Comunicado de Prensa

               

En Washington D.C. y en Tapachula, Chiapas, México

A  30 de enero de 2012

Boletín de prensa

·         Organismo internacional requiere al gobierno mexicano que adopte medidas urgentes para proteger la salud e integridad personal de Ananías Laparra Martínez

·         Indiferencia del gobierno de Chiapas, permite que anciano de sesenta y tres años de edad siendo inocente y estando enfermo continúe injustamente preso desde hace más de doce años en el CERSS 3 de Tapachula, Chiapas

·         Caso recibe apoyo de instituciones académicas y legales de EEUU y México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional con sede en Washington DC, solicitó al gobierno mexicano la adopción de medidas urgentes de protección para el señor Ananías Laparra Martínez, de sesenta y tres años de edad,  quien se encuentra recluido injustamente desde hace más de 12 años en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3) por un delito que no cometió.

Mediante un comunicado oficial, el organismo internacional informó a los representantes del señor Laparra y su familia, el abogado mexicano Ricardo Lagunes Gasca y los abogados Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, EEUU, que se ha acreditado la existencia de una situación de gravedad y urgencia que, de no ser atendida por el Estado, causará daños irreparables a los derechos humanos del señor Ananías Laparra Martínez.  La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también ha afirmado su apoyo en este caso.

Los graves padecimientos que sufre el señor Laparra Martínez y el constante deterioro de su estado de salud son el resultado directo de la tortura inferida durante su detención ministerial y de las deficientes condiciones carcelarias en las que se encuentra en el CERSS 3, incluyendo la falta de atención medica adecuada. Familiares del señor Laparra Martínez y sus representantes legales han solicitado insistentemente al gobernador del Estado de Chiapas y a otras dependencias estatales, la liberación inmediata del señor Ananías como medida eficaz para evitar un daño de imposible reparación.

En julio de 2011, el gobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ante la preocupación nacional e internacional que adquirió este caso, se comprometió frente a la representación de la CIDH en su visita a la ciudad de Tapachula, Chiapas, a la atención diligente del mismo, así como a gestionar la libertad del señor Laparra Martínez. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han sido indiferentes al dolor que padece la familia y a sus reclamos de justicia.

La privación ilegal y arbitraria de la libertad, así como la tortura del señor Ananías Laparra Martínez y su familia, comenzaron a ocurrir el 14 de octubre de 1999, por agentes de la Policía Judicial del Estado de Chiapas. La familia  fue torturada por personal de la policía judicial con la orden, aquiescencia y participación de un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de dicho Estado. Los dos hijos menores del señor Ananías Laparra–José Ananías de 14 años y Rocío Fulvia Laparra Godínez de 16 años—así como su esposa, Rosa Godínez, fueron torturados y forzados a firmar declaraciones que inculparon al señor Ananías de haber privado de la vida de una persona de la zona. Además de torturar a sus dos niños y a su esposa, el señor Laparra también fue torturado y forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, después de que los agentes torturaran a uno de sus hijos delante de él.

Únicamente con estos elementos de prueba ilícitamente obtenidos ante el Ministerio Público, con base en el principio de inmediatez procesal, ignorando las constantes denuncias de tortura realizadas desde la primera oportunidad que se tuvo ante las autoridades judiciales y violando los derechos humanos de la familia Laparra, el 31 de enero de 2002 el Juez Primero del ramo penal del Distrito Judicial de Tapachula, sin realizar investigación alguna sobre la tortura denunciada, condenó al señor Laparra a una pena de prisión de 28 años, 7 meses y 15 días.

La tortura es un acto considerado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario como un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible, mismo que debe ser erradicado por todos los medios disponibles dentro de las prácticas de investigación criminales. En caso de comisión, debe ser investigado y sancionado de manera pronta y eficaz por las autoridades competentes, y las declaraciones obtenidas bajo tortura deben ser consideradas pruebas ilícitas y declaradas nulas. De lo contrario como sucede en México, el uso de la tortura se convierte en una situación crónica y la indiferencia estatal fomenta la impunidad.

