lunes, 30 de mayo de 2011

Hay carencias en autonomía del Poder Judicial en México: ONU

Informe de la relatora especial sobre la independencia de jueces y magistrados señala que ésta se ve afectada por falta de transparencia e influencia impropia de los sectores público y privado. Recomienda mejorar rendición de cuentas.
Afp
Publicado: 30/05/2011 13:20
Ginebra. La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados denunció carencias en la autonomía del poder judicial en México, al presentar este lunes un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

"La independencia judicial se ve afectada por la falta de transparencia, un factor que genera impunidad por la ineficacia y corrupción, así como por la interferencia e influencia impropia de los sectores público y privado", señala el informe de la Relatora Gabriela Karina Knaul de Albuquerque y Silva, que visitó México en octubre de 2010.

"La independencia, autonomía e imparcialidad" de los órganos judiciales "se ven cuestionadas por la participación (...) del Estado en el nombramiento de los magistrados estatales", afirmó Knaul de Albuquerque, quien visitó los Estados de Chiapas, Toluca, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán.

La relatora recomendó que se garantice "la inmovilidad de los magistrados, juezas y jueces, una vez que han entrado en la carrera judicial".

"El hecho que el Ministerio Público dependa del Poder Ejecutivo puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva", advirtió Knaul de Albuquerque y Silva, una experta independiente originaria de Brasil.

"Para garantizar un control efectivo de las acciones de las Procuradurías, resulta necesario fortalecer su transparencia y mejorar el sistema de rendición de cuentas, incluso a través de órganos de control interno", estimó la relatora, quien abogó por una "reforma constitucional en materia penal" que cambie "la mentalidad de todos los operadores de justicia" en México.

Al respecto precisó que "deben perfeccionarse los mecanismos de supervisión interna para garantizar la rendición de cuentas de todos los órganos del sistema de justicia penal (policía, agentes del ministerio público, magistratura, defensoría pública y agentes judiciales)".

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miércoles, 25 de mayo de 2011

Abusos de autoridad en CERSS 3 Tapachula y pésimas condiciones carcelarias

Tapachula Chiapas
CERESO N. 3

DENUNCIA PUBLICA A CARTA AVIERTA

La directora y la contadora duendi y leticia Espinoza. La comida esta muy grasosa por eso no comemos todos. Son el que tienen poder aqui adentro en CERESO Tres. Porque ellas no dejan pasar las cosas de cada interno, tienen una tienda donde ellas dan muy caras las cosas de alimentos y ellas nos estan sofornando por comprar en la tienda que tiene leticia ella tiene todos los negocios aqui adentro en el penal N. 3.

Nosotros los internos nos quejamos por estas malas anomania que bean las autoridades competentes no deja pasar los alimentos de la vicita y por sus naguas de ella que todos en cocina somos mil cuatrocientos: comamos.

Durante el tiempo que estoy preso injustamente llo ananias laparra martinez mi esposa rosa godinez chabes ella no me ha avandonado y ella se alluda en la venta de tamales y aci ella me vicita.

El dia 18 de mayo del 2011 mi esposa traya su venta de tamales porque ella de esa forma se alluda con su venta porque somos muy pobres. Mi esposa me vicita cada 15 dias o cada mes trallendome comida ho tamales y unas frutas para convivir un rrato y mis nietos yo llevo 12 años preso injustamente. Estas personas del arias alministratiba están retirándome de mi vicita.


DENUNCIA A CARTA AVIERTA PUBLICA
ANANIAS LAPARRA MARTINES


martes, 17 de mayo de 2011

México tolera abandono, tortura y tratos crueles a personas con discapacidad

(CNNMéxico) — Los derechos fundamentales de niños y adultos con discapacidad, tanto física como intelectual, son frecuentemente violados en México, los que reciben atención en albergues, hospitales y casas hogar públicas suelen recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, según un reporte de la organización Disability Rights International (DRI, Derechos Internacionales de Personas con Discapacidad).

