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viernes, 11 de febrero de 2011

Urgen a México cumplir sentencias de CIDH

Amnistía Internacional pide que se de cumplimiento a lo dictado por la Corte en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas violadas y torturadas por militares

Ciudad de México | Jueves 10 de febrero de 2011
Miguel Ángel Sosa
El Universal19:16
miguel.sosa@eluniversal.com.mx
Amnistía Internacional urgió a las autoridades mexicanas a cumplir íntegramente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas violadas y torturadas por el Ejército Mexicano en 2002.
La sentencia es inapelable y es de cumplimento obligatorio por parte del Estado, dijo el colectivo.

"El gobierno de México reconoció formalmente su obligación de cumplir con la sentencia pero se ha resistido en implementar las medidas designadas por la Corte", explicó en un comunicado.

La organización internacional detalló que el viernes pasado, autoridades mexicanas cancelaron la inauguración de una mesa de trabajo programado para el 8 de febrero con las mujeres y sus representantes con el fin de acordar e implementar los mecanismos para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana.

"La decisión de cancelar la reunión prevista con los peticionarios sin explicación adecuada o fechas alternativas es otra señal de la falta de compromiso real por parte de las autoridades de cumplir con las sentencias de una corte internacional y respetar los derechos humanos," dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
Entre los requerimientos incluidos en las sentencias se encuentra el de transferir ambas investigaciones de los casos de la justicia militar a la justicia ordinaria.

"Las sentencias de la Corte son claras en señalar la incompetencia del sistema de justicia militar en investigar y enjuiciar las violaciones de derechos humanos ya que consideran que forma un obstáculo insuperable para lograr justicia", dijo AI.
Amnistía Internacional explicó que en las sentencias emitidas en octubre de 2010, la Corte Interamericana constató la responsabilidad del Estado mexicano en la violación y tortura de Inés Fernández y Valentina Rosendo y ordenó una serie de medidas que debía tomar para reparar el daño.

Las sentencias también requieren, dijo, reformas legislativas para garantizar que todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas sean investigadas y procesadas en la justicia ordinaria.
spb

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lunes, 27 de diciembre de 2010

La Corte Interamericana condena a México por torturar a campesinos ecologistas



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20 de diciembre de 2010
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy a México por “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en contra de dos campesinos ecologistas que fueron detenidos por el Ejército el 2 de mayo de 1999.
La CIDH, con sede en San José Costa Rica, publicó hoy en su página de internet que México es culpable por violaciones a los derechos a la libertad personal, integridad personal y garantías judiciales de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.
“El Estado (mexicano) es responsable por la violación del derecho a la libertad personal (…) en perjuicio de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores”, dice el fallo de la Corte, que además ordenó pagar una indemnización de 25,500 dólares a cada una de las víctimas por daños materiales e inmateriales.
Además, los jueces ordenaron a México “conducir eficazmente la investigación penal de los hechos, en particular por los alegados actos de tortura, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea”.
Los campesinos del estado de Guerrero denunciaron ante la CIDH que fueron detenidos y condenados como represalia por la campaña que iniciaron en 1998 contra la tala de bosques en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Montiel recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión y Cabrera de diez años. Mientras estaban presos.

Ver la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos