lunes, 30 de enero de 2012

Comunicado de Prensa

               
En Washington D.C. y en Tapachula, Chiapas, México
A  30 de enero de 2012
Boletín de prensa

·         Organismo internacional requiere al gobierno mexicano que adopte medidas urgentes para proteger la salud e integridad personal de Ananías Laparra Martínez

·         Indiferencia del gobierno de Chiapas, permite que anciano de sesenta y tres años de edad siendo inocente y estando enfermo continúe injustamente preso desde hace más de doce años en el CERSS 3 de Tapachula, Chiapas

·         Caso recibe apoyo de instituciones académicas y legales de EEUU y México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional con sede en Washington DC, solicitó al gobierno mexicano la adopción de medidas urgentes de protección para el señor Ananías Laparra Martínez, de sesenta y tres años de edad,  quien se encuentra recluido injustamente desde hace más de 12 años en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3) por un delito que no cometió.

Mediante un comunicado oficial, el organismo internacional informó a los representantes del señor Laparra y su familia, el abogado mexicano Ricardo Lagunes Gasca y los abogados Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, EEUU, que se ha acreditado la existencia de una situación de gravedad y urgencia que, de no ser atendida por el Estado, causará daños irreparables a los derechos humanos del señor Ananías Laparra Martínez.  La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también ha afirmado su apoyo en este caso.

Los graves padecimientos que sufre el señor Laparra Martínez y el constante deterioro de su estado de salud son el resultado directo de la tortura inferida durante su detención ministerial y de las deficientes condiciones carcelarias en las que se encuentra en el CERSS 3, incluyendo la falta de atención medica adecuada. Familiares del señor Laparra Martínez y sus representantes legales han solicitado insistentemente al gobernador del Estado de Chiapas y a otras dependencias estatales, la liberación inmediata del señor Ananías como medida eficaz para evitar un daño de imposible reparación.

En julio de 2011, el gobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ante la preocupación nacional e internacional que adquirió este caso, se comprometió frente a la representación de la CIDH en su visita a la ciudad de Tapachula, Chiapas, a la atención diligente del mismo, así como a gestionar la libertad del señor Laparra Martínez. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han sido indiferentes al dolor que padece la familia y a sus reclamos de justicia.

La privación ilegal y arbitraria de la libertad, así como la tortura del señor Ananías Laparra Martínez y su familia, comenzaron a ocurrir el 14 de octubre de 1999, por agentes de la Policía Judicial del Estado de Chiapas. La familia  fue torturada por personal de la policía judicial con la orden, aquiescencia y participación de un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de dicho Estado. Los dos hijos menores del señor Ananías Laparra–José Ananías de 14 años y Rocío Fulvia Laparra Godínez de 16 años—así como su esposa, Rosa Godínez, fueron torturados y forzados a firmar declaraciones que inculparon al señor Ananías de haber privado de la vida de una persona de la zona. Además de torturar a sus dos niños y a su esposa, el señor Laparra también fue torturado y forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, después de que los agentes torturaran a uno de sus hijos delante de él.

Únicamente con estos elementos de prueba ilícitamente obtenidos ante el Ministerio Público, con base en el principio de inmediatez procesal, ignorando las constantes denuncias de tortura realizadas desde la primera oportunidad que se tuvo ante las autoridades judiciales y violando los derechos humanos de la familia Laparra, el 31 de enero de 2002 el Juez Primero del ramo penal del Distrito Judicial de Tapachula, sin realizar investigación alguna sobre la tortura denunciada, condenó al señor Laparra a una pena de prisión de 28 años, 7 meses y 15 días.

La tortura es un acto considerado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario como un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible, mismo que debe ser erradicado por todos los medios disponibles dentro de las prácticas de investigación criminales. En caso de comisión, debe ser investigado y sancionado de manera pronta y eficaz por las autoridades competentes, y las declaraciones obtenidas bajo tortura deben ser consideradas pruebas ilícitas y declaradas nulas. De lo contrario como sucede en México, el uso de la tortura se convierte en una situación crónica y la indiferencia estatal fomenta la impunidad.

La familia Laparra, sus representantes y las organizaciones que apoyan este caso urgen al Estado mexicano a implementar de manera urgente las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana y a liberar de forma inmediata al señor Ananías Laparra Martínez para evitar un daño de imposible reparación. Asimismo, instan al Estado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva sobre los actos de tortura y las violaciones denunciadas, que tienda a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas.