Esta organización denuncia que muchas de las instituciones mexicanas públicas de atención a este grupo vulnerable “son inmundas, dejan a la gente caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces”.

En el reporte Abandonados y Desaparecidos: Segregación y Abuso de Niños y Adultos con Discapacidad en México, DRI señala que no ha habido avances en la protección de este grupo vulnerable en por lo menos diez años.

En México, señala el documento, es frecuente que las familias abandonen a las personas con discapacidad por falta de recursos, de ellos, el grupo más afectado es el de los niños, que además de tener pocas oportunidades educativas, no logran integrarse a la sociedad.  

La principal razón para internar a un menor con discapacidad es que los padres no reciben apoyo gubernamental necesario para mantenerlo. Además, son segregados en los procesos de adopción y desde el principio se asume que pasará el resto de su vida en un albergue, según el informe.

El Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo del sistema de adopciones en México, no estuvo disponible para confirmar o refutar que "los niños con discapacidad no se adoptan en México", como cita el informe.

Atención adecuada e integración

Después de haber visitado —entre agosto de 2009 y septiembre de 2010—, más de veinte hospitales, albergues y casas hogar destinadas a atender personas con discapacidad, DRI reporta que el gobierno mexicano no tiene registro de cuántas personas con discapacidad reciben atención en estas instituciones públicas, al confirmar que miles de internos no están identificados.

“Los niños y los adultos con discapacidad están sujetos a condiciones de detención inhumanas y degradantes. La falta de tratamiento, habilitación y rehabilitación deriva en un incremento de las discapacidades y en un peligro para su salud”.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente de la Secretaría de Salud, y responsable de vigilar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión, reporta que cada año, 400,000 familias con un niño con discapacidad, reciben apoyo económico del gobierno federal para que el menor pueda asistir a la escuela.

En México, el 4.8% de la población —poco más de cinco millones— tiene alguna limitación física o mental, según los datos del Censo de la Población y Vivienda 2010.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que es al menos el 10% de la población mexicana, lo que equivaldría a once millones de personas.

“Las personas con discapacidad son detenidas arbitrariamente, se les niega el derecho al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, se les niega el derecho a la salud, rehabilitación y habilitación y educación”.

Tortura y degradación

En la mayoría de las instituciones para atención de personas con discapacidad intelectual, el DRI observó que se sujeta a los pacientes para controlar el comportamiento agresivo.

El abuso de esa práctica, asegura el organismo, consiste en penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al derecho internacional, en muchos casos equivalente a la tortura.

“Encontramos a un hombre envuelto en tiras de gasa, atado de los pies a la cabeza, y con sujeciones de cuerpo completo. El personal dice que ha sido sujetado así por años. Lo vimos atado a una silla de ruedas cuando visitamos diez años atrás el mismo cuarto de esas mismas instalaciones”.

Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), que trabaja en la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos, recomiendan en este documento que México adopte y haga cumplir leyes que protejan el derecho de las personas con discapacidad a participar en su comunidad.

Ambas organizaciones concluyeron que el gobierno mexicano no ha invertido para crear alternativas de integración de las personas con discapacidad y que no hay coherencia entre el liderazgo mostrado en el ámbito internacional y las políticas locales.

En diciembre de 2001, México presentó una resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear el comité que elaboraría la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad.

La Convención fue adoptada por la ONU en 2006 y entró en vigor como derecho internacional vinculante dos años después. México la ratificó en diciembre de 2007.

sábado, 14 de mayo de 2011

“Alarmante” violación de DH de las mujeres en México

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 13 may 11 (CIMAC).- La situación de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en México es “alarmante” debido a que continúa la impunidad en los casos de tortura sexual, el hostigamiento contra defensoras humanitarias es constante y la legislación para prevenir y castigar la violencia es insuficiente.

