Entrevista a Thomas Antkowiak Director Clínica de Derechos Humanos Universidad de Seattle

April 2012 Bar Bulletin

SU Human Rights Clinic Secures Prisoner's Release

By Katherine Hedland Hansen

Five years ago, Seattle University School of Law Prof. Tom Antkowiak was in Chiapas in southern Mexico doing migrants' rights work with a Mexican attorney, Ricardo Lagunes-Gasca, and human rights organizations when he first heard about the case of Ananías Laparra-Martínez.

Antkowiak learned that Chiapas police had illegally detained Laparra-Martínez in 1999 and beat him severely. They tortured his 14-year-old son in front of him and menaced his 16-year-old daughter with rape, all with the acquiescence of government prosecutors. Under this extreme duress, he was forced to sign documents confessing to a murder he did not commit.

Three family members were similarly coerced into signing corroborating declarations. Despite informing the presiding judge of these reprehensible tactics, no torture was investigated. Laparra-Martínez was convicted of murder on the basis of the illegally obtained and completely false declarations, and sentenced to more than 28 years in prison.

"After Ricardo and I examined the documents, it was clear that it was another case of tortured confession - a tactic sadly common in Mexico," said Antkowiak, who teaches the International Human Rights Clinic at Seattle University School of Law.

Today, Laparra-Martínez, 64, is a free man, thanks to the work of the clinic and its partners. The Mexican federal government representatives and officials from the state of Chiapas released Laparra-Martínez from prison in February. He had been incarcerated for more than 12 years for a crime that he did not commit.

"Mr. Laparra-Martinez and his family were in a particularly difficult situation," Antkowiak said. "Their own government had persecuted them at every turn and they were stigmatized in their community. No one believed that he was framed by police. But his family, especially his wife, Rosa, and his daughter Rocío, are incredibly strong and committed people. They have suffered so much, but never gave up."

The case has been years in the making. Antkowiak has been to Mexico many times, meeting Laparra-Martínez in prison and visiting his family. In 2008, Antkowiak and his clinic students began international litigation, which included students drafting a petition to the Inter-American Commission on Human Rights, in Washington, D.C.

"Mr. Laparra-Martínez was singled out by judicial police because he was an easy target. Powerless and poor, his arrest would cause no objection and would provide authorities an effortless conviction," Antkowiak said. "Coerced testimony is often permitted by Mexican courts, which foments widespread torture and other abusive practices by police."

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Comunicado de prensa

28 de febrero de 2012

La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle logra la liberación del señor Ananías Laparra Martínez, preso injustamente en Chiapas, México

El martes por la mañana, representantes del gobierno federal y funcionarios del Estado de Chiapas, al sur de México, liberaron al señor Ananías Laparra Martínez. El señor Laparra, de 63 años de edad, estuvo encarcelado injustamente por mas de 12 años cumpliendo una condena por un crimen que no cometió.

En octubre de 1999, la policía de Chiapas detuvo ilegalmente al señor Laparra Martínez y lo torturó severamente.  También torturó a su hijo de 14 años de edad delante de el, y a su hija de 16 años, amenazándola con violarla. Bajo estas extremas condiciones y sin saber leer ni escribir, con la complicidad del Ministerio Público, fue forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, confesando un crimen que no cometió. A pesar de las reiteradas denuncias de tortura realizadas por el señor Laparra desde la primera oportunidad que tuvo de estar frente a un juez, fue condenado a más de 28 años de prisión. La confesión obtenida bajo tortura fue la prueba principal de su condena, aceptada por los jueces mexicanos con base en el principio de inmediatez procesal.

El señor Laparra Martínez era un blanco fácil para la policía y el Ministerio Público. De escasos recursos económicos y sin instrucción, su detención no sería objetada y dotaría a las autoridades de una condena sin mayores esfuerzos de investigación. El Director de la Clínica de Derechos Humanos, profesor Thomas Antkowiak, señaló que “este caso representa una dura realidad en México: el uso sistemático de la tortura y coerción como método de investigación por parte de la policía y el Ministerio Público y la aceptación de prueba coaccionada por parte del poder judicial”. Esta práctica sistemática ha sido reconocida y reprochada por numerosos organismos internacionales, solicitando a México que realice cambios estructurales.

