viernes, 25 de febrero de 2011

En México secuestran a 62 migrantes por día

MÉXICO DF, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 62 migrantes son secuestrados a diario en México, según cifras de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ha expresado su preocupación por los peligros que deben afrontar miles de ciudadanos latinoamericanos que utilizan ese país como territorio de paso en su camino hacia Estados Unidos.

De abril a septiembre del año pasado un total de 11.333 migrantes fueron secuestrados en varios estados de México. Muchos de ellos sufrieron diversos agravios como maltrato, tortura, violación sexual y, en casos extremos, fueron asesinados.

Según los datos de la CNDH, en ese período se registraron alrededor de 214 secuestros masivos, en los que presuntas mafias lograron privar de su libertad a un promedio de 52 personas, señala el informe presentado el martes y reseñado por medios locales.

La CNDH ha expresado su preocupación por el aumento exponencial de los ataques contra migrantes provenientes en su mayoría de Centro y Sudamérica, en comparación con el período correspondiente a septiembre de 2008 y febrero de 2009 cuando fueron secuestrados 9.758 'sin papeles'.

La comisión considera que "no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices de secuestro", a pesar de los insistentes reclamos de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, cuyos connacionales son víctimas de las mafias unas vez que llegan a México de manera irregular.

El 44,3 por ciento de las víctimas son hondureños, el 16,2 por ciento a salvadoreños, el 11,2 por ciento a guatemaltecos, 5 por ciento son cubanos, 4,4 por ciento nicaragüenses, 1,6 por ciento colombianos y un 0,5 por ciento ecuatorianos, entre otras nacionalidades.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca son los estados que encabezan la lista con el mayor número de casos. El informe señala que el 67.4 por ciento de los secuestros de migrantes ocurrieron en el sureste de México, mientras que el 29,2 por ciento en el norte y el 2,2 por ciento en el centro. Al resto de los casos no se les pudo precisar su ubicación.

La mayoría de estos hechos son atribuidos a bandas del crimen organizado, pero según ha informado el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, inmigrantes centroamericanos estarían al servicio de estos grupos delictivos.

Las mafias buscan a centroamericanos "para que ellos mismos se infiltren con los migrantes, les digan quién les está mintiendo, quién tiene familiares, quién cuenta con recursos en su país de origen o en algún otro país", ha explicado Plascencia.

Plascencia ha hecho un llamamiento los organismos de seguridad y de justicia de México a diseñar estrategias para prevenir estos hechos y procesar a los responsables de los delitos. En el informe, la CNDH presenta 28 recomendaciones al Gobierno de Felipe Calderón para actuar ante esta delicada situación.

"La Comisión encontró medidas aisladas. Hace falta coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir este delito a nivel federal, estatal y municipal", ha insistido.

Presentan 22 quejas por tortura contra la Marina

Las denuncias serán enviadas a la CNDH, afirma el ombudsman colimense; reitera que hubo violación a las garantías y tortura contra los elementos de la policía judicial

COLIMA, Col. | Lunes 21 de febrero de 2011 Alfredo QUILES/Corresponsal | El Universal
16:30

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha integrado 22 expedientes, la mayoría de ellas por tortura, que presentaron elementos de la Policía de Procuración de Justicia detenidos el pasado 15 de febrero en un operativo sorpresa realizado por la Secretaría de Marina Armada de México y liberados por la SIEDO el pasado jueves por la noche.
 
El ombudsman colimense, Roberto Chapula de la Mora, dio a conocer que esos expedientes serán enviados en el curso de la semana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue, una vez que dicho asunto es de competencia federal al tratarse de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Chapula de la Mora destacó que las quejas fueron presentadas por los agentes judiciales detenidos, que fueron liberados recientemente, y quienes se quejaron de haber sido torturados y forzados a firmar declaraciones.

Chapula de la Mora indicó que "un médico confirmó huellas de tortura en los cuerpos de los agentes, de quienes dijo les dejaron los glúteos amoratados, como ciruelas españolas".

Asimismo, afirmó que los agentes están en libertad de presentar denuncia penal ante el Ministerio Federal por tortura, lesiones y abuso de autoridad, pues los elementos de Marina se los llevaron sin orden de ningún juez.