Durante la presentación del informe 2011 “El estado de los Derechos Humanos en el mundo”, que hoy se realizó en la Cineteca Nacional, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), condenó que durante 2010 se registraran 300 asesinatos violentos contra mujeres, lo que, criticó, muestra una realidad preocupante.

En entrevista, Herrera Aragón lamentó que los abusos, la impunidad y la ineficacia de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres sean la regla. Señaló que aunque México cuenta con leyes aceptables, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el problema es cómo se aplican en la práctica.

“Cuando una mujer llega a una agencia del Ministerio Público, por lo general se topa con agentes insensibles que no tienen protocolos de reacción, que no tienen mecanismos para dar cobijo a las víctimas de delito y que además están desbordados de trabajo, lo cual hace que pongan poca atención a estos casos. El efecto inmediato es que las mujeres no estén dispuestas a denunciar”, explicó.

Herrera Aragón dijo que en el informe de AI —que abarca el periodo de enero a diciembre de 2010— se documenta que la violencia contra las mujeres y las niñas aún es un fenómeno generalizado, pese a ello, explicó que el Estado mexicano no ha adoptado medidas para combatir la constante violencia y discriminación contra la población femenina.

Como ejemplo citó el incumplimiento de las cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), tres de las cuales se refieren a graves abusos contra las mujeres: el caso de feminicidio en Campo Algodonero en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y dos casos de violación sexual ejercida por soldados contra indígenas tlapanecas en 2002, en Guerrero.

Explicó que hay una falta de voluntad política para cumplir con estas sentencias ya que, entre otras cosas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha atraído los casos de violaciones de DH en los que los presuntos responsables son militares. “Eso no ha sucedido pese a que no se necesita infraestructura ni recursos económicos”, criticó.

Alberto Herrera dijo que el estado de Chihuahua es una de las zonas más críticas para los DH de las mujeres por el fenómeno de la violencia y por la ineficiencia de las autoridades ministeriales y judiciales que no le hacen frente.

Mencionó que el asesinato de Marisela Escobedo en diciembre de 2010 es quizás el más representativo porque el Estado no respondió a su exigencia de justicia y tampoco la protegió.

Asimismo dijo que los casos que han llegado al sistema interamericano de DH no son los únicos en el país. Refirió que hay muchos otros que no han encontrado justicia, como el de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en 2006, en Atenco, quienes al no encontrar justicia acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2008.

Durante su discurso, Herrera dijo que 2010 fue un año de promesas incumplidas. Desde aquella promesa del gobierno federal de instalar un mecanismo permanente de protección para periodistas y defensoras y defensores de DH en situación de riesgo, hasta la promesa de dar cumplimiento cabal a las cinco sentencias de la CoIDH.

Otros temas que destaca el informe 2011 de AI, son la falta de imparcialidad en los procesos jurídicos, los abusos perpetrados por las fuerzas armadas y policíacas, los ataques y amenazas contra periodistas y la libertad de expresión, y las violaciones, secuestros y asesinatos de personas migrantes.

“El recuento de abusos cometidos durante 2010 es sencillamente ensombrecedor”, sentenció Herrera. Finalmente lamentó que las autoridades hayan fallado en su compromiso con la población mexicana y con la comunidad internacional de hacer de los DH una realidad.

11/AGM/RMB

lunes, 9 de mayo de 2011

Opinión

La tortura en el DF
Miguel Concha
En fechas recientes se han venido discutiendo en las comisiones de la Asamblea Legislativa algunas iniciativas de reformas al Código Penal para el Distrito Federal, que pretenden modificar los artículos 294, 295, 296, 297 y 298, relativos al delito de tortura.

Esta violación grave a los derechos humanos es todavía una realidad en la ciudad de México, ya que no ha sido posible eliminarla, a pesar de frecuentes esfuerzos por tratar de erradicarla o disminuirla. Lo que implica una falta de diligencia en su investigación, y, como consecuencia, de sanción por parte de las autoridades. Esta afirmación la comparten también organizaciones nacionales e internacionales, organismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos y organismos públicos mexicanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La comparte, sobre todo, el enorme número de víctimas que, a consecuencia de investigaciones deficientes, y de un sistema laxo en cuanto al respeto de los derechos humanos, han sido condenadas, disminuidas y en general afectadas física y sicológicamente.