Para más información contactar:
Abogado representante en México:
Ricardo Lagunes Gasca
 ricardolagunes@gmail.com
Abogados representantes en Estados Unidos:
Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza

sábado, 28 de enero de 2012

“Se va ex titular de la DFS en la total impunidad”: Rosario Ibarra

Farsa, el juicio al que fue sometido en Monterrey, del que resultó absuelto, acusa.
Andrea Becerril
Publicado: 28/01/2012 09:53
México, DF. Rosario Ibarra, presidenta del Comité Eureka, quien lucha desde hace casi cuatro décadas por encontrar a los desaparecidos políticos, afirmó que el fallecimiento de Miguel Nazar Haro, ex responsable de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), le recordó una dolorosa historia de cientos de jóvenes torturados hasta la muerte, sin que los responsables hayan sido castigados.
En entrevista, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lamentó que Nazar, a quien se acusó de desaparecer a su hijo, Jesús Piedra Ibarra, y de encargarse personalmente de torturar a estudiantes, luchadores sociales, guerrilleros y a todos aquellos considerados opositores al régimen, “se vaya de esta vida en total impunidad”.
Lo conoció, explica, a finales de 1976, cuando acudió a la sede de la DFS, en Circular de Morelia 8, a preguntar por su hijo, desaparecido en 1975. Jesús Piedra fue acusado de estar ligado al secuestro del empresario Eugenio Garza Sada y de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En cuanto su hijo desapareció, “inmediatamente presenté la denuncia en Monterrey, viajé a la ciudad de México, fui de un lado a otro, hablé 39 veces con el entonces presidente Luis Echeverría, con el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, a la Procuraduría General de la República (PGR) y también a la DFS”.
Agrega que estuvo en muchos penales. “Me decían que mi hijo estaba en tal cárcel. Iba a tal cárcel, adonde fuera, al Campo Militar de la Joya de Torreón, al Campo Militar número Uno. Junto con mi hija Claudia anduvimos como locas en todos lados. Y pues no, en ninguna parte lo encontramos”.
–¿Cuándo fue la primera vez que se reunió con Nazar Haro?
–Debe de haber sido un año después de que desaparecieron a Jesús. Tenía información de que lo habían llevado con él, y me presenté a la DFS, que tenía fama de ser un centro de tortura terrible. Le pregunté directamente por mi hijo. Le dije que tenía derecho a un juicio justo, y me respondió muy serio que el gobierno federal no lo tenía.
Agrega que le insistió, y Nazar Haro acabó por decirle que mejor le preguntara a las guardias blancas de Garza Sada.
–Es decir, ¿estaba acusando al personal de seguridad del empresario fallecido?
–Sí, había antecedentes de antipatía del entorno de Garza Sada hacia la Liga 23 de Septiembre, pero en realidad era una forma de tratar de quitarme de encima, para que no siguiera exigiendo cuentas al gobierno, porque Jesús fue detenido por un policía de nombre Carlos G. Solana. Era jefe de la Judicial de Nuevo León. Y éste lo había entregado a la Dirección Federal de Seguridad; es decir, precisamente a Nazar Haro.
–¿Y qué impresión le dio?
–Era un hombre bajito, de ojos azules, muy azules, de pelo entrecano, seco en su hablar, pero muy correcto. Su aspecto no era el del hombre que disponía de las vidas de los demás sin vacilar. Parecía un hombre honorable, que nada tenía que ver con el director de un centro en el que se vejaba, se lastimaba sin piedad a seres humanos, con los que cometían todo tipo de atrocidades sólo porque pensaban distinto.
Los vecinos de la DFS de Circular de Morelia 8 “escuchaban por las noches y la madrugada gritos terribles y quejidos. Era como una prisión clandestina”.
Años después, ya con el Frente Nacional Contra la Represión fundado, Rosario Ibarra siguió en la lucha, llevó a cabo varias huelgas de hambre y logró que el gobierno de José López Portillo amnistiara a mil 500 presos políticos y presentara a 148 desaparecidos.
Por los testimonios de estos últimos, afirmó, pudieron saber cómo actuaba en realidad Nazar Haro en la DFS.
“No recuerdo su nombre ahorita, pero sí la historia de un muchacho que vio cómo en esa Dirección Federal de Seguridad golpearon y torturaron a su hermano, que nada tenía que ver con movimientos armados, hasta que lo mataron”.
Nazar sólo comentó: “ya se nos fue, hay que tirarlo”. Otros testimonios de los 128 liberados, dijo, “dieron cuenta de golpizas a todas horas, de encierros desnudos en celdas frías, de toques eléctricos en los genitales, de ahogamientos en agua sucia, de muchas otras barbaridades”.
–¿Alguno dijo que el propio Nazar Haro lo martirizó?
–Lo hacían él y sus secuaces. Él dirigía. Nos contaron que a Nazar Haro le gustaba empezar a lastimarlos, con sus propias manos.
Al final, Nazar ya no la recibía, pero con los testimonios que obtuvo lo denunció por la desaparición de su hijo. El ex titular de la DFS fue juzgado en Monterrey, pero fue absuelto, en un juicio que la senadora Ibarra califica de farsa.
“Su hijo José Luis se paseaba en el juzgado como por su casa, podía leer el expediente. A mí ni me lo dejaban hojear. Y en una ocasión en que sonreí por una de las mentiras que decían, el juez me gritó que me iba a meter a la cárcel si me volvía a reir”.
Ibarra advierte que hay aún 571 desaparecidos de la “mal llamada guerra sucia de los setentas”, quienes en su mayoría deben haber pasado por las manos de Nazar Haro.
–¿Y todo eso quedará en la impunidad?
–Sí, ya murió él, y antes Fernando Gutiérrez Barrios y Moya Palencia y no hubo justicia. Sólo queda vivo Luis Echeverría. Y muchísimas familias a las que llenaron de dolor esperan aún encontrar a sus hijos y esposos desaparecidos.
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lunes, 2 de enero de 2012

