y corrupción en que se encuentra inmerso nuestro aparato de Justicia, muy en especial  el Sistema Penitenciario local.
Es importante señalar que la autoridad carcelaria, ha implementado como método coercitivo hacia la población penitenciaria; los TRASLADOS FORZOSOS, que sin duda es un método de Tortura, y que los funcionarios estatales, en especial el licenciado GUSTAVO FRANCISCO FERREIRA JIMENEZ, insiste en negar, al grado que el día 16 de diciembre de 2010, en el periódico “ Cuarto Poder “ declaro públicamente “ No es un castigo, sino un privilegio; estarán en libertad y con su familia “, con el encabezado  “ Van 43 paisanos a las Islas Marías “; tomando en cuenta que el último traslado FORZOSO de reos a esa colonia federal, fue ejecutado en los años 1996-1997, por el entonces encargado de los penales de Chiapas, Licenciado FERNANDO REYES CÓRTEZ, y que fue un verdadero fracaso, por un sinfín de vicisitudes, que tiene este tipo de movimiento de seres humanos cuya idiosincrasia jamás ha sido tomada en cuenta; lo único que anhela cualquier persona en prisión es poder ver a sus seres queridos, que por lo general son personas humildes, pobres, que no tienen recursos – por eso están en la cárcel – que nunca han salido de la entidad y que para ellos las “ Islas Marías “ es, literalmente, otro mundo. Esto además, fue una cortina de humo, pues al mismo tiempo, el denominado “Grupo Lobo “de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, ejecutó TRASLADOS FORZOSOS, a otros penales del estado, a diferentes grupos de internos; como Playas de Catazaja y Motozintla, que ahora ocupan el título de “Cárceles de Castigo “; pero ante la negativa del Primer Inspector GUSTAVO FERREIRA, la realidad es otra… “Pues claro que el Estado Tortura. ¿Pero que se habían creído ustedes que era un Estado?
No existe en México una verdadera documentación médica y forense de la Tortura, y tampoco en Chiapas; el diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, paralelo a la construcción de un aparato de Derechos Humanos dentro de los organismos del Poder Ejecutivo, siempre con recursos insuficientes, aunque eficaces para la exoneración de los policías y el ejército, esto cuando son acusados de cualquier tipo de abuso, solamente  refuerza la impunidad.
El Protocolo de Estambul, documento no vinculatorio, sino solo una herramienta para documentar la Tortura, que sería de gran utilidad para este Honorable Consejo Estatal que dignamente lo integran ustedes, además de darlo a conocer a los cuerpos policiacos de la entidad, al Ejército destacamentado en la región, a los funcionarios penitenciarios, esto para humanizar el servicio público.
A pesar que el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, es considerado por algunos políticos en nuestra nación como “ riesgoso “ para los cuerpos policiacos, también debería difundirse dentro de las esferas de la función pública.
Tenemos conocimiento que el Estado Mexicano ha firmado varios pactos y protocolos, entre ellos el Protocolo Facultativo Para Prevenir la Tortura; este ya en funciones decretó que el mecanismo nacional para prevenir la Tortura, estaría a cargo de la “cuarta visitaduría “de la COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CNDH, ignorando y dejando a un lado a los Organismos No Gubernamentales que hicieron labor de cabildeo por años.
En su momento Soraya Long, Directora General para América Latina del Centro de Justicia y Derecho Internacional CEJIL, declaró que en México aún persiste la Tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y la violencia contra la mujer, “elementos que colocan a México como un país contradictorio, pues mientras a escala internacional es un paladín de los Derechos Humanos, en su realidad interior no hay cambios sustanciales en la materia “.
Insistimos en Chiapas no existen datos documentados sobre la Tortura, y en sus cárceles, esta tarea es complicada; la labor de la desaparecida Comisión Estatal de Derechos Humanos dejo mucho que desear, los presos, los indígenas y las clases más marginadas no fueron su prioridad.
A nivel federal, en lugar de abolición de la Tortura; hay más ejército en las calles derramando sangre y muchas veces de civiles “ Mátalos a todos, Dios reconocerá a los suyos “—El mensaje es el miedo --; más cárceles de máxima seguridad – doce en este sexenio – y mas Tortura en estas prisiones de alta seguridad y obviamente en las estatales, en las ilegales casas de seguridad o de arraigo a cargo de los cuerpos policiacos, más impunidad con leyes ambivalentes que protegen a los viejos y nuevos perpetradores, mas circo y menos pan.
El COMITÉ LAPARRA, trata con justa razón de buscar lo más pronto posible la libertad del señor ANANIAS LAPARRA MARTINEZ, mientras tanto la Autoridad correspondiente únicamente señala que son asuntos ya resueltos “ apegados a derecho “ y con el pretexto de las reformas al sistema carcelario en Chiapas, lapidan aun más la dignidad de los que como Ananías, poseen un concepto de justicia diferente al del resto de la población carcelaria, por lo tanto es un caso LATENTE para el Gobierno en sí, y  les pediríamos, con todo respeto, en nombre de este Centro, se pronuncien a favor de las acciones que han tomado las diferentes Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos, para buscar la manera jurídica de la pronta libertad del compañero aludido; con conocimiento y análisis del caso.
Reiterando nuevamente nuestros más profundos respetos, quedamos a su consideración.
Gracias.
LUIS REY GARCIA VILLAGRAN
CENTRO DE DIGNIFICACION HUMANA A.C.
AV. 14 DE SEPTIEMBRE No. 17
FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II
TAPACHULA CHIAPAS C.P. 30780
TEL. Y FAX 01 962 64 25013
CELULAR 044 962 62 44 189.

lunes, 24 de enero de 2011

Tortura sigue siendo problema generalizado en México: HRW

INFORME MUNDIAL 2011

El informe de 649 páginas, el vigésimo primer examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume las principales cuestiones de derechos humanos en más de 90 países y territorios, lo que refleja el extenso trabajo de investigación que Human Rights Watch llevó a cabo en 2010.

