“Alarmante” violación de DH de las mujeres en México

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 13 may 11 (CIMAC).- La situación de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en México es “alarmante” debido a que continúa la impunidad en los casos de tortura sexual, el hostigamiento contra defensoras humanitarias es constante y la legislación para prevenir y castigar la violencia es insuficiente.

Durante la presentación del informe 2011 “El estado de los Derechos Humanos en el mundo”, que hoy se realizó en la Cineteca Nacional, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), condenó que durante 2010 se registraran 300 asesinatos violentos contra mujeres, lo que, criticó, muestra una realidad preocupante.

En entrevista, Herrera Aragón lamentó que los abusos, la impunidad y la ineficacia de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres sean la regla. Señaló que aunque México cuenta con leyes aceptables, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el problema es cómo se aplican en la práctica.

“Cuando una mujer llega a una agencia del Ministerio Público, por lo general se topa con agentes insensibles que no tienen protocolos de reacción, que no tienen mecanismos para dar cobijo a las víctimas de delito y que además están desbordados de trabajo, lo cual hace que pongan poca atención a estos casos. El efecto inmediato es que las mujeres no estén dispuestas a denunciar”, explicó.

Herrera Aragón dijo que en el informe de AI —que abarca el periodo de enero a diciembre de 2010— se documenta que la violencia contra las mujeres y las niñas aún es un fenómeno generalizado, pese a ello, explicó que el Estado mexicano no ha adoptado medidas para combatir la constante violencia y discriminación contra la población femenina.

Como ejemplo citó el incumplimiento de las cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), tres de las cuales se refieren a graves abusos contra las mujeres: el caso de feminicidio en Campo Algodonero en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y dos casos de violación sexual ejercida por soldados contra indígenas tlapanecas en 2002, en Guerrero.

Explicó que hay una falta de voluntad política para cumplir con estas sentencias ya que, entre otras cosas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha atraído los casos de violaciones de DH en los que los presuntos responsables son militares. “Eso no ha sucedido pese a que no se necesita infraestructura ni recursos económicos”, criticó.

Alberto Herrera dijo que el estado de Chihuahua es una de las zonas más críticas para los DH de las mujeres por el fenómeno de la violencia y por la ineficiencia de las autoridades ministeriales y judiciales que no le hacen frente.

Mencionó que el asesinato de Marisela Escobedo en diciembre de 2010 es quizás el más representativo porque el Estado no respondió a su exigencia de justicia y tampoco la protegió.

Asimismo dijo que los casos que han llegado al sistema interamericano de DH no son los únicos en el país. Refirió que hay muchos otros que no han encontrado justicia, como el de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en 2006, en Atenco, quienes al no encontrar justicia acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2008.

Durante su discurso, Herrera dijo que 2010 fue un año de promesas incumplidas. Desde aquella promesa del gobierno federal de instalar un mecanismo permanente de protección para periodistas y defensoras y defensores de DH en situación de riesgo, hasta la promesa de dar cumplimiento cabal a las cinco sentencias de la CoIDH.

Otros temas que destaca el informe 2011 de AI, son la falta de imparcialidad en los procesos jurídicos, los abusos perpetrados por las fuerzas armadas y policíacas, los ataques y amenazas contra periodistas y la libertad de expresión, y las violaciones, secuestros y asesinatos de personas migrantes.

“El recuento de abusos cometidos durante 2010 es sencillamente ensombrecedor”, sentenció Herrera. Finalmente lamentó que las autoridades hayan fallado en su compromiso con la población mexicana y con la comunidad internacional de hacer de los DH una realidad.

11/AGM/RMB

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Opinión

La tortura en el DF

Miguel Concha

En fechas recientes se han venido discutiendo en las comisiones de la Asamblea Legislativa algunas iniciativas de reformas al Código Penal para el Distrito Federal, que pretenden modificar los artículos 294, 295, 296, 297 y 298, relativos al delito de tortura.