Un momento decisivo en la historia de este caso fue la presentación por parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Estados Unidos, de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C. Varios estudiantes de derecho participaron en el extenso análisis del expediente, la preparación y el seguimiento del caso ante la CIDH.  La Comisión Interamericana ordenó al Estado de México que implementara medidas adecuadas para dotar de evaluación y tratamiento médico para proteger las delicada situación de salud en que las condiciones de detención lo habían colocado. “La decisión de la Comisión Interamericana se transformó en una herramienta trascendental para generar una espacio de negociación con oficiales del gobierno local y federal sobre el caso de Ananías Laparra”, dijo Alejandra Gonza, abogada representante en el caso. Después de un intenso período de negociaciones y reuniones y con la adopción el pasado viernes de medidas cautelares del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas a favor de la concesión de la libertad del señor Ananías Laparra, la Mesa de Reconciliación procedió a su liberación el día de hoy, bajo la figura de sentencia suspendida.

Para llegar a este punto en el caso ha sido fundamental el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y la incondicional representación legal del abogado mexicano de la familia Laparra Martínez, Ricardo Lagunes Gasca, con los cuales la Clínica pudo consolidar el día de hoy la libertad del señor Ananías Laparra Martínez.

La Clínica y todo el equipo  de abogados y organizaciones que los apoyan continuarán trabajando en representación de la familia Laparra Martínez para que el Estado de México le otorgue una reparación integral por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde 1999. Estos esfuerzos incluirán el litigio pendiente ante la Comisión Interamericana, así como iniciativas entabladas ante autoridades estatales y federales.

Opinión internacional

Tortura e inmediatez procesal. Un callejón con salida a la injusticia
Por Alejandra Gonza*

Este LUNES 13 DE FEBRERO DEL 2012 por primera vez Ananías Laparra Martínez y sus familiares serán escuchados por el Gobierno Federal para atender su caso. En el marco de la orden internacional emitida hace ya casi un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevará a cabo una reunión en la que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para atender la situación de gravedad y urgencia en la que se encuentra la víctima.

En México son incontables los Ananías Laparra Martínez, preso que hace 12 años confesó que cometió un crimen que no cometió, llevado por el dolor de presenciar la tortura de sus hijos y soportando la suya propia. Existen muchas Rocío Laparra Godínez, quien siendo niña fue torturada para confesar en oficinas ministeriales, sin asistencia especial alguna, que su padre era culpable y quien desde el día siguiente de tal declaración, con su niñez arrebatada, comenzó la lucha por su liberación.

Sobreviven muchas Rosas Godínez, quien tuvo que soportar su tortura, la de sus hijos y la de su esposo, para después dedicar su vida a la búsqueda de respuestas. Son demasiados los José Ananías a quien la tortura de niño para inculpar a su padre le truncara cualquier concepto de futuro. Todos podemos entender perfectamente su actuar y las lágrimas que cada vez que recuentan lo vivido los llena de impotencia y humillación. Pero lo que no se puede entender, gente de derecho y legos, es que tales confesiones puedan vestirse de verdad. 

En el año 2012, al igual que hace tiempo atrás, con base en el principio de inmediatez procesal todavía se sigue permitiendo y ratificando la tortura y coacción, legitimando la prueba obtenida con ella. Este principio, mal aplicado, se transforma en la idiotez procesal de dotar a aquella confesión coaccionada y a la prueba fabricada en dos días de golpes y abuso de poder, de valor de sentencia irrefutable, de condena de por vida, imposible de revertir ya en el ámbito judicial. Se ignora la inmediatez cuando el desgarrador testimonio inminente del “me torturaron” llega a los oídos sordos del juez, tan pronto se tiene una oportunidad. Este testimonio no se escucha, no tiene validez, no activa el aparato estatal de investigación de la denuncia que lleva el grito y el dolor de la tortura. Se ignora concientemente la rapidez necesaria para conservar la evidencia de los golpes para luego, ante insistencia de abogados y organizaciones de la sociedad civil, revisar al torturado, en el mejor de los casos varios años después, para determinar, brillantemente, que no hay signos de tortura y pedirle a los torturados que por favor alleguen más prueba. 

Sabemos que al “pobre” y discriminado, golpeado y confesado, el sistema penal le cae con todo su peso, le pone de forma inmediata el rótulo de condenado y lo arroja en las cárceles para ser devorado por el sistema penitenciario. Cuando esto pasa no hay nada que hacer, no puede probar su inocencia, la carga es muy pesada, la carga está invertida y la lleva quien pasea por los lúgubres callejones sin salida, con su impotencia incrustada, buscando una prueba de la sangre que el carcelero limpia.