Respecto al sistema de justicia penal en México, la organización internacional de derechos humanos señaló lo siguiente:

El sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y de violaciones de derechos humanos. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y prácticas abusivas por parte de policías sin ningún tipo de rendición de cuentas.

La tortura continúa siendo un problema generalizado. Uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante torturas u otros malos tratos. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.

Más del 40 por ciento de los reclusos en México no han recibido nunca una condena por los delitos que se les atribuyen. En lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación de las cárceles, lo cual, a su vez, genera condiciones inhumanas, insalubres y peligrosas. En enero de 2010, 23 presos fueron asesinados durante una riña en una cárcel con sobrepoblación en Durango.

Los internos son objeto de abusos por parte de guardias, y es común que se les deniegue atención médica adecuada, especialmente entre las mujeres. Con frecuencia, los niños son detenidos en condiciones deficientes en delegaciones policiales y otras instituciones.

En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, e incluye medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia en la Constitución. El gobierno tiene plazo hasta 2016 para implementar la reforma.

Actualmente, sólo unos pocos estados han implementado cambios de fondo.

Además de estos aspectos positivos, la reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo, que permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de ser acusadas de un delito. Esta potestad es incompatible con las obligaciones de debido proceso de México conforme al derecho internacional.

jueves, 20 de enero de 2011

Denuncian abuso sexual contra familiares de presos en Chiapas

Revisiones forzadas en genitales y tratos denigrantes

Por Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, 19 ene 11 (CIMAC).- Familiares de internos de al menos tres penales en el estado de Chiapas denunciaron violencia sexual y psicológica en su contra, por parte de custodios y directivos de los reclusorios.

Acusaron que mujeres y niñas son víctimas de revisiones forzadas en su área genital para poder visitar a sus familiares.

El 4 de agosto de 2010, por portar su traje tradicional a Rosaura se le impidió la entrada para visitar a su familiar interno en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados de Chiapas (CERSS) número 15, en el municipio de Copainalá.

El 10 de octubre del mismo año, Reina fue a visitar a su esposo al CERSS número 6, en el municipio de Motozintla. Relató que fue obligada a desnudarse, a asumir posturas forzosas y a una revisión en sus genitales.

También contó que fue objeto de injurias por parte de dos mujeres y el comandante de custodios. Además, añadió, le robaron 170 pesos con el argumento que se prohíbe introducir dinero al penal.

“Cuando entré a revisión (dos guardias mujeres) me dijeron que me quitara la blusa, el sostén, el pantalón y la ropa interior. Después me dijeron que pusiera mis dos manos en la cabeza y que hiciera 10 sentadillas. Le pregunté a la guardia que eso quién lo había ordenado y me dijeron ‘esta es la ley que están ordenando (el gobernador de Chiapas) Juan Sabines y (Felipe) Calderón; así debe ser la revisión’. Una (custodia) estaba viendo mi parte de adelante y la otra me veía las nalgas por atrás”, denunció Reina.

Por su parte, Rosaura dijo que el director del CERSS 15, Martín Toledo Fernández, así como el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Francisco Ferreira Jiménez, niegan la entrada de alimentos y restringen el horario de visita a los familiares, quienes -aseguró- son objetos de chantaje para obtener alguna concesión por parte de otros mandos como Nefer Peña Santiago y Laura Córdova Guzmán.

Las mujeres denunciantes explicaron que internos han recolectado firmas para exigir que cesen los abusos de las autoridades penitenciarias en Chiapas.

“A nuestros familiares no les dan permiso para realizar llamadas, ni siquiera ingresar cuadernos, papel o plumas, porque el director dice que no quieren que escribamos o llamemos a Derechos Humanos para quejarnos; nos extorsionan por la cantidad de 10 mil pesos para que los internos puedan salir a las áreas verdes del penal”, afirmó Perla, esposa de un recluso.

El 23 de septiembre de 2010, en el CERSS número 11, en el municipio de Pichucalco, Jerónima y Patricia, esposas de dos internos, fueron obligadas a una revisión vaginal para poder visitar a sus familiares.

En 2010, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recibió 17 denuncias de familiares y presas y presos (respaldas con más de 2 mil firmas) sobre penas crueles, tratos inhumanos y degradantes en los Centros Penitenciarios de los municipios de Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Motozintla, Pichucalco, Ocosingo, Tonalá y San Cristóbal de Las Casas.

Para el Centro, el gobierno de Chiapas incumple su obligación de garantizar y proteger la vida, así como la integridad física y psicológica de las personas recluidas.

La organización humanitaria documentó además testimonios de 24 familiares de presas y presos que denunciaron agresiones directas contra mujeres, niñas y niños que fueron y son sometidas a tratos crueles inhumanos y degradantes al momento de ingresar a las cárceles.
 