Esta violación grave a los derechos humanos es todavía una realidad en la ciudad de México, ya que no ha sido posible eliminarla, a pesar de frecuentes esfuerzos por tratar de erradicarla o disminuirla. Lo que implica una falta de diligencia en su investigación, y, como consecuencia, de sanción por parte de las autoridades. Esta afirmación la comparten también organizaciones nacionales e internacionales, organismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos y organismos públicos mexicanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La comparte, sobre todo, el enorme número de víctimas que, a consecuencia de investigaciones deficientes, y de un sistema laxo en cuanto al respeto de los derechos humanos, han sido condenadas, disminuidas y en general afectadas física y sicológicamente.

La tortura se encuentra prohibida en nuestra Constitución, en los códigos penales del país y en diversos tratados internacionales de los que México es parte. Y existe además un consenso internacional en cuanto a su prohibición. En efecto, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha afirmado, en su recomendación general número 24, que la obligación de no someter a las personas a tortura o malos tratos es una norma del derecho internacional consuetudinario. Y que el derecho a no ser sometido a tortura forma parte, sin ninguna duda, de una serie de derechos básicos. El deber de respetar este derecho es también una obligación erga omnes. Es decir, aplicable a todo ser humano, ya que se trata de algo que no se cuestiona y está apoyado en una serie de importantes decisiones judiciales.

Una vez dicho esto, es conveniente señalar que en el Distrito Federal se están discutiendo una serie de propuestas para cambiar el tipo penal existente en materia de tortura. Si bien hay que reconocer las buenas intenciones, que tendrían por objeto contar con un tipo penal actualizado y acorde con los estándares internacionales, debemos advertir del riesgo que se corre, al querer incluir algunos conceptos que amenazarían seriamente la lucha contra la tortura.

La tortura en la ciudad de México se describe como el acto en el que un servidor público del Distrito Federal, en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o sicológicos, con el fin de I. Obtener de ella información; II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; y III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. A esto se debe agregar que quien comete tortura puede ser directamente el servidor público o un particular que obre bajo sus órdenes, o bien el funcionario que por aquiescencia u omisión permita la tortura.

Se ha sabido que en las propuestas existentes en la Asamblea Legislativa habría algunas que se alejan de los estándares internacionales para perseguir este delito. En específico, cuando se pretende agregar el calificativo degraves a los daños que genere quien comete tortura. Esto es preocupante, toda vez que este término había sido suprimido después de una amplia labor de organizaciones de derechos humanos del Código Penal en 2002.

La palabra graves, si bien se encuentra en algunos instrumentos internacionales que definen la tortura, ha sido ampliamente superada por la jurisprudencia internacional, toda vez que no es necesario un cierto nivel de intensidad del daño, dolor o de sus secuelas, para que consideremos que ha existido tortura.

El simple hecho de infligir daños o sufrimientos con una finalidad concreta por parte de un servidor público, o con su aquiescencia u omisión, es suficiente para que se configure este delito. Y esto no es una cuestión menor, pues, como ya se dijo, la tortura es una realidad en México y en esta ciudad capital, que trae consigo una gran cantidad de problemas, que no sólo perjudican a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, tenemos que la tortura por sí misma es una violación grave a los derechos humanos, que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. Pero esto no es lo único. Es también expresión de un deficiente sistema de investigación de los delitos. ¿Qué certeza podemos tener de una confesión que es arrancada a golpes o bajo amenazas? ¿Nos da esto seguridad de que las corporaciones encargadas de investigar los delitos cumplen con su función? Definitivamente no.

Por otra parte, no sancionar la tortura genera la impunidad que vivimos, toda vez que los torturadores no son llevados ante la justicia, generando con ello este círculo vicioso de violaciones a los derechos humanos, que se repiten debido a la falta de castigo. En medio de este clima nacional de autoritarismo y de reformas equívocas, estas reformas propuestas en la Asamblea significarían un retroceso, y pueden resultar muy peligrosas para la ciudadanía.