Las detenciones ilegales y arbitrarias, madres de las torturas más constantes y de las confesiones logradas en los confines de dependencias ministeriales, policiales y también militares, visten de culpabilidad a quienes caen en las garras de un sistema penal que a pesar de los años, las reformas y los reproches internacionales ampliamente documentados y difundidos sobre México, sigue sin vestir de justicia verdadera a las víctimas que atropella con su peso. 

La criminalización del inocente es un fenómeno que no se escapa a la atención internacional pero que tampoco se soluciona con la justeza y prontitud que tan grave situación requiere en el ámbito nacional e internacional. Y es que tener preso al inocente no solamente genera amplias violaciones a los derechos humanos del detenido, torturado y condenado con los resultados de la tortura y a sus seres queridos, sino que deja libre al culpable y sin respuesta a las víctimas del delito falsamente imputado.

Siempre el Estado tiene mecanismos para repasar su historia, aun la escrita por las Cortes, supremas y no tan supremas, y en ese repaso dejar de repetir la misma historia, desviarse del cuento escrito de forma unilateral y de la mano de sus obligaciones internacionales revisar lo actuado de forma rápida, precisa y efectiva. Cuando los expedientes hablan por sí mismos de las falencias y violaciones a los derechos humanos y la evidencia salta a la vista, se debe dejar de hacer esperar al preso y dejar sin efecto todas las consecuencias que de la mano de la tortura se apoderaron de su vida.

En muy contadas ocasiones- porque difícilmente las víctimas encuentran salida alguna- el Estado tiene una nueva oportunidad de dejar la ceguera y aprender a mirar esta situación con el arte de la solución, la justicia del caso particular y la visión de la necesidad del cambio estructural. Y todo esto va de la mano.

Ante el reclamo incansable de las víctimas que tienen la riqueza de la paciencia, la tenacidad y la falta de resignación para poder llegar a la visibilidad, se debe volver a mirar y en el repaso tomarlas de la mano para escucharlas, reparar y con el mismo apuro de la detención, en horas en que estén o no abiertos los juzgados, y al tomar conciencia de la “gravedad” del “caso urgente” presentado, liberar al inocente como inocente y quitarle ya de su cuerpo vapuleado por el peso del sistema penal, la lacra de delincuente con que la sociedad no lo podrá dejar de mirar.

El caso de Ananías Laparra Martínez y su familia llama nuevamente la atención del Estado, ahora con medidas cautelares otorgadas por la CIDH por la situación de gravedad y urgencia en la que las paupérrimas condiciones de detención lo han colocado. Y le concede una nueva oportunidad al Estado de adoptar medidas para atender toda esta desdicha con propiedad y justicia, con libertad y reparación, para hacer realidad un slogan tan bonito como desgastado en el que las víctimas necesitan tanto “hechos” como “palabras”.

 

* Abogada internacionalista y representante del señor Ananías Laparra Martínez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comunicado de Prensa

               

En Washington D.C. y en Tapachula, Chiapas, México

A  30 de enero de 2012

Boletín de prensa

·         Organismo internacional requiere al gobierno mexicano que adopte medidas urgentes para proteger la salud e integridad personal de Ananías Laparra Martínez

·         Indiferencia del gobierno de Chiapas, permite que anciano de sesenta y tres años de edad siendo inocente y estando enfermo continúe injustamente preso desde hace más de doce años en el CERSS 3 de Tapachula, Chiapas

·         Caso recibe apoyo de instituciones académicas y legales de EEUU y México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional con sede en Washington DC, solicitó al gobierno mexicano la adopción de medidas urgentes de protección para el señor Ananías Laparra Martínez, de sesenta y tres años de edad,  quien se encuentra recluido injustamente desde hace más de 12 años en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3) por un delito que no cometió.

Mediante un comunicado oficial, el organismo internacional informó a los representantes del señor Laparra y su familia, el abogado mexicano Ricardo Lagunes Gasca y los abogados Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, EEUU, que se ha acreditado la existencia de una situación de gravedad y urgencia que, de no ser atendida por el Estado, causará daños irreparables a los derechos humanos del señor Ananías Laparra Martínez.  La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también ha afirmado su apoyo en este caso.

Los graves padecimientos que sufre el señor Laparra Martínez y el constante deterioro de su estado de salud son el resultado directo de la tortura inferida durante su detención ministerial y de las deficientes condiciones carcelarias en las que se encuentra en el CERSS 3, incluyendo la falta de atención medica adecuada. Familiares del señor Laparra Martínez y sus representantes legales han solicitado insistentemente al gobernador del Estado de Chiapas y a otras dependencias estatales, la liberación inmediata del señor Ananías como medida eficaz para evitar un daño de imposible reparación.