Ante esta situación el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha considerado que deben de cesar de inmediato los tratos crueles, inhumanos y degradantes y los actos de tortura que prevalecen en las prisiones del estado de Chiapas.

También ha exigido una investigación pronta y efectiva de los funcionarios de todos los niveles que están cometiendo estas violaciones a los Derechos Humanos, y exigieron hacer pública la situación real de las prisiones en Chiapas y que se permita a observadores nacionales e internacionales verificar el estado y condiciones de las mismas.

11/PCH/RMB/LGL

 

viernes, 14 de enero de 2011

Acción Urgente por amenaza a Defensora DH en Oaxaca

 
- La serie de amenazas de muerte y acoso a que está siendo sometida y que tienen como finalidad obligarla a dejar de defender a víctimas de tortura y procesamiento infundado en el estado de Oaxaca.
La abogada mexicana de derechos humanos Alba Cruz ha recibido un nuevo mensaje de texto intimidatorio en su teléfono móvil. Esto forma parte de la serie de amenazas de muerte y acoso a que está siendo sometida y que tienen como finalidad obligarla a dejar de defender a víctimas de tortura y procesamiento infundado en el estado de Oaxaca. Su vida puede correr peligro.

El 11 de enero, a las 11:33 de la mañana, Alba Cruz recibió en su teléfono móvil un mensaje de texto que incluía la siguiente frase: “sabemos mas de tus protegidos que tu cuantos pasos por cuadra […] no aceptaste lo que te ofrecimos […] ya bolvimos [sic]”. El mensaje se envió desde el mismo número de teléfono móvil que las amenazas contra ella y uno de sus defendidos.

Alba Cruz recibió mensajes de texto amenazadores el 26 de enero y el 11 de marzo de 2010. El 29 de enero de 2010, un desconocido la agarró del brazo cuando salía de su oficina, y le dijo: “cálmate pendeja, sería tan fácil llevarte”.

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que adoptara medidas para proteger a Alba Cruz. El gobierno ha acordado con la abogada la adopción de una serie de medidas pero, hasta la fecha, no le ha brindado una protección significativa, y los responsables de las amenazas y actos de intimidación contra ella siguen en libertad.
Alba Cruz ha representado a víctimas de tortura, malos tratos y procesamientos de motivación política en relación con las manifestaciones generalizadas y los abusos policiales ocurridos en el estado de Oaxaca en 2006.

Información adicional

En junio de 2006 estallaron protestas generalizadas en el estado de Oaxaca, en una campaña infructuosa por obligar al gobernador del estado a dimitir. La violencia política y las manifestaciones continuaron durante todo el año. Al menos 18 civiles murieron, 370 resultaron heridos y 349 fueron detenidos durante el conflicto. Hubo informes generalizados de uso de fuerza excesiva, detención arbitraria, tortura y presentación de cargos penales falsos contra manifestantes. En 2009, una investigación especial llevada a cabo por la Corte Suprema de México concluyó que debía exigirse responsabilidad a altos cargos del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis. Sin embargo, prácticamente ninguna autoridad federal, estatal o municipal responsable de los abusos ha rendido cuentas de sus actos. Alba Cruz y otros defensores y defensoras locales de los derechos humanos siguen haciendo campaña para que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos.

La defensa de los derechos humanos puede ser un trabajo muy peligroso en México. Decenas de activistas han sufrido amenazas de muerte, intimidación y acoso en los últimos años. Algunos han sido asesinados por hacer su trabajo. Los defensores y defensoras de los derechos humanos de México han pedido a las autoridades federales que adopten e implementen un mecanismo de protección efectivo y completo. Las autoridades han reconocido la importancia de adoptar tal mecanismo, y se han comprometido a hacerlo en numerosas ocasiones, pero hasta ahora no han cumplido su promesa.

Un nuevo gobierno estatal ocupó el poder en Oaxaca el 1 de diciembre de 2010. El nuevo gobernador, Gabino Cué Monteagudo, ha prometido abordar las cuestiones que, desde hace tiempo, suscitan preocupación en torno a los derechos humanos en el estado, incluida la situación de quienes defienden los derechos humanos.

Más información sobre AU 54/10 Índice: AMR 41/001/2011 Fecha de emisión: 12 de enero de 2011

Con Calderón, 61 defensores de Derechos Humanos asesinados

Por Nancy Flores*
En lo que va del gobierno de Calderón, 61 defensores y luchadores sociales han sido asesinados y al menos cuatro, desaparecidos. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad. Ante la violencia, el sistema interamericano ha dictado 158 medidas cautelares para más de 200 defensores, 107 de ellos radicados en Guerrero. El asesinato de Marisela Escobedo, en Chihuahua, se suma al lúgubre registro en el número 62.

Blanca recuerda el día que la fría boca de una pistola tocó su sien. Era el 18 de mayo de 2010, pasadas las seis de la tarde. “Me apuntaron con un arma en la cabeza. Si no me mataron en ese momento fue por el proceso electoral y porque nuestro caso estaba en el ámbito internacional”.

Esa intimidación en contra de la defensora de los derechos humanos en Tijuana, Baja California, había comenzado minutos antes. Blanca Mesina Nevarez circulaba en su automóvil en aquella ciudad fronteriza, cuando una camioneta pick up color negro, con vidrios polarizados y sin placas, comenzó a golpear por la parte de atrás su auto.