Emite CNDH Recomendación contra el gobierno de Q. Roo por caso de tortura

Policía • 1 Enero 2012 - 1:12pm — Fernando Meraz-Mejorado
De acuerdo al señalamiento emitido por el organismo, personal del Centro de Reinserción Social de Cancún, golpearon y torturaron a un grupo de presos.
Ciudad de México • La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió su primera recomendación del año al gobierno de Quintana Roo, por denuncias de reos de la cárcel local, que acusaron de golpes y torturas a custodios de esta en un motín registrado en mayo pasado con saldo de un muerto y una docena de heridos.
En su recomendación 77/211 la Comisión señala que el motín registrado el 11 de mayo del año pasado, “se rompió el orden en el penal por la suspensión de alimentos, agua y visitas familiares”.
También advierte que al controlar el levantamiento “Hubo exceso en el uso de la fuerza pública con gases lacrimógenos y balas de goma que terminaron con la vida de una persona y dejaron a varios lesionados”.
La resolución CGCP/001/12 entregada hoy al gobierno quintanarroense, la Comisión de Derechos Humanos informó haber recabado información “sobre los hechos registrados en la cárcel el día del motín y el desempeño del personal de ese centro y la subprocuraduría de la Procuraduría de Justicia”.
El informe de visitadores de la Comisión advirtió que el penal presenta graves problemas estructurales en sus instalaciones y falta de personal necesario para el funcionamiento adecuado del mismo.
La Comisión señaló al gobierno que “del análisis realizado por expertos enviados a esta ciudad, se concluyó que se vulneraron derechos a la seguridad personal y jurídica a la legalidad, al trato digno y a la reinserción social de los internos”.
En su parte sustantiva el organismo tutelar de los Derechos Humanos recomienda al gobierno de Quintana Roo “tomar las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a los familiares de la persona que falleció en el motín”.
También indica “la necesidad de instaurar políticas públicas integrales en materia penitenciaria para una estancia digna y segura en los centros de reclusión y realizar las gestiones correspondientes para que se cubran las necesidades alimenticias de la población interna”.
Esto incluye, señala el informe de Derechos Humanos, “Asignar personal capacitado de seguridad y custodia que garantice los derechos humanos de reclusos, empleados y visitantes”.
Finalmente consigna la necesidad de colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el proceso de la queja y la denuncia correspondiente.
La Recomendación 77/2011 puede ser consultada en el sitio oficial del organismo.
En el levantamiento del 11 de mayo de 2011, falleció Oscar Melchor Dzul Cortés, alias "El Piolín", miembro de "Los Zetas". Según versiones de familiares el motín fue pretexto para asesinarlo y silenciarlo pues era testigo y actos de un triple homicidio registrado antes en la cárcel.
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