La familia Laparra, sus representantes y las organizaciones que apoyan este caso urgen al Estado mexicano a implementar de manera urgente las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana y a liberar de forma inmediata al señor Ananías Laparra Martínez para evitar un daño de imposible reparación. Asimismo, instan al Estado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva sobre los actos de tortura y las violaciones denunciadas, que tienda a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas.

Para más información contactar:

Abogado representante en México:

Ricardo Lagunes Gasca

 ricardolagunes@gmail.com

Abogados representantes en Estados Unidos:

Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza

antkowit@seattleu.edu

“Se va ex titular de la DFS en la total impunidad”: Rosario Ibarra

Farsa, el juicio al que fue sometido en Monterrey, del que resultó absuelto, acusa.

Andrea Becerril
Publicado: 28/01/2012 09:53

México, DF. Rosario Ibarra, presidenta del Comité Eureka, quien lucha desde hace casi cuatro décadas por encontrar a los desaparecidos políticos, afirmó que el fallecimiento de Miguel Nazar Haro, ex responsable de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), le recordó una dolorosa historia de cientos de jóvenes torturados hasta la muerte, sin que los responsables hayan sido castigados.

En entrevista, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lamentó que Nazar, a quien se acusó de desaparecer a su hijo, Jesús Piedra Ibarra, y de encargarse personalmente de torturar a estudiantes, luchadores sociales, guerrilleros y a todos aquellos considerados opositores al régimen, “se vaya de esta vida en total impunidad”.

Lo conoció, explica, a finales de 1976, cuando acudió a la sede de la DFS, en Circular de Morelia 8, a preguntar por su hijo, desaparecido en 1975. Jesús Piedra fue acusado de estar ligado al secuestro del empresario Eugenio Garza Sada y de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre.

En cuanto su hijo desapareció, “inmediatamente presenté la denuncia en Monterrey, viajé a la ciudad de México, fui de un lado a otro, hablé 39 veces con el entonces presidente Luis Echeverría, con el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, a la Procuraduría General de la República (PGR) y también a la DFS”.

Agrega que estuvo en muchos penales. “Me decían que mi hijo estaba en tal cárcel. Iba a tal cárcel, adonde fuera, al Campo Militar de la Joya de Torreón, al Campo Militar número Uno. Junto con mi hija Claudia anduvimos como locas en todos lados. Y pues no, en ninguna parte lo encontramos”.

–¿Cuándo fue la primera vez que se reunió con Nazar Haro?

–Debe de haber sido un año después de que desaparecieron a Jesús. Tenía información de que lo habían llevado con él, y me presenté a la DFS, que tenía fama de ser un centro de tortura terrible. Le pregunté directamente por mi hijo. Le dije que tenía derecho a un juicio justo, y me respondió muy serio que el gobierno federal no lo tenía.

Agrega que le insistió, y Nazar Haro acabó por decirle que mejor le preguntara a las guardias blancas de Garza Sada.

–Es decir, ¿estaba acusando al personal de seguridad del empresario fallecido?

–Sí, había antecedentes de antipatía del entorno de Garza Sada hacia la Liga 23 de Septiembre, pero en realidad era una forma de tratar de quitarme de encima, para que no siguiera exigiendo cuentas al gobierno, porque Jesús fue detenido por un policía de nombre Carlos G. Solana. Era jefe de la Judicial de Nuevo León. Y éste lo había entregado a la Dirección Federal de Seguridad; es decir, precisamente a Nazar Haro.

–¿Y qué impresión le dio?

–Era un hombre bajito, de ojos azules, muy azules, de pelo entrecano, seco en su hablar, pero muy correcto. Su aspecto no era el del hombre que disponía de las vidas de los demás sin vacilar. Parecía un hombre honorable, que nada tenía que ver con el director de un centro en el que se vejaba, se lastimaba sin piedad a seres humanos, con los que cometían todo tipo de atrocidades sólo porque pensaban distinto.

Los vecinos de la DFS de Circular de Morelia 8 “escuchaban por las noches y la madrugada gritos terribles y quejidos. Era como una prisión clandestina”.

