“Se va ex titular de la DFS en la total impunidad”: Rosario Ibarra

Farsa, el juicio al que fue sometido en Monterrey, del que resultó absuelto, acusa.

Andrea Becerril
Publicado: 28/01/2012 09:53

México, DF. Rosario Ibarra, presidenta del Comité Eureka, quien lucha desde hace casi cuatro décadas por encontrar a los desaparecidos políticos, afirmó que el fallecimiento de Miguel Nazar Haro, ex responsable de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), le recordó una dolorosa historia de cientos de jóvenes torturados hasta la muerte, sin que los responsables hayan sido castigados.

En entrevista, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lamentó que Nazar, a quien se acusó de desaparecer a su hijo, Jesús Piedra Ibarra, y de encargarse personalmente de torturar a estudiantes, luchadores sociales, guerrilleros y a todos aquellos considerados opositores al régimen, “se vaya de esta vida en total impunidad”.

Lo conoció, explica, a finales de 1976, cuando acudió a la sede de la DFS, en Circular de Morelia 8, a preguntar por su hijo, desaparecido en 1975. Jesús Piedra fue acusado de estar ligado al secuestro del empresario Eugenio Garza Sada y de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre.

En cuanto su hijo desapareció, “inmediatamente presenté la denuncia en Monterrey, viajé a la ciudad de México, fui de un lado a otro, hablé 39 veces con el entonces presidente Luis Echeverría, con el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, a la Procuraduría General de la República (PGR) y también a la DFS”.

Agrega que estuvo en muchos penales. “Me decían que mi hijo estaba en tal cárcel. Iba a tal cárcel, adonde fuera, al Campo Militar de la Joya de Torreón, al Campo Militar número Uno. Junto con mi hija Claudia anduvimos como locas en todos lados. Y pues no, en ninguna parte lo encontramos”.

–¿Cuándo fue la primera vez que se reunió con Nazar Haro?

–Debe de haber sido un año después de que desaparecieron a Jesús. Tenía información de que lo habían llevado con él, y me presenté a la DFS, que tenía fama de ser un centro de tortura terrible. Le pregunté directamente por mi hijo. Le dije que tenía derecho a un juicio justo, y me respondió muy serio que el gobierno federal no lo tenía.

Agrega que le insistió, y Nazar Haro acabó por decirle que mejor le preguntara a las guardias blancas de Garza Sada.

–Es decir, ¿estaba acusando al personal de seguridad del empresario fallecido?

–Sí, había antecedentes de antipatía del entorno de Garza Sada hacia la Liga 23 de Septiembre, pero en realidad era una forma de tratar de quitarme de encima, para que no siguiera exigiendo cuentas al gobierno, porque Jesús fue detenido por un policía de nombre Carlos G. Solana. Era jefe de la Judicial de Nuevo León. Y éste lo había entregado a la Dirección Federal de Seguridad; es decir, precisamente a Nazar Haro.

–¿Y qué impresión le dio?

–Era un hombre bajito, de ojos azules, muy azules, de pelo entrecano, seco en su hablar, pero muy correcto. Su aspecto no era el del hombre que disponía de las vidas de los demás sin vacilar. Parecía un hombre honorable, que nada tenía que ver con el director de un centro en el que se vejaba, se lastimaba sin piedad a seres humanos, con los que cometían todo tipo de atrocidades sólo porque pensaban distinto.

Los vecinos de la DFS de Circular de Morelia 8 “escuchaban por las noches y la madrugada gritos terribles y quejidos. Era como una prisión clandestina”.

Años después, ya con el Frente Nacional Contra la Represión fundado, Rosario Ibarra siguió en la lucha, llevó a cabo varias huelgas de hambre y logró que el gobierno de José López Portillo amnistiara a mil 500 presos políticos y presentara a 148 desaparecidos.

Por los testimonios de estos últimos, afirmó, pudieron saber cómo actuaba en realidad Nazar Haro en la DFS.

“No recuerdo su nombre ahorita, pero sí la historia de un muchacho que vio cómo en esa Dirección Federal de Seguridad golpearon y torturaron a su hermano, que nada tenía que ver con movimientos armados, hasta que lo mataron”.

Nazar sólo comentó: “ya se nos fue, hay que tirarlo”. Otros testimonios de los 128 liberados, dijo, “dieron cuenta de golpizas a todas horas, de encierros desnudos en celdas frías, de toques eléctricos en los genitales, de ahogamientos en agua sucia, de muchas otras barbaridades”.

–¿Alguno dijo que el propio Nazar Haro lo martirizó?

–Lo hacían él y sus secuaces. Él dirigía. Nos contaron que a Nazar Haro le gustaba empezar a lastimarlos, con sus propias manos.

