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sábado, 28 de enero de 2012

“Se va ex titular de la DFS en la total impunidad”: Rosario Ibarra

Farsa, el juicio al que fue sometido en Monterrey, del que resultó absuelto, acusa.
Andrea Becerril
Publicado: 28/01/2012 09:53
México, DF. Rosario Ibarra, presidenta del Comité Eureka, quien lucha desde hace casi cuatro décadas por encontrar a los desaparecidos políticos, afirmó que el fallecimiento de Miguel Nazar Haro, ex responsable de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), le recordó una dolorosa historia de cientos de jóvenes torturados hasta la muerte, sin que los responsables hayan sido castigados.
En entrevista, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lamentó que Nazar, a quien se acusó de desaparecer a su hijo, Jesús Piedra Ibarra, y de encargarse personalmente de torturar a estudiantes, luchadores sociales, guerrilleros y a todos aquellos considerados opositores al régimen, “se vaya de esta vida en total impunidad”.
Lo conoció, explica, a finales de 1976, cuando acudió a la sede de la DFS, en Circular de Morelia 8, a preguntar por su hijo, desaparecido en 1975. Jesús Piedra fue acusado de estar ligado al secuestro del empresario Eugenio Garza Sada y de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En cuanto su hijo desapareció, “inmediatamente presenté la denuncia en Monterrey, viajé a la ciudad de México, fui de un lado a otro, hablé 39 veces con el entonces presidente Luis Echeverría, con el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, a la Procuraduría General de la República (PGR) y también a la DFS”.
Agrega que estuvo en muchos penales. “Me decían que mi hijo estaba en tal cárcel. Iba a tal cárcel, adonde fuera, al Campo Militar de la Joya de Torreón, al Campo Militar número Uno. Junto con mi hija Claudia anduvimos como locas en todos lados. Y pues no, en ninguna parte lo encontramos”.
–¿Cuándo fue la primera vez que se reunió con Nazar Haro?
–Debe de haber sido un año después de que desaparecieron a Jesús. Tenía información de que lo habían llevado con él, y me presenté a la DFS, que tenía fama de ser un centro de tortura terrible. Le pregunté directamente por mi hijo. Le dije que tenía derecho a un juicio justo, y me respondió muy serio que el gobierno federal no lo tenía.
Agrega que le insistió, y Nazar Haro acabó por decirle que mejor le preguntara a las guardias blancas de Garza Sada.
–Es decir, ¿estaba acusando al personal de seguridad del empresario fallecido?
–Sí, había antecedentes de antipatía del entorno de Garza Sada hacia la Liga 23 de Septiembre, pero en realidad era una forma de tratar de quitarme de encima, para que no siguiera exigiendo cuentas al gobierno, porque Jesús fue detenido por un policía de nombre Carlos G. Solana. Era jefe de la Judicial de Nuevo León. Y éste lo había entregado a la Dirección Federal de Seguridad; es decir, precisamente a Nazar Haro.
–¿Y qué impresión le dio?
–Era un hombre bajito, de ojos azules, muy azules, de pelo entrecano, seco en su hablar, pero muy correcto. Su aspecto no era el del hombre que disponía de las vidas de los demás sin vacilar. Parecía un hombre honorable, que nada tenía que ver con el director de un centro en el que se vejaba, se lastimaba sin piedad a seres humanos, con los que cometían todo tipo de atrocidades sólo porque pensaban distinto.
Los vecinos de la DFS de Circular de Morelia 8 “escuchaban por las noches y la madrugada gritos terribles y quejidos. Era como una prisión clandestina”.
Años después, ya con el Frente Nacional Contra la Represión fundado, Rosario Ibarra siguió en la lucha, llevó a cabo varias huelgas de hambre y logró que el gobierno de José López Portillo amnistiara a mil 500 presos políticos y presentara a 148 desaparecidos.
Por los testimonios de estos últimos, afirmó, pudieron saber cómo actuaba en realidad Nazar Haro en la DFS.
“No recuerdo su nombre ahorita, pero sí la historia de un muchacho que vio cómo en esa Dirección Federal de Seguridad golpearon y torturaron a su hermano, que nada tenía que ver con movimientos armados, hasta que lo mataron”.
Nazar sólo comentó: “ya se nos fue, hay que tirarlo”. Otros testimonios de los 128 liberados, dijo, “dieron cuenta de golpizas a todas horas, de encierros desnudos en celdas frías, de toques eléctricos en los genitales, de ahogamientos en agua sucia, de muchas otras barbaridades”.
–¿Alguno dijo que el propio Nazar Haro lo martirizó?
–Lo hacían él y sus secuaces. Él dirigía. Nos contaron que a Nazar Haro le gustaba empezar a lastimarlos, con sus propias manos.
Al final, Nazar ya no la recibía, pero con los testimonios que obtuvo lo denunció por la desaparición de su hijo. El ex titular de la DFS fue juzgado en Monterrey, pero fue absuelto, en un juicio que la senadora Ibarra califica de farsa.
“Su hijo José Luis se paseaba en el juzgado como por su casa, podía leer el expediente. A mí ni me lo dejaban hojear. Y en una ocasión en que sonreí por una de las mentiras que decían, el juez me gritó que me iba a meter a la cárcel si me volvía a reir”.
Ibarra advierte que hay aún 571 desaparecidos de la “mal llamada guerra sucia de los setentas”, quienes en su mayoría deben haber pasado por las manos de Nazar Haro.
–¿Y todo eso quedará en la impunidad?
–Sí, ya murió él, y antes Fernando Gutiérrez Barrios y Moya Palencia y no hubo justicia. Sólo queda vivo Luis Echeverría. Y muchísimas familias a las que llenaron de dolor esperan aún encontrar a sus hijos y esposos desaparecidos.
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lunes, 2 de enero de 2012