Es deber de la Asamblea Legislativa actuar con responsabilidad y no dejarse llevar por falsos paradigmas que han resultado un rotundo fracaso. Esperemos que cumplan con su obligación en favor de quienes viven y transitan por la ciudad, y que aprueben siempre reformas ajustadas a los derechos humanos.




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Emergencia Nacional: Convocatoria de Javier Sicilia a los Pueblos de México

CIDH CONDENA ASESINATO DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

No. 35/11

Washington, D.C., 25 de abril de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en México del defensor de derechos humanos Javier Torres Cruz, integrante e la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. La CIDH insta al Estado mexicano a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Según la información recibida por la CIDH, el 18 de abril de 2011 Javier Torres Cruz fue asesinado por hombres armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de Petatlán, estado de Guerrero, México, presuntamente en relación con sus actividades de defensa del derecho al medio ambiente sano en la sierra de Petatlán. La información recibida también indica que su hermano Felipe Torres, quien lo acompañaba al momento de los hechos, resultó gravemente herido.

La Comisión Interamericana ha recibido información sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y atentados sufridos por Javier Torres Cruz y varios de sus familiares desde 2007. La información recibida indica que el 3 de diciembre de 2008, Torres Cruz habría sido detenido ilegalmente por soldados del Ejército mexicano, y que éstos presuntamente lo entregaron a otras personas que lo habrían sometido a torturas durante varios días. Esta situación fue denunciada por Javier Torres Cruz ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y ante el Ministerio Público.

La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión insta al Estado de México a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Javier Torres Cruz, y para la debida protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.

Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Poeta encabeza protestas contra la violencia del narcotráfico en México

Julián Miglierini

BBC Mundo, México

Última actualización: Sábado, 23 de abril de 2011

Sicilia dice que tras la muerte de su hijo ya no puede escribir más poesía.

Es un líder poco común: un poeta católico que dice necesitar "sólo 40 centímetros de espacio" para escribir.

Pero la muerte el mes pasado de su hijo Juan Francisco -de 24 años de edad- en un incidente atribuido a bandas de narcotraficantes, ha hecho que Javier Sicilia se convierta en la voz más alta en condenar la violencia que hace estragos en partes de México.

"Yo no soy un animal político", dice Sicilia a la BBC en Ciudad de México.

"Soy una voz moral, que tengo que hacer esto por mis convicciones morales porque la gente me ha pedido que lo haga", agrega.

Su dura crítica a lo que él llama la "estúpida estrategia" del presidente Felipe Calderón para combatir los cárteles de la droga ha resonado en amplios sectores de la sociedad mexicana que están cada vez más frustrados por la creciente violencia en muchas partes del país.

Más de 35.000 personas han muerto desde que a finales de 2006 Calderón lanzó una confrontación militar contra criminales pero la violencia no da señales de disminuir.

Así que cuando Sicilia, quien también contribuye con la revista mexicana Proceso, convocó a una serie de marchas simultáneas en todo México para protestar contra la violencia a principios de este mes, la gente respondió.

Miles de personas salieron a las calles en la Ciudad de México, en todo el país e incluso fuera, en algunas embajadas de México, con el grito de guerra: "¡Estamos hasta la madre! (hartos)".

"Daños colaterales"

Sicilia, mientras todavía se ajusta a la cobertura mediática que su tragedia personal ha generado, parece considerar su nuevo papel no como una opción, sino como una obligación.

"Tengo que mostrar mi rostro por la dignidad de mi hijo, por todos los hijos que han muerto en esta batalla y aquellos que morirán en el futuro", dice.

Sicilia estaba trabajando en Filipinas cuando oyó por primera vez del asesinato de su hijo y de otras seis personas más en Cuernavaca el 28 de marzo.