Años después, ya con el Frente Nacional Contra la Represión fundado, Rosario Ibarra siguió en la lucha, llevó a cabo varias huelgas de hambre y logró que el gobierno de José López Portillo amnistiara a mil 500 presos políticos y presentara a 148 desaparecidos.

Por los testimonios de estos últimos, afirmó, pudieron saber cómo actuaba en realidad Nazar Haro en la DFS.

“No recuerdo su nombre ahorita, pero sí la historia de un muchacho que vio cómo en esa Dirección Federal de Seguridad golpearon y torturaron a su hermano, que nada tenía que ver con movimientos armados, hasta que lo mataron”.

Nazar sólo comentó: “ya se nos fue, hay que tirarlo”. Otros testimonios de los 128 liberados, dijo, “dieron cuenta de golpizas a todas horas, de encierros desnudos en celdas frías, de toques eléctricos en los genitales, de ahogamientos en agua sucia, de muchas otras barbaridades”.

–¿Alguno dijo que el propio Nazar Haro lo martirizó?

–Lo hacían él y sus secuaces. Él dirigía. Nos contaron que a Nazar Haro le gustaba empezar a lastimarlos, con sus propias manos.

Al final, Nazar ya no la recibía, pero con los testimonios que obtuvo lo denunció por la desaparición de su hijo. El ex titular de la DFS fue juzgado en Monterrey, pero fue absuelto, en un juicio que la senadora Ibarra califica de farsa.

“Su hijo José Luis se paseaba en el juzgado como por su casa, podía leer el expediente. A mí ni me lo dejaban hojear. Y en una ocasión en que sonreí por una de las mentiras que decían, el juez me gritó que me iba a meter a la cárcel si me volvía a reir”.

Ibarra advierte que hay aún 571 desaparecidos de la “mal llamada guerra sucia de los setentas”, quienes en su mayoría deben haber pasado por las manos de Nazar Haro.

–¿Y todo eso quedará en la impunidad?

–Sí, ya murió él, y antes Fernando Gutiérrez Barrios y Moya Palencia y no hubo justicia. Sólo queda vivo Luis Echeverría. Y muchísimas familias a las que llenaron de dolor esperan aún encontrar a sus hijos y esposos desaparecidos.

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Emite CNDH Recomendación contra el gobierno de Q. Roo por caso de tortura

Policía • 1 Enero 2012 - 1:12pm — Fernando Meraz-Mejorado

De acuerdo al señalamiento emitido por el organismo, personal del Centro de Reinserción Social de Cancún, golpearon y torturaron a un grupo de presos.

Ciudad de México • La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió su primera recomendación del año al gobierno de Quintana Roo, por denuncias de reos de la cárcel local, que acusaron de golpes y torturas a custodios de esta en un motín registrado en mayo pasado con saldo de un muerto y una docena de heridos.

En su recomendación 77/211 la Comisión señala que el motín registrado el 11 de mayo del año pasado, “se rompió el orden en el penal por la suspensión de alimentos, agua y visitas familiares”.

También advierte que al controlar el levantamiento “Hubo exceso en el uso de la fuerza pública con gases lacrimógenos y balas de goma que terminaron con la vida de una persona y dejaron a varios lesionados”.

La resolución CGCP/001/12 entregada hoy al gobierno quintanarroense, la Comisión de Derechos Humanos informó haber recabado información “sobre los hechos registrados en la cárcel el día del motín y el desempeño del personal de ese centro y la subprocuraduría de la Procuraduría de Justicia”.

El informe de visitadores de la Comisión advirtió que el penal presenta graves problemas estructurales en sus instalaciones y falta de personal necesario para el funcionamiento adecuado del mismo.

La Comisión señaló al gobierno que “del análisis realizado por expertos enviados a esta ciudad, se concluyó que se vulneraron derechos a la seguridad personal y jurídica a la legalidad, al trato digno y a la reinserción social de los internos”.