En julio de 2011, el gobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ante la preocupación nacional e internacional que adquirió este caso, se comprometió frente a la representación de la CIDH en su visita a la ciudad de Tapachula, Chiapas, a la atención diligente del mismo, así como a gestionar la libertad del señor Laparra Martínez. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han sido indiferentes al dolor que padece la familia y a sus reclamos de justicia.

La privación ilegal y arbitraria de la libertad, así como la tortura del señor Ananías Laparra Martínez y su familia, comenzaron a ocurrir el 14 de octubre de 1999, por agentes de la Policía Judicial del Estado de Chiapas. La familia  fue torturada por personal de la policía judicial con la orden, aquiescencia y participación de un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de dicho Estado. Los dos hijos menores del señor Ananías Laparra–José Ananías de 14 años y Rocío Fulvia Laparra Godínez de 16 años—así como su esposa, Rosa Godínez, fueron torturados y forzados a firmar declaraciones que inculparon al señor Ananías de haber privado de la vida de una persona de la zona. Además de torturar a sus dos niños y a su esposa, el señor Laparra también fue torturado y forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, después de que los agentes torturaran a uno de sus hijos delante de él.

Únicamente con estos elementos de prueba ilícitamente obtenidos ante el Ministerio Público, con base en el principio de inmediatez procesal, ignorando las constantes denuncias de tortura realizadas desde la primera oportunidad que se tuvo ante las autoridades judiciales y violando los derechos humanos de la familia Laparra, el 31 de enero de 2002 el Juez Primero del ramo penal del Distrito Judicial de Tapachula, sin realizar investigación alguna sobre la tortura denunciada, condenó al señor Laparra a una pena de prisión de 28 años, 7 meses y 15 días.

La tortura es un acto considerado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario como un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible, mismo que debe ser erradicado por todos los medios disponibles dentro de las prácticas de investigación criminales. En caso de comisión, debe ser investigado y sancionado de manera pronta y eficaz por las autoridades competentes, y las declaraciones obtenidas bajo tortura deben ser consideradas pruebas ilícitas y declaradas nulas. De lo contrario como sucede en México, el uso de la tortura se convierte en una situación crónica y la indiferencia estatal fomenta la impunidad.

La familia Laparra, sus representantes y las organizaciones que apoyan este caso urgen al Estado mexicano a implementar de manera urgente las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana y a liberar de forma inmediata al señor Ananías Laparra Martínez para evitar un daño de imposible reparación. Asimismo, instan al Estado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva sobre los actos de tortura y las violaciones denunciadas, que tienda a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas.

Para más información contactar:

Abogado representante en México:

Ricardo Lagunes Gasca

 ricardolagunes@gmail.com

Abogados representantes en Estados Unidos:

Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza

antkowit@seattleu.edu

Abusos de autoridad en CERSS 3 Tapachula y pésimas condiciones carcelarias

Tapachula Chiapas
CERESO N. 3

DENUNCIA PUBLICA A CARTA AVIERTA

La directora y la contadora duendi y leticia Espinoza. La comida esta muy grasosa por eso no comemos todos. Son el que tienen poder aqui adentro en CERESO Tres. Porque ellas no dejan pasar las cosas de cada interno, tienen una tienda donde ellas dan muy caras las cosas de alimentos y ellas nos estan sofornando por comprar en la tienda que tiene leticia ella tiene todos los negocios aqui adentro en el penal N. 3.

Nosotros los internos nos quejamos por estas malas anomania que bean las autoridades competentes no deja pasar los alimentos de la vicita y por sus naguas de ella que todos en cocina somos mil cuatrocientos: comamos.

Durante el tiempo que estoy preso injustamente llo ananias laparra martinez mi esposa rosa godinez chabes ella no me ha avandonado y ella se alluda en la venta de tamales y aci ella me vicita.

El dia 18 de mayo del 2011 mi esposa traya su venta de tamales porque ella de esa forma se alluda con su venta porque somos muy pobres. Mi esposa me vicita cada 15 dias o cada mes trallendome comida ho tamales y unas frutas para convivir un rrato y mis nietos yo llevo 12 años preso injustamente. Estas personas del arias alministratiba están retirándome de mi vicita.


DENUNCIA A CARTA AVIERTA PUBLICA
ANANIAS LAPARRA MARTINES

Ananías Laparra: pésimas condiciones carcelarias CERSS 3 Tapachula