Sus cuerpos fueron encontrados en el interior y los alrededores de un vehículo, algunos presentaban signos de tortura.

Nadie sabe exactamente por qué Juan Francisco Sicilia y sus amigos fueron atacados.

 

Miles salieron a protestar contra la violencia luego de la convocatoria de Sicilia. El único arresto vinculado al caso no arroja ninguna luz sobre las circunstancias de los asesinatos.

Y es por eso que muchos, incluido el propio Sicilia, han relacionado los asesinatos a la violencia general que ha envuelto al central estado mexicano de Morelos, donde se encuentra Cuernavaca.

Se cree que el área está en el centro de una batalla entre bandas rivales de narcotraficantes y grupos del crimen organizado.

Según Sicilia, cada vez más y más civiles inocentes, como su hijo, son asesinados como "daños colaterales de la guerra contra las drogas".

Así que el poeta centra su crítica en la estrategia del presidente Calderón. "Creo que Felipe Calderón es responsable de lanzar una guerra de una manera estúpida", expresa, combinando la rabia con la frustración.

"Lo que esta guerra ha hecho es permitir que la corrupción de las instituciones que había tenido lugar durante años emerja, pero dejando a las instituciones completamente indefensas para hacer frente a la delincuencia organizada", señala.

Sicilia ha sido criticado por centrar su ira en el gobierno y no en los criminales por el problema original -al utilizar a México para el transporte de narcóticos en EE.UU. y devastar algunas de las áreas utilizadas como rutas de contrabando.

El presidente Calderón, que recibió a Sicilia en el palacio presidencial después de los asesinatos, hizo una referencia al tema a raíz de las manifestaciones.

"No nos dejemos confundir", dijo Calderón en un almuerzo con líderes empresariales a principios de este mes.

"Tenemos que decir '¡Basta!' a los criminales que secuestran y asesinan. Ellos son el enemigo, no los que luchan contra ellos", añadió.

Para Sicilia, el conflicto ha llegado a un nivel que requiere un enfoque más amplio, que incluya el compromiso de todos los mexicanos.

"Necesitamos un pacto nacional porque esto es una emergencia y tenemos que reconstruir el tejido de esta nación. Si no lo hacemos, vamos a entrar en el infierno", asegura.

En cuanto a su poesía, Sicilia ha decidido acallar su voz. Su último poema fue dedicado a su hijo, y fue escrito apenas unas horas después de la violenta muerte. "La poesía ya no existe en mí", concluye.

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Comisión Interamericana condena asesinato de 145 personas halladas en fosas clandestinas en Tamaulipas

Comunicado de prensa No. 34/11

Washington, D.C., 18 de abril de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de 145 personas cuyos cuerpos han sido encontrados en días recientes en fosas clandestinas en el Estado de Tamaulipas, México. La Comisión insta al Estado mexicano a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose.

Según informó el Estado, los cuerpos han sido encontrados entre el 6 y el 14 de abril de 2011 en el Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas. La Comisión observa con preocupación que se trata del mismo lugar donde en agosto de 2010 se encontraron los cuerpos sin vida de 72 migrantes indocumentados que se dirigían a Estados Unidos. Las autoridades investigan si las víctimas encontradas en las nuevas fosas eran también migrantes y hasta el momento han identificado a un migrante guatemalteco. El gobernador del Estado de Guanajuato señaló que 57 de las víctimas podrían ser migrantes de ese Estado que se dirigían a Estados Unidos.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, los asesinatos habrían ocurrido entre uno y dos meses anteriores al hallazgo de los cuerpos. La Procuraduría General de México manifestó que estos homicidios podrían ser atribuibles al grupo delictivo Los Zetas. Hasta el momento han sido detenidas más de 30 personas, 16 de las cuales son policías locales del municipio de San Fernando, Tamaulipas, acusados de proteger y encubrir al grupo Los Zetas.