Ella intentó esquivar la agresión. Entró en el estacionamiento de un centro comercial. La pick up hizo lo mismo. Luego, acorraló el automóvil. Un hombre –“alto, moreno, de complexión robusta, encapuchado, vestido de negro”– descendió de la camioneta, se acercó a Blanca y le dijo: “Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar. Aquí hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar”.

El hombre retiró la pistola de la sien de Blanca, se inclinó hacia ella y le dio un beso en la mejilla. Se fue. Ese hecho, dice la joven, “nos obligó a salir”.
Mesina Nevarez y Silvia Vázquez Camacho, también defensora de los derechos humanos en Tijuana, cuentan seis meses de exilio y más de un año de repetidos acosos. La labor que ellas realizan en la frontera Norte del país consiste, entre otras cosas, en denunciar los abusos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas involucrados en la “guerra” contra el narcotráfico.

Ambas defensoras coadyuvan con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste en la documentación y seguimiento de las denuncias por tortura interpuestas por civiles y policías municipales de Tijuana en 2009. Éstos señalan como responsables de las vejaciones a elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la II Zona Militar, y a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del XIX ayuntamiento de Tijuana.

“Cuando empezaron las llamadas telefónicas, comencé a privarme de ciertas salidas. No mucho, porque me sentía hasta cierto punto segura. Pero, conforme se fueron denunciando los casos y una vez que Silvia viajó al Distrito Federal para visibilizarlos, se intensificaron las amenazas. Después fueron seguimientos que realizaban policías municipales; luego, civiles que estaban muy cerca de mi domicilio”, cuenta Blanca, hija de Miguel Ángel Mesina, policía procesado en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, por supuestos vínculos con el crimen organizado.

El 5 de noviembre de 2009, Mesina Nevarez dio su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos. Ese mismo día, su madre fue intimidada vía telefónica. En todo momento, Blanca sostiene que su padre, al igual que el resto de los policías, es inocente y que ha sido torturado y vejado por las autoridades militares.

A inicios de marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Blanca y de Silvia. Esta última recuerda que, antes de huir de Baja California, ambas viajaron al Distrito Federal, a la última reunión en la Secretaría de Gobernación, el 3 de junio, para que los gobiernos estatal y federal les brindaran protección.

La Comisión Mexicana “advirtió que si no nos protegían nos iba a sacar (de Tijuana) y que las autoridades asumieran el costo por no protegernos. Pero el gobierno de Baja California sólo decía que iba a mejorar y responsabilizaba a las víctimas, argumentando que no contestábamos el celular. Por nuestra parte, agotamos todo: presentamos denuncias, testigos; pero entre más íbamos, más nos hostigaban. El último hecho fue la pistola en la cabeza de Blanca. Ellos no hicieron nada. No reaccionaron”.

El caso de Silvia y de Blanca era atendido por la Unidad de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, cuyo titular en aquel entonces era Francisco Blake Mora, actual secretario de Gobernación.

Por medio del oficio DG/DH/018/2010, Blake Mora aseguraba a las organizaciones civiles que una de las prioridades del gobierno estatal es la salvaguarda y protección de la vida de los bajacalifornianos.

“A mí me seguían policías municipales en vehículos de los grupos especiales, que estaban a cargo directamente del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, el mismo que ha sido denunciado en cartas de puño y letra de las víctimas, donde se dice que él ordenó la tortura y que (Gustavo) Huerta ordenó la detención. Ellos son dos militares con licencia para trabajar en el municipio”, señala Silvia.

Leyzaola Pérez –exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, actual subsecretario de Seguridad Pública estatal, y quien fuera hasta el pasado 27 de noviembre y que fue sustituido por Gustavo Huerta, en la nueva administración municipal– descalificó las denuncias de Silvia y de Blanca, consta en el oficio 1217/SSPM/2010.

Defensores asesinados

Ni el compromiso de Blake Mora ni las medidas cautelares dictadas por el sistema interamericano evitaron que Silvia y Blanca tuvieran que exiliarse para proteger sus vidas y las de sus parientes. Además de estas dos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado otras 156 medidas de protección a más de 200 defensores mexicanos y algunos de sus familiares, entre enero de 2007 y noviembre de 2010.

El 67.7 por ciento de éstas se concentra en Guerrero, entidad ubicada en el Sur. Se trata de 107 medidas provisionales que la Corte solicitó al Estado mexicano, el 21 de abril de 2009, para igual número de defensores de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

“El ambiente de inseguridad, de violencia, se ha volcado en contra del trabajo de los defensores y defensoras. Esto se ve claramente en Ayutla de los Libres (Guerrero). Ahí, precisamente, están las organizaciones que tenemos medidas provisionales, es decir, ya no solamente son las cautelares que otorga la Comisión Interamericana, son las de la Corte para situaciones de alto riesgo, de riesgos graves e inminentes, pues se teme por nuestras vidas”, explica Abel Barrera, director de Tlachinollan.
Señala que “en lugar de arribar a un estadio más civilizado de respeto a las leyes y a los derechos humanos, a mayor documentación, a mayor rigor del trabajo que hacemos para demostrar las grandes violaciones, corremos mayores riesgos. Las y los defensores aparecemos como los actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia y de combate a las drogas: (las autoridades) casi siempre tratan de ligarnos con una agenda oculta, nos deslegitiman, nos descalifican, criminalizan nuestro trabajo”.