Mencionó que el arraigo de los judiciales que siguen a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), podría durar 40 días o más.

Por su parte, el delegado estatal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Abraham Méndez Palomares, acusó a la procuradora de Justicia de la entidad, Yolanda Verduzco Guzmán, y al titular de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, Jaime Mejía Michel, de no actuar conforme a derecho en el operativo en donde fueron detenidos y para quedar en calidad de "presentados" 36 elementos de la Policía de Procuración de Justicia, de los cuales 23 permanecen arraigados.

Comentó que esta situación es grave y dijo esperar que la Comisión estatal de Derechos Humanos, a cargo de Roberto Chapula de la Mora, turne el asunto a la Comisión Nacional, para que apoye a los judiciales en este abuso, porque primero deben investigar y después ordenar un arraigo: "Aquí estamos al revés, primero llegan, los levantan, los arraigan, y luego los investigan, la Constitución es clara: primero se debe investigar y luego en su momento, cuando haya por lo menos presunciones, se debe solicitar el arraigo, lo cual no es el caso".

Asimismo, la Procuradora General de Justicia de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, dijo que los elementos de la dependencia a su cargo que fueron liberados al no están implicados en actos de corrupción, ni coludidos con la delincuencia organizada, serán reingresados a sus puestos de trabajo.

Explicó que este fue un compromiso del gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno y destacó que según la Ley de Seguridad Pública causan baja los elementos de seguridad aunque no esté comprobada su implicación en la comisión de delitos; "sin embargo, en este caso se está haciendo un compromiso con ellos y no se les ha dado de baja hasta que no se compruebe su culpabilidad".

Finalmente, apuntó que la principal instrucción del gobernador Mario Anguiano Moreno es que la Procuraduría General de Justicia llegue a ser la más eficiente del país, "y en eso estamos trabajando, en implementar nuevas tecnologías, como la averiguación previa electrónica, en donde si usted es víctima de la comisión de un delito desde la comodidad de su casa podrá hacer la denuncia, que podrá ratificar y ampliar vía electrónica con fechas. Hacia allá vamos, y lo vamos a lograr".
jdm

viernes, 11 de febrero de 2011

Urgen a México cumplir sentencias de CIDH

Amnistía Internacional pide que se de cumplimiento a lo dictado por la Corte en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas violadas y torturadas por militares

Ciudad de México | Jueves 10 de febrero de 2011
Miguel Ángel Sosa
El Universal19:16
miguel.sosa@eluniversal.com.mx
Amnistía Internacional urgió a las autoridades mexicanas a cumplir íntegramente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas violadas y torturadas por el Ejército Mexicano en 2002.
La sentencia es inapelable y es de cumplimento obligatorio por parte del Estado, dijo el colectivo.

"El gobierno de México reconoció formalmente su obligación de cumplir con la sentencia pero se ha resistido en implementar las medidas designadas por la Corte", explicó en un comunicado.

La organización internacional detalló que el viernes pasado, autoridades mexicanas cancelaron la inauguración de una mesa de trabajo programado para el 8 de febrero con las mujeres y sus representantes con el fin de acordar e implementar los mecanismos para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana.

"La decisión de cancelar la reunión prevista con los peticionarios sin explicación adecuada o fechas alternativas es otra señal de la falta de compromiso real por parte de las autoridades de cumplir con las sentencias de una corte internacional y respetar los derechos humanos," dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
Entre los requerimientos incluidos en las sentencias se encuentra el de transferir ambas investigaciones de los casos de la justicia militar a la justicia ordinaria.

"Las sentencias de la Corte son claras en señalar la incompetencia del sistema de justicia militar en investigar y enjuiciar las violaciones de derechos humanos ya que consideran que forma un obstáculo insuperable para lograr justicia", dijo AI.
Amnistía Internacional explicó que en las sentencias emitidas en octubre de 2010, la Corte Interamericana constató la responsabilidad del Estado mexicano en la violación y tortura de Inés Fernández y Valentina Rosendo y ordenó una serie de medidas que debía tomar para reparar el daño.

