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viernes, 25 de febrero de 2011

Presentan 22 quejas por tortura contra la Marina

Las denuncias serán enviadas a la CNDH, afirma el ombudsman colimense; reitera que hubo violación a las garantías y tortura contra los elementos de la policía judicial

COLIMA, Col. | Lunes 21 de febrero de 2011 Alfredo QUILES/Corresponsal | El Universal
16:30

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha integrado 22 expedientes, la mayoría de ellas por tortura, que presentaron elementos de la Policía de Procuración de Justicia detenidos el pasado 15 de febrero en un operativo sorpresa realizado por la Secretaría de Marina Armada de México y liberados por la SIEDO el pasado jueves por la noche.
 
El ombudsman colimense, Roberto Chapula de la Mora, dio a conocer que esos expedientes serán enviados en el curso de la semana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue, una vez que dicho asunto es de competencia federal al tratarse de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Chapula de la Mora destacó que las quejas fueron presentadas por los agentes judiciales detenidos, que fueron liberados recientemente, y quienes se quejaron de haber sido torturados y forzados a firmar declaraciones.

Chapula de la Mora indicó que "un médico confirmó huellas de tortura en los cuerpos de los agentes, de quienes dijo les dejaron los glúteos amoratados, como ciruelas españolas".

Asimismo, afirmó que los agentes están en libertad de presentar denuncia penal ante el Ministerio Federal por tortura, lesiones y abuso de autoridad, pues los elementos de Marina se los llevaron sin orden de ningún juez.

Mencionó que el arraigo de los judiciales que siguen a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), podría durar 40 días o más.

Por su parte, el delegado estatal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Abraham Méndez Palomares, acusó a la procuradora de Justicia de la entidad, Yolanda Verduzco Guzmán, y al titular de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, Jaime Mejía Michel, de no actuar conforme a derecho en el operativo en donde fueron detenidos y para quedar en calidad de "presentados" 36 elementos de la Policía de Procuración de Justicia, de los cuales 23 permanecen arraigados.

Comentó que esta situación es grave y dijo esperar que la Comisión estatal de Derechos Humanos, a cargo de Roberto Chapula de la Mora, turne el asunto a la Comisión Nacional, para que apoye a los judiciales en este abuso, porque primero deben investigar y después ordenar un arraigo: "Aquí estamos al revés, primero llegan, los levantan, los arraigan, y luego los investigan, la Constitución es clara: primero se debe investigar y luego en su momento, cuando haya por lo menos presunciones, se debe solicitar el arraigo, lo cual no es el caso".

Asimismo, la Procuradora General de Justicia de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, dijo que los elementos de la dependencia a su cargo que fueron liberados al no están implicados en actos de corrupción, ni coludidos con la delincuencia organizada, serán reingresados a sus puestos de trabajo.

Explicó que este fue un compromiso del gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno y destacó que según la Ley de Seguridad Pública causan baja los elementos de seguridad aunque no esté comprobada su implicación en la comisión de delitos; "sin embargo, en este caso se está haciendo un compromiso con ellos y no se les ha dado de baja hasta que no se compruebe su culpabilidad".

Finalmente, apuntó que la principal instrucción del gobernador Mario Anguiano Moreno es que la Procuraduría General de Justicia llegue a ser la más eficiente del país, "y en eso estamos trabajando, en implementar nuevas tecnologías, como la averiguación previa electrónica, en donde si usted es víctima de la comisión de un delito desde la comodidad de su casa podrá hacer la denuncia, que podrá ratificar y ampliar vía electrónica con fechas. Hacia allá vamos, y lo vamos a lograr".
jdm

lunes, 24 de enero de 2011

Tortura sigue siendo problema generalizado en México: HRW

INFORME MUNDIAL 2011

El informe de 649 páginas, el vigésimo primer examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume las principales cuestiones de derechos humanos en más de 90 países y territorios, lo que refleja el extenso trabajo de investigación que Human Rights Watch llevó a cabo en 2010.

Respecto al sistema de justicia penal en México, la organización internacional de derechos humanos señaló lo siguiente:

El sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y de violaciones de derechos humanos. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y prácticas abusivas por parte de policías sin ningún tipo de rendición de cuentas.

La tortura continúa siendo un problema generalizado. Uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante torturas u otros malos tratos. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.

Más del 40 por ciento de los reclusos en México no han recibido nunca una condena por los delitos que se les atribuyen. En lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación de las cárceles, lo cual, a su vez, genera condiciones inhumanas, insalubres y peligrosas. En enero de 2010, 23 presos fueron asesinados durante una riña en una cárcel con sobrepoblación en Durango.

Los internos son objeto de abusos por parte de guardias, y es común que se les deniegue atención médica adecuada, especialmente entre las mujeres. Con frecuencia, los niños son detenidos en condiciones deficientes en delegaciones policiales y otras instituciones.

En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, e incluye medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia en la Constitución. El gobierno tiene plazo hasta 2016 para implementar la reforma.

Actualmente, sólo unos pocos estados han implementado cambios de fondo.

Además de estos aspectos positivos, la reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo, que permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de ser acusadas de un delito. Esta potestad es incompatible con las obligaciones de debido proceso de México conforme al derecho internacional.