El Informe anual 2010 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, indica que “la represión de comunidades indígenas se dio notablemente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se registran los más altos índices de pobreza y se concentra una gran parte de la población indígena del país. Los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas fueron uno de los grupos más afectados por la represión violenta”.

Eso lo demuestran los nombres de los defensores comunitarios Lucas Lucía y Ponce Rosas, que no se inscriben en la lista de quienes cuentan con medidas cautelares o provisionales, sino en la que concentra los datos de quienes han sido asesinados en lo que va del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

“La desaparición forzada y el asesinato de Raúl Lucas Lucía, presidente de la OFPM, y Manuel Ponce Rosas, secretario de la misma organización, marcó el principio de 2009, exponiendo la violencia a la cual se enfrentan los defensores de los derechos indígenas en México”, señala el Observatorio.

En esta administración, el lúgubre registro de defensores y luchadores sociales asesinados asciende al menos a 61, 21 de los cuales son reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACDHONU). Los otros 40 son reivindicados por sus organizaciones o sus causas. A ellos se suman otros cuatro defensores víctimas de desaparición forzada.

Comandos armados, grupos paramilitares y elementos estatales (particularmente policías y miembros de las Fuerzas Armadas) han sido identificados en los reportes de prensa, en las denuncias y en los informes internacionales como ejecutores de la violencia en contra de los defensores.
En México, los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia, la equidad, los derechos sociales, territoriales, ambientales, comunitarios e indígenas no necesariamente provienen del crimen organizado, reconoce la representación de la Organización de las Naciones Unidas.

“La piedra en el zapato es la sombra de la autoría de estas acciones”, explicó Javier Hernández Valencia, representante en México de la OACDHONU, el pasado 24 de noviembre. Señaló que servidores públicos “se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos” y que en la actual administración no se ha tenido ningún progreso respecto de los más de 180 casos de agresiones que ha documentado esa representación internacional.

De acuerdo con la Actualización 2010: informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, que elaboró la Oficina del Alto Comisionado, en el 51 por ciento de los casos no se puede identificar a los agresores; el 22 por ciento se trata de actores no estatales; el 14 por ciento, de operadores de justicia; el 8 por ciento, de autoridades municipales; el 5 por ciento, de autoridades militares.

“Independientemente de quién sea el perpetrador de la agresión, estos casos no son investigados. Además, persiste la criminalización de la protesta social y de las y los defensores”, dice Agnieszka Raczynska, secretaria general de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos.

Responsabilidad del Estado

Para Hernández Valencia, es fundamental entender que “lo que viven los defensores y los casos que presentamos de agresiones no pueden meterse en el mismo paquete y en la bolsa oscura de una lucha contra el crimen organizado. No es el crimen organizado el que arresta a Raúl (Hernández Abundio). No es el crimen organizado el que viola a Valentina (Rosendo Cantú) y a Inés (Fernández Ortega)”.

Los tres casos referidos por el representante de la Oficina del Alto Comisionado implican como autor al Estado mexicano. En el primer caso, al sistema de justicia, y en el segundo, al Ejército.

En entrevista con Contralínea al término de la presentación de la Actualización, Hernández Valencia dijo que “nadie viene con una varita mágica, pero las cosas que se han puesto sobre la mesa son muy claras. Hay autoridades de nivel superior que niegan que estos temas sean importantes. Inclusive no tienen una comprensión de los propios hechos como verdaderos”.

Agregó que “esa brecha de duda y de poca importancia, de no merecer atención, hay que sacarla rápido. Porque parece que por ser los periodistas quienes usan los medios y porque sí tienen una capacidad de tener el tema en primera plana y con más o menos cierta continuidad, entonces se crean defensores de primera y segunda categoría”.

Hernández Abundio, acoso gubernamental

“El gobierno mata, desaparece y mete a la cárcel a los defensores de los derechos humanos. Eso es injusto”, dijo Raúl Hernández Abundio en su idioma natal me’phaa, durante la presentación de la Actualización. “Hay amenazas, y aunque se denuncien, como en el caso de Obtilia (Eugenio Manuel, indígena me’phaa, defensora y dirigente de la OPIM), no hay respuesta”.

De acuerdo con Tlachinollan, el de Hernández Abundio –integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa– es “un caso paradigmático de la inconsistencia de la mayoría de estos procesos judiciales” abiertos para criminalizar la protesta social. El defensor permaneció recluido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, del 11 de abril de 2008 al 27 de agosto de 2010, acusado de homicidio, delito que no cometió.

“Tras dos años de prisión preventiva y gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e internacional, salió libre con sentencia absolutoria del juez”, indica el Centro de Derechos Humanos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia desde el 11 de noviembre de 2008.

“Fui encarcelado por defender a mi pueblo. El gobierno fabricó el delito. La prisión, sin embargo, me dio más fuerza. Yo tengo el derecho de defender a mi comunidad y lo voy a hacer.”

Para Hernández Abundio, la OPIM “nació por la necesidad de la comunidad de salir adelante. Nosotros necesitamos buena educación, escuela, salud, medicamentos. La Organización busca apoyar a la comunidad en eso, y va con el presidente municipal para que apoye con proyectos productivos y con fertilizantes. Ése es el trabajo de la Organización y es lo que al gobierno no le conviene. Por eso no quiere a la Organización, no quiere a los defensores ni a los que buscan el bien de la comunidad”.