Las sentencias también requieren, dijo, reformas legislativas para garantizar que todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas sean investigadas y procesadas en la justicia ordinaria.
spb

Ver nota

sábado, 5 de febrero de 2011

Informe especial del Centro Fray Bartolomé de Las Casas

Violaciones a derechos humanos en el Sistema Carcelario en Chiapas

Durante el 2010 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (en adelante Frayba) recibió 17 denuncias de presos/as y familiares, firmadas por un total de 2 mil 142 personas. Asimismo, se han documentaron los testimonios de 24 familiares de presos/as que denuncian diversas acciones y omisiones que funcionarios encargados de los Centros Penitenciarios ejercen, predominando la afectación directa a mujeres, niños y niñas que son sometidas a tratos crueles inhumanos y degradantes al momento de ingresar a las cárceles para visitar sus familiares.

En el transcurso del 2010, el Frayba ha recibido denuncias de preso/as y de familiares de éstos sobre tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, así como tortura, que viven a diario en los Centros Penitenciarios del estado de Chiapas en los municipios de Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Motozintla, Pichucalco, Ocosingo, Tonalá y San Cristóbal de Las Casas.

El  gobierno del estado de Chiapas incumple su obligación de garantizar y proteger la vida, así como la integridad física y psicológica de las personas ahí recluidas.

El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos enuncia que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

Este mismo principio está contemplado en otros instrumentos Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros.

Independientemente de los delitos que hayan cometido los reclusos, estos derechos son inderogables y no pueden ser restringidos por argumentos de seguridad o peligro. El hecho que hayan sido condenados por delitos no significa que han de ser privados de derechos que se garantizan a todas y todos1. Las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos
por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral.

Las principales violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas son:
· Hacinamiento;
· Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes producto de la violencia y las malas condiciones de detención;
· Infraestructura y condiciones higiénicas y sanitarias deficientes;
· Falta o insuficiencia de atención médica;
· Escasez y/o inadecuada calidad de alimentos;
· Inseguridad jurídica de las personas privadas de su libertad incluyendo la falta a un recurso efectivo ante la ley;
· Falta de acceso a la educación, trabajo y recreación;
· Traslados forzados;
· Desnudez forzada;
· Violencia sexual.

domingo, 30 de enero de 2011

Comunicado en solidaridad con Ananías Laparra


TAPACHULA  CHIAPAS  A 27  DE ENERO DE 2011.

A LA  OPINION PÚBLICA
AL ESTADO MEXICANO 
A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
AL CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
A LOS ONG s DE DERECHOS HUMANOS

P  R  E  S  E  N  T  E

Debido a que en los últimos años se ha propagado en nuestro país una gran campaña de odio, emanada desde grupos elitistas en el poder; sobre todo en contra de los presos, ya que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, desapareció su otrora Visitaduría en Asuntos PENITENCIARIOS; que los medios de comunicación oficialistas han convencido a gran parte de la sociedad que TODOS los que sobreviven en las cárceles de México merecen como mínimo la pena de muerte; apreciación lamentable y fuera de la realidad, pues siguen existiendo PRESOS INJUSTAMENTE, PRESOS POLITICOS Y PRESOS DE CONCIENCIA.