En su parte sustantiva el organismo tutelar de los Derechos Humanos recomienda al gobierno de Quintana Roo “tomar las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a los familiares de la persona que falleció en el motín”.

También indica “la necesidad de instaurar políticas públicas integrales en materia penitenciaria para una estancia digna y segura en los centros de reclusión y realizar las gestiones correspondientes para que se cubran las necesidades alimenticias de la población interna”.

Esto incluye, señala el informe de Derechos Humanos, “Asignar personal capacitado de seguridad y custodia que garantice los derechos humanos de reclusos, empleados y visitantes”.

Finalmente consigna la necesidad de colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el proceso de la queja y la denuncia correspondiente.
La Recomendación 77/2011 puede ser consultada en el sitio oficial del organismo.

En el levantamiento del 11 de mayo de 2011, falleció Oscar Melchor Dzul Cortés, alias "El Piolín", miembro de "Los Zetas". Según versiones de familiares el motín fue pretexto para asesinarlo y silenciarlo pues era testigo y actos de un triple homicidio registrado antes en la cárcel.

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La tortura se ha triplicado en este sexenio: CNDH

Daniel Blancas Madrigal | Nacional

2011-12-22 | Hora de creación: 01:19:41| Ultima modificación: 01:20:09

Los casos de tortura en México se han triplicado en el presente sexenio, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mientras, que en el 2007 —primer año completo de Felipe Calderón— se presentaba en promedio ante el organismo una queja al día, en 2011 el ritmo se ha incrementado a poco más de tres diarias.

Según sus registros, en aquel 2007, ya referido, se abrieron 404 investigaciones por quejosos que fueron torturados por efectivos de las diversas instancias de seguridad pública en nuestro país.

Sin embargo, para 2010 los expedientes llegaron a mil 165, para un promedio de 3.2 inconformidades todos los días, proporción que se ha mantenido hasta el cierre de noviembre de este año, cuando la CNDH realizó el último corte sobre el tópico.

Así, de enero a noviembre se han promovido mil 070 quejas.

Testimonio de Juan José, de Saltillo, Coahuila:

“El 22 de mayo de este año mi hijo se encontraba en casa con un amigo cuando llegaron los marinos e ingresaron en forma violenta; ambos fueron amagados, mientras los efectivos destruían muebles y aparatos… A mi hijo le preguntaban:

¿Dónde está tu padre, a qué se dedica? Bajo amenazas, ordenaron que los llevara al domicilio donde yo estaba… Lo primero que hicieron fue golpearme y le tomaron fotografías a toda mi familia y luego me llevaron a un lugar que jamás pude identificar. Me daban puñetazos, patadas, tablazos y palazos.

¿Dónde están las armas y las drogas?, me decían y seguían pegándome, así era a todas horas, cuando se les antojaba divertirse conmigo, había momentos en que yo quedaba inconsciente y hasta perdí la cuenta de los días… Ya después sabría que me torturaron y aislaron por al menos 10 días… Mi cuerpo quedó destrozado y casi no podía moverme cuando al fin me entregaron al Ministerio Público.

Dijeron que me acababan de detener, en flagrancia, después de que una denuncia anónima refirió que me encontraba con otros sujetos y que transportaba y distribuía droga…Era mentira.               

También señalaron que me habían encontrado en una camioneta, donde hallaron armas, equipos de comunicación y droga”.

CIFRAS. En lo que va de 2011, la CNDH ha emitido ya 22 recomendaciones por torturas extremas en perjuicio de al menos 50 víctimas…

En 10 expedientes han estado involucrados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; en tres, efectivos de la Secretaría de Marina; en 2, agentes de los estados de Tabasco y Chihuahua; y en 1, personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República y policías de las entidades de Baja California, Guanajuato y Nuevo León.