Emite CNDH Recomendación contra el gobierno de Q. Roo por caso de tortura

Policía • 1 Enero 2012 - 1:12pm — Fernando Meraz-Mejorado
De acuerdo al señalamiento emitido por el organismo, personal del Centro de Reinserción Social de Cancún, golpearon y torturaron a un grupo de presos.
Ciudad de México • La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió su primera recomendación del año al gobierno de Quintana Roo, por denuncias de reos de la cárcel local, que acusaron de golpes y torturas a custodios de esta en un motín registrado en mayo pasado con saldo de un muerto y una docena de heridos.
En su recomendación 77/211 la Comisión señala que el motín registrado el 11 de mayo del año pasado, “se rompió el orden en el penal por la suspensión de alimentos, agua y visitas familiares”.
También advierte que al controlar el levantamiento “Hubo exceso en el uso de la fuerza pública con gases lacrimógenos y balas de goma que terminaron con la vida de una persona y dejaron a varios lesionados”.
La resolución CGCP/001/12 entregada hoy al gobierno quintanarroense, la Comisión de Derechos Humanos informó haber recabado información “sobre los hechos registrados en la cárcel el día del motín y el desempeño del personal de ese centro y la subprocuraduría de la Procuraduría de Justicia”.
El informe de visitadores de la Comisión advirtió que el penal presenta graves problemas estructurales en sus instalaciones y falta de personal necesario para el funcionamiento adecuado del mismo.
La Comisión señaló al gobierno que “del análisis realizado por expertos enviados a esta ciudad, se concluyó que se vulneraron derechos a la seguridad personal y jurídica a la legalidad, al trato digno y a la reinserción social de los internos”.
En su parte sustantiva el organismo tutelar de los Derechos Humanos recomienda al gobierno de Quintana Roo “tomar las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a los familiares de la persona que falleció en el motín”.
También indica “la necesidad de instaurar políticas públicas integrales en materia penitenciaria para una estancia digna y segura en los centros de reclusión y realizar las gestiones correspondientes para que se cubran las necesidades alimenticias de la población interna”.
Esto incluye, señala el informe de Derechos Humanos, “Asignar personal capacitado de seguridad y custodia que garantice los derechos humanos de reclusos, empleados y visitantes”.
Finalmente consigna la necesidad de colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el proceso de la queja y la denuncia correspondiente.
La Recomendación 77/2011 puede ser consultada en el sitio oficial del organismo.
En el levantamiento del 11 de mayo de 2011, falleció Oscar Melchor Dzul Cortés, alias "El Piolín", miembro de "Los Zetas". Según versiones de familiares el motín fue pretexto para asesinarlo y silenciarlo pues era testigo y actos de un triple homicidio registrado antes en la cárcel.
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jueves, 22 de diciembre de 2011

La tortura se ha triplicado en este sexenio: CNDH


Daniel Blancas Madrigal | Nacional
2011-12-22 | Hora de creación: 01:19:41| Ultima modificación: 01:20:09









Los casos de tortura en México se han triplicado en el presente sexenio, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mientras, que en el 2007 —primer año completo de Felipe Calderón— se presentaba en promedio ante el organismo una queja al día, en 2011 el ritmo se ha incrementado a poco más de tres diarias.