Al final, Nazar ya no la recibía, pero con los testimonios que obtuvo lo denunció por la desaparición de su hijo. El ex titular de la DFS fue juzgado en Monterrey, pero fue absuelto, en un juicio que la senadora Ibarra califica de farsa.

“Su hijo José Luis se paseaba en el juzgado como por su casa, podía leer el expediente. A mí ni me lo dejaban hojear. Y en una ocasión en que sonreí por una de las mentiras que decían, el juez me gritó que me iba a meter a la cárcel si me volvía a reir”.

Ibarra advierte que hay aún 571 desaparecidos de la “mal llamada guerra sucia de los setentas”, quienes en su mayoría deben haber pasado por las manos de Nazar Haro.

–¿Y todo eso quedará en la impunidad?

–Sí, ya murió él, y antes Fernando Gutiérrez Barrios y Moya Palencia y no hubo justicia. Sólo queda vivo Luis Echeverría. Y muchísimas familias a las que llenaron de dolor esperan aún encontrar a sus hijos y esposos desaparecidos.

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Guatemala sigue sin investigar e identificar el paradero de Marco Antonio Molina Theissen a 30 años de su desaparición

Crimen permanece en la impunidad pese a sentencia de la Corte Interamericana

06-10-11

San José, 6 de octubre del 2011- La desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen a manos del Ejército de Guatemala sigue en la impunidad luego de 30 años de sucedidos los hechos. La familia de Marco Antonio, y la sociedad en su conjunto, aún no conocen su paradero, a pesar de que el Estado guatemalteco tiene la obligación de buscar y entregarles sus restos, según fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de reparaciones emitida el 3 de julio del 2004.

En una resolución de supervisión de este fallo que emitió el 16 de noviembre de 2009, la Corte destacó la absoluta pasividad del Estado y la impunidad en la que se encuentra el caso. Resaltó que la inacción estatal de investigar y sancionar a los responsables continúa afectando a los familiares y “fomenta la repetición de hechos violatorios, profundiza la impunidad, desacredita el Estado de Derecho e incumple compromisos internacionales”.

Cabe recordar que la sentencia también busca justicia y reparación para otras víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala ya que, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida, al menos 5.000 niños fueron desaparecidos y secuestrados por las Fuerzas Armadas guatemaltecas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Por ello, entre otras acciones, la Corte ha ordenado la creación de un sistema de información genética y la adopción de un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada. Estas órdenes tampoco han sido acatadas por el Estado de Guatemala.

Debido al incumplimiento estatal, en su resolución de supervisión la Corte también ordenó atender algunas de las causas estructurales que perpetúan la impunidad en este y otros casos. Esta acción requiere la pronta participación y efectiva colaboración de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial así como de otras instituciones estatales.

Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, señaló que esta fecha es de especial dolor para la familia Molina. Asimismo, afirmó que “la dramática historia que vivió la familia hace treinta años se revive a diario. Pese a ello la inacción del Estado evidencia el desdén con que se trata un caso tan grave, en el que se sigue negando a la familia el derecho a la justicia y a la verdad”.

El día de hoy, Lucrecia Molina, hermana de Marco Antonio, escribió en su blog: “Son treinta años pesados como puños, de búsqueda y espera, acumulados en mi piel y en mis huesos, también en mi palabra. Mientras tanto, ellos, los desaparecedores, los asesinos –triunfantes, satisfechos, soberbios, con su poder intacto– se pasean impunes, quizá deseando que muera o que desista. Pero yo, Ajpu, cerbatanera, acecho en el camino del tiempo y la paciencia, sostenida por la lealtad, la solidaridad, los principios y la sangre de mi hermano, que es la misma que corre por mis venas”.

La falta de respuesta estatal en este y otros casos motivó a CEJIL a liderar la solicitud de una audiencia –en conjunto con organizaciones y familiares– para tratar el tema de la impunidad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a Guatemala, la cual ha sido concedida por ese tribunal y cuya fecha está por ser definida.

CEJIL ha sido enfático en señalar reiteradamente el incumplimiento del Estado en este caso. En el 30.° aniversario de la desaparición de Marco Antonio Molina, exigimos a Guatemala honrar sus compromisos internacionales dando inmediato cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. El acatamiento de esta orden, así como la implementación de otras medidas estructutrales, es una responsabilidad para con la familia de Marco Antonio y para con las de miles de personas desaparecidas por fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado interno.

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Comisión Interamericana condena asesinato de 145 personas halladas en fosas clandestinas en Tamaulipas

Comunicado de prensa No. 34/11

Washington, D.C., 18 de abril de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de 145 personas cuyos cuerpos han sido encontrados en días recientes en fosas clandestinas en el Estado de Tamaulipas, México. La Comisión insta al Estado mexicano a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose.