La tortura se encuentra prohibida en nuestra Constitución, en los códigos penales del país y en diversos tratados internacionales de los que México es parte. Y existe además un consenso internacional en cuanto a su prohibición. En efecto, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha afirmado, en su recomendación general número 24, que la obligación de no someter a las personas a tortura o malos tratos es una norma del derecho internacional consuetudinario. Y que el derecho a no ser sometido a tortura forma parte, sin ninguna duda, de una serie de derechos básicos. El deber de respetar este derecho es también una obligación erga omnes. Es decir, aplicable a todo ser humano, ya que se trata de algo que no se cuestiona y está apoyado en una serie de importantes decisiones judiciales.

Una vez dicho esto, es conveniente señalar que en el Distrito Federal se están discutiendo una serie de propuestas para cambiar el tipo penal existente en materia de tortura. Si bien hay que reconocer las buenas intenciones, que tendrían por objeto contar con un tipo penal actualizado y acorde con los estándares internacionales, debemos advertir del riesgo que se corre, al querer incluir algunos conceptos que amenazarían seriamente la lucha contra la tortura.

La tortura en la ciudad de México se describe como el acto en el que un servidor público del Distrito Federal, en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o sicológicos, con el fin de I. Obtener de ella información; II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; y III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. A esto se debe agregar que quien comete tortura puede ser directamente el servidor público o un particular que obre bajo sus órdenes, o bien el funcionario que por aquiescencia u omisión permita la tortura.

Se ha sabido que en las propuestas existentes en la Asamblea Legislativa habría algunas que se alejan de los estándares internacionales para perseguir este delito. En específico, cuando se pretende agregar el calificativo degraves a los daños que genere quien comete tortura. Esto es preocupante, toda vez que este término había sido suprimido después de una amplia labor de organizaciones de derechos humanos del Código Penal en 2002.

La palabra graves, si bien se encuentra en algunos instrumentos internacionales que definen la tortura, ha sido ampliamente superada por la jurisprudencia internacional, toda vez que no es necesario un cierto nivel de intensidad del daño, dolor o de sus secuelas, para que consideremos que ha existido tortura.

El simple hecho de infligir daños o sufrimientos con una finalidad concreta por parte de un servidor público, o con su aquiescencia u omisión, es suficiente para que se configure este delito. Y esto no es una cuestión menor, pues, como ya se dijo, la tortura es una realidad en México y en esta ciudad capital, que trae consigo una gran cantidad de problemas, que no sólo perjudican a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, tenemos que la tortura por sí misma es una violación grave a los derechos humanos, que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. Pero esto no es lo único. Es también expresión de un deficiente sistema de investigación de los delitos. ¿Qué certeza podemos tener de una confesión que es arrancada a golpes o bajo amenazas? ¿Nos da esto seguridad de que las corporaciones encargadas de investigar los delitos cumplen con su función? Definitivamente no.

Por otra parte, no sancionar la tortura genera la impunidad que vivimos, toda vez que los torturadores no son llevados ante la justicia, generando con ello este círculo vicioso de violaciones a los derechos humanos, que se repiten debido a la falta de castigo. En medio de este clima nacional de autoritarismo y de reformas equívocas, estas reformas propuestas en la Asamblea significarían un retroceso, y pueden resultar muy peligrosas para la ciudadanía.

Es deber de la Asamblea Legislativa actuar con responsabilidad y no dejarse llevar por falsos paradigmas que han resultado un rotundo fracaso. Esperemos que cumplan con su obligación en favor de quienes viven y transitan por la ciudad, y que aprueben siempre reformas ajustadas a los derechos humanos.




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