Condenar al Estado mexicano

En su Informe anual 2010, el Observatorio descubre que, en México, los defensores de los derechos indígenas, comunitarios y medioambientales están en riesgo inminente.

El 24 de noviembre pasado, dos sujetos interceptaron a Margarita Martínez Martínez, defensora de los derechos humanos en Chiapas. La amenazaron de muerte y le exigieron “transmitir” el mismo “mensaje” al equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). También le entregaron una nota hecha con recortes de periódico dirigida a “Diego” (Diego Cadenas, director del Centro): “…en tus manos está la vida de esta familia; enfrentarás cargos; defensores de la verga”.

Jorge Luis Hernández Castro, quien está al frente del Área de Incidencias de ese Centro, explica que, “días antes de la agresión, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas ejerció la acción penal en contra de funcionarios que habían participado en el allanamiento de la casa de Margarita”.

En ese proceso, detalla, están involucrados policías estatales y municipales, y el Frayba lleva la parte jurídica. “Una de las posibles causas de este ataque a Margarita y el mensaje que envían al Frayba puede ser atribuido desde ahí, donde los involucrados son servidores públicos”.

Pero, agrega, “no descartamos que sea por el trabajo que tenemos con varias comunidades: uno de estos perpetradores le dice claramente a Margarita que sabe que el Frayba está acompañando a Mitzitón, una comunidad que defiende su derecho al territorio para que una autopista no pase por sus tierras ejidales y comunitarias. O por casos como el que tenemos en la zona de Agua Azul, que también son por la defensa al territorio”.

Jorge Luis refiere que la situación de agresiones en contra del trabajo de defensoría es preocupante, pues el mismo Estado se deslinda de su responsabilidad al declarar que los ataques provienen de la delincuencia organizada.

Indica que en el país no se tienen mecanismos eficaces ni eficientes para proteger a las y los defensores. “Esto se demostró ahora con el ataque a Margarita, porque ella tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, y en este caso el Estado mexicano tiene una responsabilidad en cuanto a su seguridad”.

Respecto de las implicaciones que traerán las amenazas al equipo del Frayba, afirma: “Nuestro compromiso es muy claro en cuanto a la defensa y promoción de los derechos humanos y de acompañar a las comunidades. Nuestro trabajo sigue siendo firme. Sin embargo, hemos solicitado medidas provisionales a la Corte Interamericana, ya que las medidas cautelares son ineficientes. Hemos alertado a la Corte de este riesgo inminente y la misma Oficina del Alto Comisionado se pronunció de manera inmediata”.

No obstante, las evidencias recabadas por la OACDHONU, respecto de las implicaciones que tiene el Estado mexicano como autor de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y como principal responsable de la impunidad que se padece en el país, son insuficientes para que la Organización de las Naciones Unidas intervenga. Esto sólo lo podrá hacer cuando sus Estados miembros se pronuncien, aseguran funcionarios de esa institución.

“La única manera para que la ONU condene al Estado mexicano por la situación que viven sus defensores de derechos humanos y sus periodistas sería que alguno de los miembros lo acuse por su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.” Defensores, activistas, luchadores y líderes sociales asesinados de 2007 a 2010.

Defensores desaparecidos

Raúl Ángel Mandujano Gutiérrez. Director de Atención a Migrantes de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del Gobierno del Estado de Chiapas, abiertamente vinculado con organizaciones civiles a favor de la población migrante. La noche del 2 de abril de 2009, cuatro sujetos armados lo habrían privado de su libertad mientras se encontraba en un conocido restaurante en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta la fecha, se desconoce su paradero.

José Francisco Paredes. Integrante de la Fundación Diego Lucero, AC. El 26 de septiembre de 2007, habría desaparecido en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuando se dirigía a lavar su camioneta. Dos días después, su vehículo fue encontrado en la carretera rumbo a la salida a Salamanca. Las investigaciones iniciadas no han logrado identificar su paradero Alicia Salaíz Orrantia. Integrante de la asociación civil de Derechos Humanos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El 8 de octubre de 2009, fue testigo del asesinato de su esposo, Paz Rodríguez Ortiz, y el 5 de noviembre siguiente habría sido detenida por un grupo de sujetos armados, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Víctor Ayala Tapia. Presidente de la organización campesina Frente Libre Hermenegildo Galeana. La mañana del 14 de septiembre de 2010, seis hombres armados llegaron a su casa, ubicada en el pequeño poblado rural de Papanoa, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, y le exigieron su identificación. Luego lo obligaron a entrar en la camioneta que conducían y se marcharon. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver Fuentes: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

* Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicana Contralínea. Periodismo de Investigación. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investiga: lavado de dinero, paraísos fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental, temas energéticos.

lunes, 10 de enero de 2011


 Las declaraciones del exzar antidrogas de EU fueron tomadas de imperdonables e incluso lo llamaron ‘ignorante’, pero la realidad es que se observa una ausencia total del Estado mexicano en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Las declaraciones del exzar antidrogas de EU fueron tomadas de imperdonables e incluso lo llamaron ‘ignorante’, pero la realidad es que se observa una ausencia total del Estado mexicano en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Expertos en seguridad afirman que “si el presidente Calderón continúa en el mismo sendero de políticas públicas como hasta hoy, el país va a seguir marchando hacia una ‘afganización’ cada vez más frecuente y cada vez más expandida territorialmente”.