Según sus registros, en aquel 2007, ya referido, se abrieron 404 investigaciones por quejosos que fueron torturados por efectivos de las diversas instancias de seguridad pública en nuestro país.

Sin embargo, para 2010 los expedientes llegaron a mil 165, para un promedio de 3.2 inconformidades todos los días, proporción que se ha mantenido hasta el cierre de noviembre de este año, cuando la CNDH realizó el último corte sobre el tópico.

Así, de enero a noviembre se han promovido mil 070 quejas.

Testimonio de Juan José, de Saltillo, Coahuila:

“El 22 de mayo de este año mi hijo se encontraba en casa con un amigo cuando llegaron los marinos e ingresaron en forma violenta; ambos fueron amagados, mientras los efectivos destruían muebles y aparatos… A mi hijo le preguntaban:

¿Dónde está tu padre, a qué se dedica? Bajo amenazas, ordenaron que los llevara al domicilio donde yo estaba… Lo primero que hicieron fue golpearme y le tomaron fotografías a toda mi familia y luego me llevaron a un lugar que jamás pude identificar. Me daban puñetazos, patadas, tablazos y palazos.

¿Dónde están las armas y las drogas?, me decían y seguían pegándome, así era a todas horas, cuando se les antojaba divertirse conmigo, había momentos en que yo quedaba inconsciente y hasta perdí la cuenta de los días… Ya después sabría que me torturaron y aislaron por al menos 10 días… Mi cuerpo quedó destrozado y casi no podía moverme cuando al fin me entregaron al Ministerio Público.

Dijeron que me acababan de detener, en flagrancia, después de que una denuncia anónima refirió que me encontraba con otros sujetos y que transportaba y distribuía droga…Era mentira.               

También señalaron que me habían encontrado en una camioneta, donde hallaron armas, equipos de comunicación y droga”.

CIFRAS. En lo que va de 2011, la CNDH ha emitido ya 22 recomendaciones por torturas extremas en perjuicio de al menos 50 víctimas…

En 10 expedientes han estado involucrados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; en tres, efectivos de la Secretaría de Marina; en 2, agentes de los estados de Tabasco y Chihuahua; y en 1, personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República y policías de las entidades de Baja California, Guanajuato y Nuevo León.

Testimonio de María, de Ciudad Ojinaga, Chihuahua:

“El 23 de diciembre de 2008 un grupo de soldados irrumpió en mi domicilio y mientras me golpeaban, exigían detalles sobre objetos ilícitos y supuestos jefes criminales que desconocía…

Me vendaron los ojos, me amarraron las manos hacia atrás y me subieron a una camioneta para llevarme, después lo supe, a la Guarnición Militar en Ojinaga… Ahí me arrojaron sobre un colchón en el piso, resguardado dentro de una especie de jaula… Dos días después regresaron los militares, me ordenaron que me quitara la ropa y me amarraron a la jaula, dejándome colgada…

El día 27 me levantaron muy temprano y me metieron a bañar, pues mi ropa estaba llena de sangre: los golpes me habían provocado una hemorragia en el vientre… Mientras me bañaba, un militar encapuchado entró y me penetró por el ano, traté de defenderme, pero él me dio dos golpes en el estómago y me aniquiló…

El día 29 por la tarde dijeron que me consignarían, por eso el 30 me echaron a un camión y me trasladaron a las oficinas de la Agencia Federal de Investigación.

