lunes, 24 de enero de 2011

Tortura sigue siendo problema generalizado en México: HRW

INFORME MUNDIAL 2011

El informe de 649 páginas, el vigésimo primer examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume las principales cuestiones de derechos humanos en más de 90 países y territorios, lo que refleja el extenso trabajo de investigación que Human Rights Watch llevó a cabo en 2010.

Respecto al sistema de justicia penal en México, la organización internacional de derechos humanos señaló lo siguiente:

El sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y de violaciones de derechos humanos. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y prácticas abusivas por parte de policías sin ningún tipo de rendición de cuentas.

La tortura continúa siendo un problema generalizado. Uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante torturas u otros malos tratos. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.

Más del 40 por ciento de los reclusos en México no han recibido nunca una condena por los delitos que se les atribuyen. En lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación de las cárceles, lo cual, a su vez, genera condiciones inhumanas, insalubres y peligrosas. En enero de 2010, 23 presos fueron asesinados durante una riña en una cárcel con sobrepoblación en Durango.

Los internos son objeto de abusos por parte de guardias, y es común que se les deniegue atención médica adecuada, especialmente entre las mujeres. Con frecuencia, los niños son detenidos en condiciones deficientes en delegaciones policiales y otras instituciones.

En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, e incluye medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia en la Constitución. El gobierno tiene plazo hasta 2016 para implementar la reforma.

Actualmente, sólo unos pocos estados han implementado cambios de fondo.

Además de estos aspectos positivos, la reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo, que permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de ser acusadas de un delito. Esta potestad es incompatible con las obligaciones de debido proceso de México conforme al derecho internacional.

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