Según informó el Estado, los cuerpos han sido encontrados entre el 6 y el 14 de abril de 2011 en el Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas. La Comisión observa con preocupación que se trata del mismo lugar donde en agosto de 2010 se encontraron los cuerpos sin vida de 72 migrantes indocumentados que se dirigían a Estados Unidos. Las autoridades investigan si las víctimas encontradas en las nuevas fosas eran también migrantes y hasta el momento han identificado a un migrante guatemalteco. El gobernador del Estado de Guanajuato señaló que 57 de las víctimas podrían ser migrantes de ese Estado que se dirigían a Estados Unidos.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, los asesinatos habrían ocurrido entre uno y dos meses anteriores al hallazgo de los cuerpos. La Procuraduría General de México manifestó que estos homicidios podrían ser atribuibles al grupo delictivo Los Zetas. Hasta el momento han sido detenidas más de 30 personas, 16 de las cuales son policías locales del municipio de San Fernando, Tamaulipas, acusados de proteger y encubrir al grupo Los Zetas.

Varios informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) revelan un aumento de los secuestros de migrantes en el país. En un informe especial publicado este año, la CNDH indicó que 11.333 personas migrantes fueron secuestradas durante seis meses de 2010 (entre abril y septiembre), y que Tamaulipas es uno de los estados con mayor número de víctimas.

La CIDH insta al Estado de México a maximizar sus esfuerzos para evitar que se repitan estos crímenes, a determinar la identidad de las víctimas, y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta. Asimismo, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado de México a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Denuncian ONG ola de desapariciones en lucha anticrimen ante CIDH

Delegados de 18 organizaciones documentaron casos de tortura e intimidación por policía y Ejército.

David Brooks, corresponsal
Publicado: 29/03/2011 09:56

Washington. Agrupaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las condiciones “deplorables” de la seguridad pública y las desapariciones forzadas, tortura e intimidación realizadas por fuerzas policiacas y militares en México, en el contexto de la lucha antinarcóticos.

“En Chihuahua, cada vez que amanece hay un nuevo horror. Cada día no sabemos si regresaremos vivos a la casa”, afirmó ante la comisión Gabino Gómez, dirigente de una de las organización de la Red de Defensores de Derechos Humanos y Familiares de Personas Desaparecidas en los estados del norte de México.

Representantes de 18 agrupaciones de derechos humanos mexicanas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ejemplos de graves violaciones de garantías básicas, sobre todo en los estados del norte. Subrayaron que, además de las víctimas de la violencia del crimen organizado, se ha elevado el número de denuncias por abusos miliares y policiacos (hubo mil 17 sólo en Ciudad Juárez, entre marzo de 2009 y abril de 2010).

Los defensores de derechos humanos, en su presentación ante la CIDH en una audiencia de carácter “informativo”, indicaron que las fuerzas de seguridad violan de manera frecuente los derechos humanos y cometen desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, cateos ilegales y homicidio hasta diversas formas de intimidación para suprimir la voluntad de denuncia entre la ciudadanía, así como para amedrentar a los defensores de derechos humanos. Una de las organizaciones presentó los casos documentados de más de 200 desapariciones forzadas sólo en Chihuahua, aclarando que hay más, pero la gente no se atreve a presentar las denuncias.

Criticaron la falta de investigaciones oficiales, señalando que las existentes parecen ser más bien simuladas, por lo que se nutre cada vez más un clima de impunidad. En Ciudad Juárez, afirman, hay una impunidad por encima de 90 por ciento, mientras que la violencia tanto de la delincuencia como de fuerzas oficiales llega a niveles cada vez más alarmantes.

La abogada Diana Morales, de Paso del Norte, habló de su natal Ciudad Juárez declarando lo difícil que es observar cómo ahí “se vuelve normal la violencia, donde los niños quieren ser sicarios porque lo ven como una oportunidad atractiva. Y mientras las autoridades no han hecho nada”.

A la vez, los defensores, como ciudadanos que han exigido justicia, han padecido cada vez más amenazas y ataques, incluso asesinatos y desapariciones, en tal escala que han tenido que refugiarse en otras partes del país o incluso buscar asilo en otros países, como el caso reciente de la familia Reyes, entre otros.

Entre los documentos y gráficas presentadas por los defensores de derechos humanos se presentó el audio y texto de la entrevista del general retirado y entonces encargado de seguridad de Torreón, Bibiano Villa, realizada por Sanjuana Martínez y publicada por La Jornada, la cual llamó la atención de algunos de los comisionados que preguntaron a los representantes del gobierno mexicanos si esa figura representaba de alguna manera la posición oficial mexicana (la respuesta fue que no).