Al bajarme del camión uno de lo militares me dijo: la vas a librar, nada más te vamos a echar tres paquetitos…

Otro me preguntó: ¿Cuándo te agarramos?, y le respondí que el día 23, pero él me intimidó: di que fue hace rato… A los agentes les mostré los golpes y solicité un doctor para que ratificara la violación. Por fortuna, en el tiempo en que me mantuvieron retenida e incomunicada, mi familia tramitó una denuncia por la detención arbitraria por parte del Ejército, lo que después fue tomado en cuenta por una juez de distrito para dictar auto de libertad a mi favor por falta de elementos para procesar”.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Opinión: La Jornada

Ernesto Zedillo, en el banquillo de los acusados
Luis Hernández Navarro
Ernesto Zedillo ha sido sentado nuevamente en el banquillo de los acusados. Los familiares de la matanza de Acteal lo responsabilizan de crímenes contra la humanidad y de apoyar la formación de los grupos paramilitares que, el 22 de diciembre de 1997, asesinaron en una ermita del municipio de Chanalhó, Chiapas, a 45 hombres, mujeres y niños que rezaban por la paz.
El pasado 16 de septiembre, 10 personas, presumiblemente escindidas de la asociación civil Las Abejas, demandaron al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo ante la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos (caso Jane Doe et al versus Ernesto Zedillo). Lo acusan de responsabilidad de mando por ordenar, participar y conspirar en asociación delictuosa para ejecutar la masacre de Acteal, y por su posterior encubrimiento. Le piden a la corte que lo declare responsable por la comisión y tentativa de asesinatos extrajudiciales; por daños y tratos crueles e inhumanos; por el uso del terror y la violencia en contra de la libertad de asociación, pensamiento, opinión pública y ejercicio político; por crímenes en contra de la humanidad, y por crímenes de guerra.
La demanda civil fue un duro golpe a la reputación del ex mandatario mexicano. Medios de comunicación estadunidenses, como The Washington Post, CNN y Yale Daily News, difundieron la noticia. La Universidad de Yale, de la que Ernesto Zedillo es director de su Centro de Estudios sobre la Globalización y responsable del seminario Debatiendo la globalización, se localiza en Connecticut, donde fue presentado el requerimiento judicial.
Como explican Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo en el ensayo Enseñanzas de la demanda a Ernesto Zedillo, el fundamento jurídico de la solicitud de juicio está en la Alien Tort Claims Act (ley de reclamación por agravios contra extranjeros, ATCA, por sus siglas en inglés) y en la Torture Victim Protection Act (ley para la protección de víctimas de la tortura, TVPA, por sus siglas en inglés), que justifican la jurisdicción universal de Estados Unidos en materia civil para procesar a los responsables de cometer crímenes contra el derecho de las naciones. La ATCA, promulgada por el Congreso estadunidense en 1789, estipula que las cortes federales de ese país tienen jurisdicción para conocer todas las causas en las que algún extranjero demande por daños solamente en violación a la ley de las naciones o a un tratado del que sea parte Estados Unidos.
Según el periódico La Razón, para impedir el enjuiciamiento del ex presidente en Connecticut, el pasado 12 de diciembre su equipo de abogados defensores habría alegado su inmunidad como ex gobernante de una nación soberana.
En México, Ernesto Zedillo guardó silencio. No así en Estados Unidos. En un correo electrónico dirigido al diario Yale Daily News, dijo que las acusaciones son infames (...) carecen de sustento y son obviamente falsas. Añadió: Esta es una calumnia inventada por razones que ignoro.
No es la primera ocasión en la que el ex mandatario es señalado en Estados Unidos como responsable de la matanza de Acteal. Cuando el 18 febrero de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización civil Las Abejas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por el asesinato de 45 tzotziles, por considerar que las instancias internas se han agotado, el asunto rebotó en la prensa estadunidense.
En aquella ocasión, al igual que ahora, Zedillo se negó a aclarar en México su responsabilidad en el crimen. Nunca respondí a los insultos o calumnias cuando estuve en la política. Yo no creo que deba hacerlo ahora o nunca, dijo en 2005. Sin embargo, sí hizo declaraciones en Estados Unidos. El profesor de Yale negó las acusaciones que lo involucraban e ironizó: “Es muy revelador que no puedo encontrar ninguna noticia al respecto en medios mexicanos, como el diario Reforma de la ciudad de México”.
Efectivamente, en aquel entonces, pocos periódicos, además de La Jornada, divulgaron la noticia. No es raro. Es sabido que el ex mandatario mexicano tiene importantes cortafuegos en los medios de comunicación mexicanos. Después de salvar a las televisoras colocó en sus puestos de mando a personas de su absoluta confianza, consolidó una red de influyentes articulistas en medios escritos y controló buena parte de las empresas encuestadoras. A través de ellos, ha influido en la política mexicana y defendido sus intereses.
Este año, a diferencia de 2005, el profesor de Yale ha tenido que enfrentar las acusaciones en su contra sin expresiones relevantes de apoyo público. En 2005 sus aliados dieron la cara por él. Richard Levin, presidente de la Universidad de Yale, dijo que Zedillo era una persona con una gran integridad y que estaba haciendo un gran trabajo en Yale. En esta ocasión, casi nadie lo defendió.
Las acusaciones contra Zedillo no son nuevas. Desde 1997, los zapatistas señalaron la responsabilidad del mandatario en la masacre. Lo siguen haciendo ahora. En la recientemente publicada Cuarta carta sobre ética y política que el subcomandante Marcos escribió a don Luis Villoro, el dirigente del EZLN recordó cómo el comandante Moisés, fallecido el pasado 26 de septiembre, recabó información vital para esclarecer la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de ese año, perpetrada por paramilitares bajo la dirección del general del Ejército federal Mario Renán Castillo y con Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet y Julio César Ruiz Ferro como autores intelectuales.
Es evidente que detrás de la demanda presentada contra Zedillo en Connecticut hay intereses políticos que van más allá del requerimiento de un grupo de víctimas de que se repare un agravio. Pero también es obvio que esto no es una prueba de inocencia del ex mandatario mexicano, el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y sus socios. Ellos son responsables de perpetrar un crimen de Estado. Por ello deben ser juzgados moral y jurídicamente.