Testimonio de María, de Ciudad Ojinaga, Chihuahua:

“El 23 de diciembre de 2008 un grupo de soldados irrumpió en mi domicilio y mientras me golpeaban, exigían detalles sobre objetos ilícitos y supuestos jefes criminales que desconocía…

Me vendaron los ojos, me amarraron las manos hacia atrás y me subieron a una camioneta para llevarme, después lo supe, a la Guarnición Militar en Ojinaga… Ahí me arrojaron sobre un colchón en el piso, resguardado dentro de una especie de jaula… Dos días después regresaron los militares, me ordenaron que me quitara la ropa y me amarraron a la jaula, dejándome colgada…

El día 27 me levantaron muy temprano y me metieron a bañar, pues mi ropa estaba llena de sangre: los golpes me habían provocado una hemorragia en el vientre… Mientras me bañaba, un militar encapuchado entró y me penetró por el ano, traté de defenderme, pero él me dio dos golpes en el estómago y me aniquiló…

El día 29 por la tarde dijeron que me consignarían, por eso el 30 me echaron a un camión y me trasladaron a las oficinas de la Agencia Federal de Investigación.

Al bajarme del camión uno de lo militares me dijo: la vas a librar, nada más te vamos a echar tres paquetitos…

Otro me preguntó: ¿Cuándo te agarramos?, y le respondí que el día 23, pero él me intimidó: di que fue hace rato… A los agentes les mostré los golpes y solicité un doctor para que ratificara la violación. Por fortuna, en el tiempo en que me mantuvieron retenida e incomunicada, mi familia tramitó una denuncia por la detención arbitraria por parte del Ejército, lo que después fue tomado en cuenta por una juez de distrito para dictar auto de libertad a mi favor por falta de elementos para procesar”.

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Opinión: La Jornada

Ernesto Zedillo, en el banquillo de los acusados

Luis Hernández Navarro

Ernesto Zedillo ha sido sentado nuevamente en el banquillo de los acusados. Los familiares de la matanza de Acteal lo responsabilizan de crímenes contra la humanidad y de apoyar la formación de los grupos paramilitares que, el 22 de diciembre de 1997, asesinaron en una ermita del municipio de Chanalhó, Chiapas, a 45 hombres, mujeres y niños que rezaban por la paz.

El pasado 16 de septiembre, 10 personas, presumiblemente escindidas de la asociación civil Las Abejas, demandaron al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo ante la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos (caso Jane Doe et al versus Ernesto Zedillo). Lo acusan de responsabilidad de mando por ordenar, participar y conspirar en asociación delictuosa para ejecutar la masacre de Acteal, y por su posterior encubrimiento. Le piden a la corte que lo declare responsable por la comisión y tentativa de asesinatos extrajudiciales; por daños y tratos crueles e inhumanos; por el uso del terror y la violencia en contra de la libertad de asociación, pensamiento, opinión pública y ejercicio político; por crímenes en contra de la humanidad, y por crímenes de guerra.

La demanda civil fue un duro golpe a la reputación del ex mandatario mexicano. Medios de comunicación estadunidenses, como The Washington Post, CNN y Yale Daily News, difundieron la noticia. La Universidad de Yale, de la que Ernesto Zedillo es director de su Centro de Estudios sobre la Globalización y responsable del seminario Debatiendo la globalización, se localiza en Connecticut, donde fue presentado el requerimiento judicial.

Como explican Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo en el ensayo Enseñanzas de la demanda a Ernesto Zedillo, el fundamento jurídico de la solicitud de juicio está en la Alien Tort Claims Act (ley de reclamación por agravios contra extranjeros, ATCA, por sus siglas en inglés) y en la Torture Victim Protection Act (ley para la protección de víctimas de la tortura, TVPA, por sus siglas en inglés), que justifican la jurisdicción universal de Estados Unidos en materia civil para procesar a los responsables de cometer crímenes contra el derecho de las naciones. La ATCA, promulgada por el Congreso estadunidense en 1789, estipula que las cortes federales de ese país tienen jurisdicción para conocer todas las causas en las que algún extranjero demande por daños solamente en violación a la ley de las naciones o a un tratado del que sea parte Estados Unidos.

Según el periódico La Razón, para impedir el enjuiciamiento del ex presidente en Connecticut, el pasado 12 de diciembre su equipo de abogados defensores habría alegado su inmunidad como ex gobernante de una nación soberana.