Por su parte, la delegación del gobierno mexicano en la audiencia, encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, evitó responder explícitamente sobre los casos concretos presentados aquí y se dedicó a reiterar los propósitos de la estrategia antinarcóticos y contra el crimen organizado. Subrayaron que “el respeto a la integridad física y seguridad de los ciudadanos” es el objetivo central del gobierno de Felipe Calderón ante “la demanda ciudadana por mayor seguridad”, y por ello lanzó su campaña contra la delincuencia, la cual amenazaba “ocupar cualquier espacio público y privado”.

Monte Alejandro Rubiro García, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, subrayó que la estrategia policiaca va “en el camino correcto” en lo que es “una lucha larga” que continuará siendo violenta por unos meses más, pero a la cual “no había otra alternativa”. Insistió en que esta estrategia requiere del apoyo del pueblo y eso no se logra sin el respeto de sus derechos humanos.

Los representantes del gobierno enfatizaron que en México no hay “ninguna derogación de derechos” ni “medidas de excepción”. Resaltaron la “transparencia” con que obra el gobierno de Felipe Calderón, indicando la presencia en México ahora de un grupo de trabajo de la ONU que está viajando por el país para examinar el asunto de desapariciones forzadas, y que ésta es sólo una de varias de tales visitas de organismos internacionales de derechos humanos a los cuales el gobierno les ha abierto la puerta.

Organizaciones que presentaron las denuncias:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia Para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Juan Gerardi, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Pastoral Obrera, Movimiento Pacto por la Cultura, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos.

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Se disparan casos de tortura en México, informan a grupo de trabajo de la ONU

Entre 2006 y 2009 se incrementaron mil por ciento las quejas contra militares, sostienen

 

Víctor Ballinas

 Periódico La Jornada
Martes 22 de marzo de 2011, p. 18

 

Decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron el informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México en 2011 a un funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el cual detallan que en el contexto de la “guerra” contra el crimen organizado “se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, y en los llamados levantones” se ha reportado la desaparición de 3 mil personas.

Durante una reunión con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales (ONG) señalaron que en el gobierno del presidente Felipe Calderón “no ha habido señal alguna de voluntad política para abordar el tema de las desapariciones forzadas que se produjeron en la denominada guerra sucia.

“Y a pesar de la presión que aún mantienen los comités de familiares de desaparecidos, el gobierno ha llegado a alegar la presunta pérdida de interés de los familiares como un motivo para no avanzar en la materia, pese a que se trata de delitos que se persiguen de oficio y que, por ser de lesa humanidad, son imprescriptibles”, apuntaron.

El grupo de trabajo de la ONU se encuentra en visita oficial en el país, la cual se inició el pasado viernes y concluirá el 31 de este mes.

Al recibir ayer a las organizaciones civiles, éstas expusieron que de 2006 a la fecha, en el contexto de la inseguridad, “la violencia se ha incrementado de manera sensible, y una de sus causas más notorias es la militarización de la seguridad pública.

“Hay más de 60 mil elementos de las fuerzas armadas en labores policiacas; en 17 de las 32 entidades del país, esto es, en 53.12 por ciento del total, los encargados de las instituciones policiacas locales son militares.”

Agregaron que integrantes del Ejército están “al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados”.

Detallaron que “entre 2006 y 2009 las quejas contra militares por violaciones de derechos humanos se incrementaron mil por ciento; 33 por ciento de las quejas recibidas durante 2010 fueron contra la Secretaría de la Defensa Nacional, de cuyo total, alrededor de 13 por ciento se referían a la desaparición forzada de personas, y el gobierno federal contabilizó de diciembre de 2006 a finales de 2010 un total de 34 mil 612 ejecuciones”.

Treinta activistas desaparecidos

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Nacidos en la Tempestad, entre decenas de ONG, relataron a la misión de la ONU que en este gobierno “las desapariciones han proliferado, y muchas se registran por la prensa como levantones, que por lo regular no son sujetas a investigación policial”.

Refirieron: “hemos registrado 30 casos de desaparición forzada de defensores y defensoras de 2005 a febrero de este año, además de 165 actos de agresión”.

En 1977 se constituyó en México la primera agrupación nacional dedicada a la lucha contra la desaparición forzada –el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados por Motivos Políticos–, que documentó 532 casos de desaparecidos entre 1969 y 1988, agregaron.

Destacaron en el informe que “no fue sino con el triunfo del Partido Accién Nacional en las elecciones presidenciales, en 2000, que se abrió la posibilidad de investigar los crímenes de Estado del pasado reciente, y en 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el primer intento serio por abordar el problema en la recomendación 26/2001 y el Informe sobre desaparecidos de la guerra sucia en la década de los 70 y principios de los 80”.

También se refirieron a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y su desaparición “sin haber resuelto un solo caso de los que fueron denunciados en su oficina; al momento de su extinción contaba con 556 averiguaciones previas”.

Las ONG relataron al grupo de trabajo que en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, “de los 18 puntos resolutivos, el Estado sólo ha cumplido uno”.

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