jueves, 10 de noviembre de 2011

HRW denuncia torturas sistemáticas del Ejército mexicano en la guerra contra el narco

efe / méxico
Día 10/11/2011 - 17.44h

Human Rights Watch denuncia «violaciones de derechos humanos generalizadas» en México por parte de militares y policías en el marco de la estrategia de combate al crimen organizado emprendida en el 2006 por el presidente, Felipe Calderón. «En vez de reducir la violencia, la "guerra contra el narcotráfico" de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad», señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En investigaciones realizadas en cinco de los estados más violentos del país, la ONG «encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 "desapariciones" y 24 ejecuciones extrajudiciales» desde diciembre de 2006, cuando asumió el poder Calderón, hasta este año.

El informe de la agrupación estadounidense, titulado «Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la "guerra contra el narcotráfico" de México» y basado en 200 entrevistas y 60 peticiones de información pública, señala además que «casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente».

Total impunidad

Recuerda que más de 50.000 soldados fueron desplegados por México, así como marinos y policías federales, para apoyar a los estados donde se vivían los peores casos de violencia. HRW destaca que en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, «las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles».

Llama, además, la atención sobre la existencia de «evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos». La «impunidad casi total» que rodea estos casos se debe a que siguen «siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar», pese a que tanto el Supremo mexicano como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han pedido que pasen a tribunales civiles.

«Delincuentes»

La organización también pone en duda la afirmación de Calderón de que «el 90% de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico [que su Gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011] eran delincuentes». Y recuerda HRW que la Fiscalía federal sólo abrió 997 investigaciones por homicidios entre 2007 y agosto de 2011, y que en ese periodo «los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada».

miércoles, 13 de julio de 2011

Corte: militares a juicio civil si violan derechos humanos

El ministro Juan Silva Meza durante la sesión. Foto: Germán Canseco
El ministro Juan Silva Meza durante la sesión.
Foto: Germán Canseco
 
México, D.F. (apro).- En acatamiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispuso que las sentencias que dicten los jueces en todo el país deben apegarse a las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, incluidas aquellas que restringen el fuero militar.

En votaciones mayoritarias y unánimes, el pleno de la Corte tomó dos decisiones sin precedentes al discutir el cumplimiento, por parte del Poder Judicial de la Federación, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada, en 1974, del campesino Rosendo Radilla a manos del Ejército mexicano.

La primera, que todos los jueces del país pueden aplicar la protección internacional de los derechos humanos. La segunda vino en consecuencia: que los militares responsables de violaciones a los derechos humanos de civiles deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no por los tribunales castrenses.

“Bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar en violaciones a los derechos humanos que afecten a civiles”, señaló el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, al relatar el acuerdo alcanzado de forma unánime, aunque con algunas reservas, por el pleno del máximo tribunal del país.