Cuando hace unos días, el exzar antidrogas de Estados Unidos, el general retirado Barry McCaffrey, declaró que la violencia en Ciudad Juárez es similar a la de Afganistán, muchos pensaron que era una exageración imperdonable de un hombre con tanta experiencia e influencia en el Departamento de Defensa.

Incluso, diputados del PRI en Chihuahua llamaron “ignorante” al general.

McCaffrey contaba con elementos para hacer una comparación. Apenas en diciembre de 2009 escribió un reporte sobre la situación en Afganistán.

Lo hizo en su calidad de profesor adjunto de Asuntos Internacionales del Departamento de Ciencias Sociales de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York, luego de una visita que hizo a Afganistán en octubre y noviembre de ese año.

En su reporte, entre otras cosas, afirmó que en ese país casi no existe justicia.

“Las violaciones de derechos humanos son endémicas: matanzas extrajudiciales, impunidad oficial, restricciones contra libertad de prensa y religión, y abuso infantil severo y extendido”.

“Las 34 prisiones nacionales y 203 correccionales son espantosas. Los prisioneros son consistentemente sujetos de torturas y la policía frecuentemente viola a mujeres y hombres detenidos.

"El terrorismo y la carencia de seguridad básica física son extendidos. El Talibán hace cumplir un sistema paralelo de justicia que implica ahorcamientos, tortura, decapitaciones y palizas.

“La criminalidad y la extorsión en la red de carreteras nacional son omnipresentes”, afirmó McCaffrey en su informe.

Actualmente existen en México más de 900 “bolsones territoriales”, casi mil, los cuales están controlados por la delincuencia organizada, señala el consultor de la ONU, Edgardo Buscaglia, especialista en temas de corrupción y delincuencia organizada.

El especialista lleva ya cuatro años haciendo hincapié en la ruta crítica que sigue el Estado mexicano. En esos territorios, además del caso de Ciudad Juárez, “se observa una ausencia total del Estado mexicano en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas”, dice en entrevista.

En dichos lugares, o no existe un poder gubernamental que proteja la vida y el patrimonio de la ciudadanía, o las autoridades formalmente establecidas defienden los intereses de la delincuencia organizada, no de la población.

Buscaglia, agrega que según los estudios que ha venido realizando junto con su equipo de trabajo, estos casos se presentan en Tamaulipas, Mazatlán, Sinaloa, en ciertas áreas del Estado de México que rodean a la capital, en Benemérito de las Américas, Chiapas, y algunas zonas de Durango.

“Eso es lo que se califica como una afganización de bolsones territoriales en México, y en ese sentido, el general McCaffrey manifiesta la posición del Pentágono y del Departamento de Defensa norteamericano, que tiene una visión mucho más amplia, mucho más global, de la delincuencia organizada. No tiene esa visión acotada de la DEA”, explica.

Hoy ya no es oportuno el término “colombianización de México” porque el gobierno de Colombia comenzó a implementar una serie de medidas, señala Buscaglia.

Es más preciso el término “afganización”, que “colombianización” de los años 80. “México en su totalidad está caminando hacia Ciudad Juárez”, afirma Buscaglia, quien durante años ha realizado para la ONU estudios y análisis sobre corrupción y organizaciones delictivas en Afganistán.

“Si el presidente Calderón continúa en el mismo sendero de políticas públicas que está hoy en el presente, el país va a seguir marchando hacia una ‘afganización’ cada vez más frecuente y cada vez más expandida territorialmente. Y ese dolor que hoy siente la madre y el padre de Juárez al perder a sus hijos e hijas asesinados por los grupos criminales va a comenzar a ser sentido de manera masiva y colectiva por la élite político-empresarial de Polanco, de Lomas de Chapultepec, la élite político-empresarial que ha estado alimentando al monstruo de la corrupción política y de la delincuencia organizada que hoy vive México”.

Buscaglia apunta que los grupos de la delincuencia organizada en México han venido perpetrando “un golpe de Estado en cámara lenta”. “En el sentido de que paulatinamente los políticos comprados que obedecen a los designios de los grupos criminales mexicanos ocupan posiciones clave y comienzan a sesgar las políticas de Estado para favorecer a los intereses de los grupos criminales. El caso más claro es el de la gran alianza de Sinaloa, en donde se perfilan muy bien políticos clave que han sido capturados, que han sido puestos al servicio de estos cárteles”, expresa.

Elecciones ‘viciadas’ en 2011

Para este año, las cosas no pintan mejor. Se elegirá a los gobernadores de Guerrero, Estado de México, Coahuila, Michoacán y Baja California Sur, y la penetración del crimen organizado en todos los ámbitos, como ocurrió en Colombia en los años 80 y como hoy sucede en Afganistán, es tal, que según el especialista, todos los comicios estarán contaminados por la delincuencia organizada.

“Hoy en día, lo digo con total seguridad, no existe ninguna posibilidad de que candidatos en ninguna entidad federativa puedan ganar elecciones sin que sus campañas políticas estén contaminadas, tienen que estar contaminadas para que gane una elección un candidato.