Varios informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) revelan un aumento de los secuestros de migrantes en el país. En un informe especial publicado este año, la CNDH indicó que 11.333 personas migrantes fueron secuestradas durante seis meses de 2010 (entre abril y septiembre), y que Tamaulipas es uno de los estados con mayor número de víctimas.

La CIDH insta al Estado de México a maximizar sus esfuerzos para evitar que se repitan estos crímenes, a determinar la identidad de las víctimas, y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta. Asimismo, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado de México a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

ONU critica estaciones migratorias de México

Sin Fronteras alerta sobre violación de derechos

  Jueves 14 de abril de 2011 Silvia Otero | El Universal silvia.otero@eluniversal.com.mx
Las violaciones a derechos humanos y las irregularidades dentro de las estaciones migratorias en México persisten, de acuerdo con dos informes, elaborados por separado, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la red Sin Fronteras, que coinciden en las “pobres condiciones” de algunos centros de internamiento de indocumentados, donde se registran tratos crueles e inhumanos, hacinamiento y falta de atención médica.

El informe del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, que la semana pasada examinó las condiciones en México ante el tema migratorio, en un apartado alude a la situación de estas instalaciones.

Los 14 expertos independientes que integran el comité destacaron en sus observaciones que éste “sigue preocupado por las pobres condiciones de algunos centros de internamiento de inmigrantes, donde todavía hay casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de atención médica y limitada”.

Además, destacaron que el organismo está “particularmente preocupado por situaciones en las que los trabajadores migrantes indocumentados afirmaron haber sufrido tortura y malos tratos, y en algunos casos tuvieron que convivir con los autores de estas violaciones”.

Por ello, los especialistas de la ONU recomendaron a México “que siga tomando las medidas adecuadas para mejorar las condiciones de internamiento en centros de detención de inmigrantes, de conformidad con las normas internacionales, e investigue las denuncias de abuso y tratos degradantes cometidos por funcionarios públicos, para sancionar a los responsables”.

Mientras, la red Sin Fronteras, integrada por más de 40 organizaciones no gubernamentales y que cada año realiza una investigación de campo, para su tercer informe se centró en las estaciones migratorias de Iztapalapa, en el DF, y la de Tenosique, Tabasco.

El documento afirma que “las violaciones a derechos humanos y las irregularidades dentro de las estaciones migratorias persisten”.

Sin Fronteras encontró que “los migrantes asegurados no siempre tienen información sobre el motivo de su ingreso a la estación y tampoco del procedimiento administrativo a que son sujetos. No son informados oportunamente de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o de la posibilidad de ponerse en contacto con el consulado de sus países”.

Los indocumentados, se asegura en el documento, “son sujetos de discriminación por motivos de nacionalidad y capacidad económica. No reciben un trato digno y humano, acorde a los tratados internacionales que México ha signado. Se documentaron casos de extorsión en el interior de las estaciones”.

También, en la investigación se encontró que los migrantes enfrentan limitaciones en el acceso a comunicación telefónica y falta de atención médica y sicológica adecuada y oportuna, “particularmente en aquellos casos que requieren atención especial (víctimas de violencia sexual o de secuestro, embarazadas, con algún trastorno mental, epilepsia, con lesiones físicas o discapacidad)”.

Incluso, en la estación migratoria de Iztapalapa “se identificaron personas con trastornos mentales que se mantenían detenidas con el resto de la población, generando conductas de exclusión o compasión por parte de sus compañeros. Según testimonios de personas detenidas, el personal a cargo no responde a la atención de sus necesidades básicas”.

En este escenario, de acuerdo con el informe de la red Sin Fronteras, “las condiciones de hacinamiento, la falta de información sobre el procedimiento administrativo y la incertidumbre sobre el tiempo que permanecerán encerrados exacerban los síntomas de ansiedad, depresión y/o agresión”, entre los migrantes detenidos.

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