La resolución adoptada este martes por la Corte va mucho más allá de la iniciativa de ley propuesta por el gobierno de Felipe Calderón para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) y que está pendiente de discutir en el Congreso.

La iniciativa de Calderón limita a los casos de violación, tortura y desaparición forzada los delitos cometidos por militares que pueden ser investigados por la justicia civil. Excluye delitos graves como el homicidio, cargo por el que se siguen varias cusas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas en el marco de la “guerra al narcotráfico” de Calderón.

Los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos establecen que cualquier delito cometido por militares contra civiles debe ser investigado por la justicia civil y no por la justicia castrense, como actualmente sucede en México.

Después de 10 meses de haber iniciado la discusión sobre el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, dictada en noviembre de 2009, la SCJN adoptó las primeras resoluciones de fondo.

En la primera, determinó que todos los jueces del país están obligados comprobar que las leyes que apliquen en sus sentencias se ajusten a la Constitución Política y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Con esa decisión, la Corte echó abajo el criterio judicial que prevaleció por 70 años y por el cual sólo los jueces federales podían hacer ese tipo de revisiones.

A partir de que la sentencia cause estado, todos los jueces locales y administrativos del país estarán en la posibilidad de aplicar lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales firmados por México sobre derecho humanitario.

Lo que no podrán hacer será declarar la inconstitucionalidad de una norma, lo que está reservado a los tribunales federales.

Silva Meza resumió el sentido de la decisión adoptada por el pleno en una votación de siete a tres: “Todos los jueces estamos obligados a buscar que nuestras resoluciones estén dictadas del modo como mejor se respeten los derechos humanos, no sólo previstos en la Constitución, son en aquellos que tal vez con mayor detalle están en los tratados” internacionales.

Los ministros precisaron que su resolución se ajusta al nuevo artículo Primero de la Constitución, que entró en vigor en junio pasado y que obliga a “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias” a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

La segunda decisión de la SCJN limita la aplicación del Código de Justicia Militar, que ha servido como argumento para que los tribunales militares atraigan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina.

Por unanimidad, aunque con reservas de los ministros Salvador Aguirre, Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar, la Corte estableció que “los jueces del Estado mexicano deben replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional”.

La Corte también fijó que ejercerá su “competencia originaria” para resolver las diferencias de competencia entre los tribunales militares y civiles federales o locales y que puedan dar pauta a la creación de jurisprudencia.

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miércoles, 25 de mayo de 2011

Abusos de autoridad en CERSS 3 Tapachula y pésimas condiciones carcelarias

Tapachula Chiapas
CERESO N. 3

DENUNCIA PUBLICA A CARTA AVIERTA

La directora y la contadora duendi y leticia Espinoza. La comida esta muy grasosa por eso no comemos todos. Son el que tienen poder aqui adentro en CERESO Tres. Porque ellas no dejan pasar las cosas de cada interno, tienen una tienda donde ellas dan muy caras las cosas de alimentos y ellas nos estan sofornando por comprar en la tienda que tiene leticia ella tiene todos los negocios aqui adentro en el penal N. 3.

Nosotros los internos nos quejamos por estas malas anomania que bean las autoridades competentes no deja pasar los alimentos de la vicita y por sus naguas de ella que todos en cocina somos mil cuatrocientos: comamos.

Durante el tiempo que estoy preso injustamente llo ananias laparra martinez mi esposa rosa godinez chabes ella no me ha avandonado y ella se alluda en la venta de tamales y aci ella me vicita.

El dia 18 de mayo del 2011 mi esposa traya su venta de tamales porque ella de esa forma se alluda con su venta porque somos muy pobres. Mi esposa me vicita cada 15 dias o cada mes trallendome comida ho tamales y unas frutas para convivir un rrato y mis nietos yo llevo 12 años preso injustamente. Estas personas del arias alministratiba están retirándome de mi vicita.


DENUNCIA A CARTA AVIERTA PUBLICA
ANANIAS LAPARRA MARTINES


lunes, 9 de mayo de 2011

Opinión

La tortura en el DF
Miguel Concha
En fechas recientes se han venido discutiendo en las comisiones de la Asamblea Legislativa algunas iniciativas de reformas al Código Penal para el Distrito Federal, que pretenden modificar los artículos 294, 295, 296, 297 y 298, relativos al delito de tortura.