El señor  ANANIAS LAPARRA MARTINEZ, hombre de campo, trabajador, que aprendió a leer y a escribir en prisión, fue privado de su libertad ilegalmente desde 1999, internado en el Centro Estatal de Reinserción Social Para Sentenciados número 3 de esta ciudad, acusado de un delito que no cometió, padeció de la practica mas endémica ejecutada cotidianamente por los cuerpos policiacos del país y de nuestra entidad; la TORTURA física y moral; sometido a un indebido juicio penal, con faltas al debido proceso fue sentenciado a 28 años, siete meses y quince días de condena, según el expediente penal número 273/99 del Juzgado Primero Penal del Soconusco; por lo que a la fecha el estado le ha robado  ONCE AÑOS TRES MESES, de su vida.
Don Ananías, se ha esmerado por mantener su núcleo familiar lo que le ha resultado casi imposible, pues la cárcel es lo primero que devora, su señora esposa y su hija que son las que con admirable lealtad lo visitan cuando pueden; literalmente viven de la caridad de personas bondadosas, trabajando afanosamente para poder ayudar a su ser querido que permanece en prisión; ellos sufren una verdadera desgracia, por lo cual merecen todos nuestros respetos.
Pero la desgracia más grande que padece este hombre es su tenas y testaruda firmeza en sostener su inocencia, y  esto lo ha convertido en una amenaza para las instituciones que tienen que ver con el caso, que ahora argumentan que solamente se han concretado a desestimar sus pruebas de descargo y a otorgarle una sentencia condenatoria por consigna. El caso del señor  ANANIAS LAPARRA MARTINEZ,  está perfectamente documentado desde hace varios años, por diferentes Organismos No gubernamentales de Derechos  Humanos tanto nacionales como del extranjero y además desde la óptica de los diferentes instrumentos internacionales; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas y Degradantes, la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de su Libertad; este es un caso típico de la creciente impunidad y corrupción en que se encuentra inmerso nuestro aparato de Justicia, muy en especial  el Sistema Penitenciario local.
Es importante señalar que la autoridad carcelaria, ha implementado como método coercitivo hacia la población penitenciaria; los TRASLADOS FORZOSOS, que sin duda es un método de Tortura, y que los funcionarios estatales, en especial el licenciado GUSTAVO FRANCISCO FERREIRA JIMENEZ, insiste en negar, al grado que el día 16 de diciembre de 2010, en el periódico “ Cuarto Poder “ declaro públicamente “ No es un castigo, sino un privilegio; estarán en libertad y con su familia “, con el encabezado  “ Van 43 paisanos a las Islas Marías “; tomando en cuenta que el último traslado FORZOSO de reos a esa colonia federal, fue ejecutado en los años 1996-1997, por el entonces encargado de los penales de Chiapas, Licenciado FERNANDO REYES CÓRTEZ, y que fue un verdadero fracaso, por un sinfín de vicisitudes, que tiene este tipo de movimiento de seres humanos cuya idiosincrasia jamás ha sido tomada en cuenta; lo único que anhela cualquier persona en prisión es poder ver a sus seres queridos, que por lo general son personas humildes, pobres, que no tienen recursos – por eso están en la cárcel – que nunca han salido de la entidad y que para ellos las “ Islas Marías “ es, literalmente, otro mundo. Esto además, fue una cortina de humo, pues al mismo tiempo, el denominado “Grupo Lobo “de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, ejecutó TRASLADOS FORZOSOS, a otros penales del estado, a diferentes grupos de internos; como Playas de Catazaja y Motozintla, que ahora ocupan el título de “Cárceles de Castigo “; pero ante la negativa del Primer Inspector GUSTAVO FERREIRA, la realidad es otra… “Pues claro que el Estado Tortura. ¿Pero que se habían creído ustedes que era un Estado?
No existe en México una verdadera documentación médica y forense de la Tortura, y tampoco en Chiapas; el diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, paralelo a la construcción de un aparato de Derechos Humanos dentro de los organismos del Poder Ejecutivo, siempre con recursos insuficientes, aunque eficaces para la exoneración de los policías y el ejército, esto cuando son acusados de cualquier tipo de abuso, solamente  refuerza la impunidad.
El Protocolo de Estambul, documento no vinculatorio, sino solo una herramienta para documentar la Tortura, que sería de gran utilidad para este Honorable Consejo Estatal que dignamente lo integran ustedes, además de darlo a conocer a los cuerpos policiacos de la entidad, al Ejército destacamentado en la región, a los funcionarios penitenciarios, esto para humanizar el servicio público.
A pesar que el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, es considerado por algunos políticos en nuestra nación como “ riesgoso “ para los cuerpos policiacos, también debería difundirse dentro de las esferas de la función pública.
Tenemos conocimiento que el Estado Mexicano ha firmado varios pactos y protocolos, entre ellos el Protocolo Facultativo Para Prevenir la Tortura; este ya en funciones decretó que el mecanismo nacional para prevenir la Tortura, estaría a cargo de la “cuarta visitaduría “de la COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CNDH, ignorando y dejando a un lado a los Organismos No Gubernamentales que hicieron labor de cabildeo por años.
En su momento Soraya Long, Directora General para América Latina del Centro de Justicia y Derecho Internacional CEJIL, declaró que en México aún persiste la Tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y la violencia contra la mujer, “elementos que colocan a México como un país contradictorio, pues mientras a escala internacional es un paladín de los Derechos Humanos, en su realidad interior no hay cambios sustanciales en la materia “.
Insistimos en Chiapas no existen datos documentados sobre la Tortura, y en sus cárceles, esta tarea es complicada; la labor de la desaparecida Comisión Estatal de Derechos Humanos dejo mucho que desear, los presos, los indígenas y las clases más marginadas no fueron su prioridad.
A nivel federal, en lugar de abolición de la Tortura; hay más ejército en las calles derramando sangre y muchas veces de civiles “ Mátalos a todos, Dios reconocerá a los suyos “—El mensaje es el miedo --; más cárceles de máxima seguridad – doce en este sexenio – y mas Tortura en estas prisiones de alta seguridad y obviamente en las estatales, en las ilegales casas de seguridad o de arraigo a cargo de los cuerpos policiacos, más impunidad con leyes ambivalentes que protegen a los viejos y nuevos perpetradores, mas circo y menos pan.
El COMITÉ LAPARRA, trata con justa razón de buscar lo más pronto posible la libertad del señor ANANIAS LAPARRA MARTINEZ, mientras tanto la Autoridad correspondiente únicamente señala que son asuntos ya resueltos “ apegados a derecho “ y con el pretexto de las reformas al sistema carcelario en Chiapas, lapidan aun más la dignidad de los que como Ananías, poseen un concepto de justicia diferente al del resto de la población carcelaria, por lo tanto es un caso LATENTE para el Gobierno en sí, y  les pediríamos, con todo respeto, en nombre de este Centro, se pronuncien a favor de las acciones que han tomado las diferentes Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos, para buscar la manera jurídica de la pronta libertad del compañero aludido; con conocimiento y análisis del caso.
Reiterando nuevamente nuestros más profundos respetos, quedamos a su consideración.
Gracias.
LUIS REY GARCIA VILLAGRAN
CENTRO DE DIGNIFICACION HUMANA A.C.
AV. 14 DE SEPTIEMBRE No. 17
FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II
TAPACHULA CHIAPAS C.P. 30780
TEL. Y FAX 01 962 64 25013
CELULAR 044 962 62 44 189.

