miércoles, 8 de febrero de 2012

Denuncian en México aumento de tortura

 
Los casos de ese delito pasaron de 330 en  2006 a mil 161 en 2010; sólo uno llegó a sentencia

Pese a que México se ha incorporado al sistema internacional de protección de derechos humanos, la estrategia “persecutoria y militarizante” que ha emprendido el Gobierno Federal permite la proliferación de delitos de lesa humanidad como la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y la detención ilegal con la justificación de la lucha contra el narcotráfico, denunció el senador perredista Armando Contreras Castillo.

Al presentar una iniciativa para reformar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, Contreras Castillo promueve cambios al artículo 4 a fin de incrementar de 5 a 15 años de prisión la pena por este ilícito, así como la inhabilitación definitiva de los servidores públicos que la ejerzan.

De acuerdo con datos citados por el senador, a partir de la aplicación del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se dio a conocer que desde 2009 se han registrado en el país 204 casos de alegatos de tortura, de los cuales 71 son mujeres y 133 hombres, lo que reporta un aumento en este rubro, y “obedece principalmente a las políticas de seguridad emprendidas para el combate al crimen organizado, y a la vigencia del arraigo”.

De acuerdo con Human Rights Watch, que evaluó datos proporcionados por la PGR, de 149 casos de denuncia contra funcionarios federales, entre 2006 y 2010, en 35 existían evidencias de que aplicaron torturas a las víctimas. De las 35 denuncias solamente seis prosperaron. De ellas, las investigaciones de cinco continúan “en proceso” y sólo una terminó en condena a funcionarios por tortura. Las 29 denuncias restantes no prosperaron, reiteraron funcionarios, sin dar explicación alguna.

Entre 2005 y 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió cuatro recomendaciones donde concluyó que autoridades federales habían cometido torturas, en comparación con las 28 que se formularon entre 2008 y 2010. Del mismo modo, las denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas ante la CNDH aumentaron notablemente cada año: 330 en 2006; 395 en 2007; 987 en 2008; mil 105 en 2009; y mil 161 en 2010.

Ante las cifras alarmantes que dan testimonios de la prevalencia de métodos de tortura a detenidos, en tribuna Contreras Castillo recordó que “la tortura ha sido reconocida por la doctrina internacional como delito de lesa humanidad, pues significa una violación grave a los derechos humanos y está estrictamente prohibida por las leyes internacionales”.

Reprobó la falta de prevención y sanciones efectivas contra estas prácticas delictivas a pesar de la ley vigente en la materia desde 1991 y, sobre todo, que en lugar de que se haya erradicado la práctica sistemática de la tortura y otros tratos o penas crueles, se ha incrementado escandalosamente.

Dicha iniciativa de reforma fue presentada por vez primera en el 2009, no obstante no hubo  voluntad para revisar los expedientes de los casos en los que se alega se ha cometido el delito de tortura para extraer confesiones. Esta vez se determinó turnar el proyecto legislativo a las comisiones unidas primera y segunda de Justicia y de Estudios Legislativos.

Cabe recordar que la tortura continúa coartando las libertades civiles y políticas, pese a que México ha asumido la responsabilidad de prevenir y sancionar esta práctica, a través de la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT); la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros.

Estéfana Murillo

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