Esta violación grave a los derechos humanos es todavía una realidad en la ciudad de México, ya que no ha sido posible eliminarla, a pesar de frecuentes esfuerzos por tratar de erradicarla o disminuirla. Lo que implica una falta de diligencia en su investigación, y, como consecuencia, de sanción por parte de las autoridades. Esta afirmación la comparten también organizaciones nacionales e internacionales, organismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos y organismos públicos mexicanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La comparte, sobre todo, el enorme número de víctimas que, a consecuencia de investigaciones deficientes, y de un sistema laxo en cuanto al respeto de los derechos humanos, han sido condenadas, disminuidas y en general afectadas física y sicológicamente.

La tortura se encuentra prohibida en nuestra Constitución, en los códigos penales del país y en diversos tratados internacionales de los que México es parte. Y existe además un consenso internacional en cuanto a su prohibición. En efecto, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha afirmado, en su recomendación general número 24, que la obligación de no someter a las personas a tortura o malos tratos es una norma del derecho internacional consuetudinario. Y que el derecho a no ser sometido a tortura forma parte, sin ninguna duda, de una serie de derechos básicos. El deber de respetar este derecho es también una obligación erga omnes. Es decir, aplicable a todo ser humano, ya que se trata de algo que no se cuestiona y está apoyado en una serie de importantes decisiones judiciales.

Una vez dicho esto, es conveniente señalar que en el Distrito Federal se están discutiendo una serie de propuestas para cambiar el tipo penal existente en materia de tortura. Si bien hay que reconocer las buenas intenciones, que tendrían por objeto contar con un tipo penal actualizado y acorde con los estándares internacionales, debemos advertir del riesgo que se corre, al querer incluir algunos conceptos que amenazarían seriamente la lucha contra la tortura.

La tortura en la ciudad de México se describe como el acto en el que un servidor público del Distrito Federal, en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o sicológicos, con el fin de I. Obtener de ella información; II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; y III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. A esto se debe agregar que quien comete tortura puede ser directamente el servidor público o un particular que obre bajo sus órdenes, o bien el funcionario que por aquiescencia u omisión permita la tortura.

Se ha sabido que en las propuestas existentes en la Asamblea Legislativa habría algunas que se alejan de los estándares internacionales para perseguir este delito. En específico, cuando se pretende agregar el calificativo degraves a los daños que genere quien comete tortura. Esto es preocupante, toda vez que este término había sido suprimido después de una amplia labor de organizaciones de derechos humanos del Código Penal en 2002.

La palabra graves, si bien se encuentra en algunos instrumentos internacionales que definen la tortura, ha sido ampliamente superada por la jurisprudencia internacional, toda vez que no es necesario un cierto nivel de intensidad del daño, dolor o de sus secuelas, para que consideremos que ha existido tortura.

El simple hecho de infligir daños o sufrimientos con una finalidad concreta por parte de un servidor público, o con su aquiescencia u omisión, es suficiente para que se configure este delito. Y esto no es una cuestión menor, pues, como ya se dijo, la tortura es una realidad en México y en esta ciudad capital, que trae consigo una gran cantidad de problemas, que no sólo perjudican a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, tenemos que la tortura por sí misma es una violación grave a los derechos humanos, que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. Pero esto no es lo único. Es también expresión de un deficiente sistema de investigación de los delitos. ¿Qué certeza podemos tener de una confesión que es arrancada a golpes o bajo amenazas? ¿Nos da esto seguridad de que las corporaciones encargadas de investigar los delitos cumplen con su función? Definitivamente no.

Por otra parte, no sancionar la tortura genera la impunidad que vivimos, toda vez que los torturadores no son llevados ante la justicia, generando con ello este círculo vicioso de violaciones a los derechos humanos, que se repiten debido a la falta de castigo. En medio de este clima nacional de autoritarismo y de reformas equívocas, estas reformas propuestas en la Asamblea significarían un retroceso, y pueden resultar muy peligrosas para la ciudadanía.

Es deber de la Asamblea Legislativa actuar con responsabilidad y no dejarse llevar por falsos paradigmas que han resultado un rotundo fracaso. Esperemos que cumplan con su obligación en favor de quienes viven y transitan por la ciudad, y que aprueben siempre reformas ajustadas a los derechos humanos.




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