lunes, 24 de enero de 2011

Tortura sigue siendo problema generalizado en México: HRW

INFORME MUNDIAL 2011

El informe de 649 páginas, el vigésimo primer examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume las principales cuestiones de derechos humanos en más de 90 países y territorios, lo que refleja el extenso trabajo de investigación que Human Rights Watch llevó a cabo en 2010.

Respecto al sistema de justicia penal en México, la organización internacional de derechos humanos señaló lo siguiente:

El sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y de violaciones de derechos humanos. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y prácticas abusivas por parte de policías sin ningún tipo de rendición de cuentas.

La tortura continúa siendo un problema generalizado. Uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante torturas u otros malos tratos. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.

Más del 40 por ciento de los reclusos en México no han recibido nunca una condena por los delitos que se les atribuyen. En lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación de las cárceles, lo cual, a su vez, genera condiciones inhumanas, insalubres y peligrosas. En enero de 2010, 23 presos fueron asesinados durante una riña en una cárcel con sobrepoblación en Durango.

Los internos son objeto de abusos por parte de guardias, y es común que se les deniegue atención médica adecuada, especialmente entre las mujeres. Con frecuencia, los niños son detenidos en condiciones deficientes en delegaciones policiales y otras instituciones.

En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, e incluye medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia en la Constitución. El gobierno tiene plazo hasta 2016 para implementar la reforma.

Actualmente, sólo unos pocos estados han implementado cambios de fondo.

Además de estos aspectos positivos, la reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo, que permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de ser acusadas de un delito. Esta potestad es incompatible con las obligaciones de debido proceso de México conforme al derecho internacional.