En México, Ernesto Zedillo guardó silencio. No así en Estados Unidos. En un correo electrónico dirigido al diario Yale Daily News, dijo que las acusaciones son infames (...) carecen de sustento y son obviamente falsas. Añadió: Esta es una calumnia inventada por razones que ignoro.

No es la primera ocasión en la que el ex mandatario es señalado en Estados Unidos como responsable de la matanza de Acteal. Cuando el 18 febrero de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización civil Las Abejas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por el asesinato de 45 tzotziles, por considerar que las instancias internas se han agotado, el asunto rebotó en la prensa estadunidense.

En aquella ocasión, al igual que ahora, Zedillo se negó a aclarar en México su responsabilidad en el crimen. Nunca respondí a los insultos o calumnias cuando estuve en la política. Yo no creo que deba hacerlo ahora o nunca, dijo en 2005. Sin embargo, sí hizo declaraciones en Estados Unidos. El profesor de Yale negó las acusaciones que lo involucraban e ironizó: “Es muy revelador que no puedo encontrar ninguna noticia al respecto en medios mexicanos, como el diario Reforma de la ciudad de México”.

Efectivamente, en aquel entonces, pocos periódicos, además de La Jornada, divulgaron la noticia. No es raro. Es sabido que el ex mandatario mexicano tiene importantes cortafuegos en los medios de comunicación mexicanos. Después de salvar a las televisoras colocó en sus puestos de mando a personas de su absoluta confianza, consolidó una red de influyentes articulistas en medios escritos y controló buena parte de las empresas encuestadoras. A través de ellos, ha influido en la política mexicana y defendido sus intereses.

Este año, a diferencia de 2005, el profesor de Yale ha tenido que enfrentar las acusaciones en su contra sin expresiones relevantes de apoyo público. En 2005 sus aliados dieron la cara por él. Richard Levin, presidente de la Universidad de Yale, dijo que Zedillo era una persona con una gran integridad y que estaba haciendo un gran trabajo en Yale. En esta ocasión, casi nadie lo defendió.

Las acusaciones contra Zedillo no son nuevas. Desde 1997, los zapatistas señalaron la responsabilidad del mandatario en la masacre. Lo siguen haciendo ahora. En la recientemente publicada Cuarta carta sobre ética y política que el subcomandante Marcos escribió a don Luis Villoro, el dirigente del EZLN recordó cómo el comandante Moisés, fallecido el pasado 26 de septiembre, recabó información vital para esclarecer la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de ese año, perpetrada por paramilitares bajo la dirección del general del Ejército federal Mario Renán Castillo y con Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet y Julio César Ruiz Ferro como autores intelectuales.

Es evidente que detrás de la demanda presentada contra Zedillo en Connecticut hay intereses políticos que van más allá del requerimiento de un grupo de víctimas de que se repare un agravio. Pero también es obvio que esto no es una prueba de inocencia del ex mandatario mexicano, el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y sus socios. Ellos son responsables de perpetrar un crimen de Estado. Por ello deben ser juzgados moral y jurídicamente.

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HRW denuncia torturas sistemáticas del Ejército mexicano en la guerra contra el narco

efe / méxico
Día 10/11/2011 - 17.44h

Human Rights Watch denuncia «violaciones de derechos humanos generalizadas» en México por parte de militares y policías en el marco de la estrategia de combate al crimen organizado emprendida en el 2006 por el presidente, Felipe Calderón. «En vez de reducir la violencia, la "guerra contra el narcotráfico" de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad», señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En investigaciones realizadas en cinco de los estados más violentos del país, la ONG «encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 "desapariciones" y 24 ejecuciones extrajudiciales» desde diciembre de 2006, cuando asumió el poder Calderón, hasta este año.

El informe de la agrupación estadounidense, titulado «Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la "guerra contra el narcotráfico" de México» y basado en 200 entrevistas y 60 peticiones de información pública, señala además que «casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente».