“Y esto lo quiero repetir hasta cien veces para que le quede claro al lector, porque las instituciones que se encargan de prevenir la infiltración de grupos criminales en campañas políticas brillan por su ausencia o están paralizadas o capturadas por estos mismos grupos criminales. No están haciendo absolutamente nada”, afirma el especialista.

viernes, 7 de enero de 2011

Feminicidios y tortura


Empieza el año en Juárez con cinco mujeres asesinadas

MÉXICO, D.F., 6 de enero (apro).- En los primeros cinco días del año cinco mujeres han sido asesinadas, luego de ser violadas y torturadas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En esta ciudad fronteriza, donde el año pasado fueron asesinadas 306 mujeres por violencia de género, de acuerdo con datos de la PGR y la Fiscalía General del estado, en promedio se ha cometido un homicidio por día.

Este jueves, autoridades locales descubrieron los cadáveres de tres mujeres, las cuales, presentaban los mismos signos de violencia y abuso sexual. Estos hechos se suman a los dos homicidios registrados el miércoles en la misma ciudad fronteriza.

El primer hallazgo se registró en la colonia Cuauhtémoc. Aproximadamente a las 01:10 de este miércoles, agentes de la policía estatal el cadáver de una mujer desconocida afuera de su domicilio. Tenía amputada una mano y huellas de tortura. Horas más tarde fue detenido un adolescente de 17 como supuesto autor del crimen.

Más tarde, por la mañana, en el interior de un domicilio en la colonia Solidaridad, la policía municipal descubrió el cuerpo de una mujer de 22 años de edad, quien antes de ser asesinada fue ultrajada sexualmente y golpeada. La víctima fue identificada como Karina Cortés Ochoa.

Alrededor de las 10:00 horas, otra mujer asesinada fue localizada en la vía pública, al oriente de la ciudad.
El miércoles, otra mujer que fue localizada sin vida al poniente de esta ciudad fronteriza. La víctima era una estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se encontraba en el interior de una camioneta Ford Explorer abandonada en un terreno baldío, cerca de las vías del tren.

El primer cadáver de una mujer fue localizado la mañana de ayer miércoles, abandonada al norte de la ciudad junto con otros cuatro cadáveres de hombres. La mujer registraba huellas de tortura y abuso sexual.

lunes, 3 de enero de 2011

Gobierno mexicano incumple sentencias por tortura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  


31 de Diciembre, 2010
Grupo Fórmula
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicara la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas del estado de Guerrero por hechos ocurridos en 1999, organizaciones del ramo se solidarizaron con los ambientalistas y pidieron al gobierno de México adopte las recomendaciones.

Y es que, en la sentencia se ordena al Estado que ejecute, en los plazos establecidos por la Corte, las medidas adecuadas para reparar el daño y revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.

El Estado mexicano debe acatar en su totalidad lo ordenado por la Corte porque la resolución de ésta tiene un carácter vinculante y es inapelable.

Deben darse, desde ahora, los pasos necesarios y tomar las acciones orientadas para cumplir, sin atenuarlas, las medidas concretas señaladas en la sentencia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, así como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacaron que el Estado mexicano debe investigar en la justicia ordinaria las torturas sufridas por Teodoro Cabrera y Rodolfo Montel, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, cubrir los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes, fortalecer el funcionamiento del registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos a las personas detenidas.

Así como reformar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos humanos. Sobre este último, la Corte puntualizó que dicha "conclusión se aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos".

En cuanto al sistema penal mexicano, consideraron que, entre otras cosas, "los tribunales que llevaron a cabo el proceso penal en contra de los señores Cabrera y Montiel en todas las etapas del proceso debieron excluir totalmente las confesiones rendidas por éstos, por cuanto la existencia de tratos crueles e inhumanos inhabilitaba el uso probatorio de dichas evidencias", lo cual resulta especialmente relevante en el actual contexto mexicano de confesiones coaccionadas por parte del Ministerio Público, y aceptadas por la autoridad judicial como prueba principal en los juicios penales.

Por lo tanto, el Estado mexicano debe adecuar su prácticas actuales y hacerlas compatibles con los más altos estándares de derechos humanos.

Los defensores de los bosques Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos de miembros del Ejército por su activismo ambiental.

El 7 de noviembre de 2001, el Presidente de las República ordenó su liberación por razones humanitarias pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus derechos humanos. En los días previos, por considerar que en México no existían los recursos idóneos y efectivos para lograr la investigación de la tortura ni el acceso a la justicia, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta admitió el caso en febrero de 2004 y, ante la reiterada falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano, lo sometió ante la Corte Interamericana el 24 de junio de 2009.

El 26 de agosto de 2010, Rodolfo Montiel rindió testimonio, ante la Corte Interamericana, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra él y su compañero Teodoro Cabrera. Durante su intervención solicitó a la Corte que ordene al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores ambientalistas y revertir los abusos militares.

A más de diez años de las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército y por funcionarios de los sistemas de procuración y administración de justicia contra Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, las autoridades de los tres poderes de la unión de los distintos órdenes de gobierno están ante la posibilidad de poner un alto a la injusticia que hasta ahora afecta a los campesinos ecologistas y a su familia. El cumplimiento cabal de la sentencia, de manera efectiva y de buena fe, es indispensable como muestra inequívoca del compromiso del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

"El Centro Prodh y CEJIL, organizaciones representantes de los campesinos ecologistas y sus familias, exigimos a las autoridades mexicanas el cumplimiento íntegro de la sentencia. Este fallo es el tercero emitido por la Corte IDH durante 2010 en contra de México por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Guerrero", concluye en un comunicado.
mej