Total impunidad

Recuerda que más de 50.000 soldados fueron desplegados por México, así como marinos y policías federales, para apoyar a los estados donde se vivían los peores casos de violencia. HRW destaca que en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, «las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles».

Llama, además, la atención sobre la existencia de «evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos». La «impunidad casi total» que rodea estos casos se debe a que siguen «siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar», pese a que tanto el Supremo mexicano como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han pedido que pasen a tribunales civiles.

«Delincuentes»

La organización también pone en duda la afirmación de Calderón de que «el 90% de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico [que su Gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011] eran delincuentes». Y recuerda HRW que la Fiscalía federal sólo abrió 997 investigaciones por homicidios entre 2007 y agosto de 2011, y que en ese periodo «los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada».

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Guatemala sigue sin investigar e identificar el paradero de Marco Antonio Molina Theissen a 30 años de su desaparición

Crimen permanece en la impunidad pese a sentencia de la Corte Interamericana

06-10-11

San José, 6 de octubre del 2011- La desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen a manos del Ejército de Guatemala sigue en la impunidad luego de 30 años de sucedidos los hechos. La familia de Marco Antonio, y la sociedad en su conjunto, aún no conocen su paradero, a pesar de que el Estado guatemalteco tiene la obligación de buscar y entregarles sus restos, según fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de reparaciones emitida el 3 de julio del 2004.

En una resolución de supervisión de este fallo que emitió el 16 de noviembre de 2009, la Corte destacó la absoluta pasividad del Estado y la impunidad en la que se encuentra el caso. Resaltó que la inacción estatal de investigar y sancionar a los responsables continúa afectando a los familiares y “fomenta la repetición de hechos violatorios, profundiza la impunidad, desacredita el Estado de Derecho e incumple compromisos internacionales”.

Cabe recordar que la sentencia también busca justicia y reparación para otras víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala ya que, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida, al menos 5.000 niños fueron desaparecidos y secuestrados por las Fuerzas Armadas guatemaltecas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Por ello, entre otras acciones, la Corte ha ordenado la creación de un sistema de información genética y la adopción de un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada. Estas órdenes tampoco han sido acatadas por el Estado de Guatemala.

Debido al incumplimiento estatal, en su resolución de supervisión la Corte también ordenó atender algunas de las causas estructurales que perpetúan la impunidad en este y otros casos. Esta acción requiere la pronta participación y efectiva colaboración de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial así como de otras instituciones estatales.

Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, señaló que esta fecha es de especial dolor para la familia Molina. Asimismo, afirmó que “la dramática historia que vivió la familia hace treinta años se revive a diario. Pese a ello la inacción del Estado evidencia el desdén con que se trata un caso tan grave, en el que se sigue negando a la familia el derecho a la justicia y a la verdad”.

El día de hoy, Lucrecia Molina, hermana de Marco Antonio, escribió en su blog: “Son treinta años pesados como puños, de búsqueda y espera, acumulados en mi piel y en mis huesos, también en mi palabra. Mientras tanto, ellos, los desaparecedores, los asesinos –triunfantes, satisfechos, soberbios, con su poder intacto– se pasean impunes, quizá deseando que muera o que desista. Pero yo, Ajpu, cerbatanera, acecho en el camino del tiempo y la paciencia, sostenida por la lealtad, la solidaridad, los principios y la sangre de mi hermano, que es la misma que corre por mis venas”.

La falta de respuesta estatal en este y otros casos motivó a CEJIL a liderar la solicitud de una audiencia –en conjunto con organizaciones y familiares– para tratar el tema de la impunidad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a Guatemala, la cual ha sido concedida por ese tribunal y cuya fecha está por ser definida.

CEJIL ha sido enfático en señalar reiteradamente el incumplimiento del Estado en este caso. En el 30.° aniversario de la desaparición de Marco Antonio Molina, exigimos a Guatemala honrar sus compromisos internacionales dando inmediato cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. El acatamiento de esta orden, así como la implementación de otras medidas estructutrales, es una responsabilidad para con la familia de Marco Antonio y para con las de miles de personas desaparecidas por fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado interno.

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