Se disparan casos de tortura en México, informan a grupo de trabajo de la ONU

Entre 2006 y 2009 se incrementaron mil por ciento las quejas contra militares, sostienen

 

Víctor Ballinas

 Periódico La Jornada
Martes 22 de marzo de 2011, p. 18

 

Decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron el informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México en 2011 a un funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el cual detallan que en el contexto de la “guerra” contra el crimen organizado “se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, y en los llamados levantones” se ha reportado la desaparición de 3 mil personas.

Durante una reunión con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales (ONG) señalaron que en el gobierno del presidente Felipe Calderón “no ha habido señal alguna de voluntad política para abordar el tema de las desapariciones forzadas que se produjeron en la denominada guerra sucia.

“Y a pesar de la presión que aún mantienen los comités de familiares de desaparecidos, el gobierno ha llegado a alegar la presunta pérdida de interés de los familiares como un motivo para no avanzar en la materia, pese a que se trata de delitos que se persiguen de oficio y que, por ser de lesa humanidad, son imprescriptibles”, apuntaron.

El grupo de trabajo de la ONU se encuentra en visita oficial en el país, la cual se inició el pasado viernes y concluirá el 31 de este mes.

Al recibir ayer a las organizaciones civiles, éstas expusieron que de 2006 a la fecha, en el contexto de la inseguridad, “la violencia se ha incrementado de manera sensible, y una de sus causas más notorias es la militarización de la seguridad pública.

“Hay más de 60 mil elementos de las fuerzas armadas en labores policiacas; en 17 de las 32 entidades del país, esto es, en 53.12 por ciento del total, los encargados de las instituciones policiacas locales son militares.”

Agregaron que integrantes del Ejército están “al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados”.

Detallaron que “entre 2006 y 2009 las quejas contra militares por violaciones de derechos humanos se incrementaron mil por ciento; 33 por ciento de las quejas recibidas durante 2010 fueron contra la Secretaría de la Defensa Nacional, de cuyo total, alrededor de 13 por ciento se referían a la desaparición forzada de personas, y el gobierno federal contabilizó de diciembre de 2006 a finales de 2010 un total de 34 mil 612 ejecuciones”.

Treinta activistas desaparecidos

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Nacidos en la Tempestad, entre decenas de ONG, relataron a la misión de la ONU que en este gobierno “las desapariciones han proliferado, y muchas se registran por la prensa como levantones, que por lo regular no son sujetas a investigación policial”.

Refirieron: “hemos registrado 30 casos de desaparición forzada de defensores y defensoras de 2005 a febrero de este año, además de 165 actos de agresión”.

En 1977 se constituyó en México la primera agrupación nacional dedicada a la lucha contra la desaparición forzada –el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados por Motivos Políticos–, que documentó 532 casos de desaparecidos entre 1969 y 1988, agregaron.

Destacaron en el informe que “no fue sino con el triunfo del Partido Accién Nacional en las elecciones presidenciales, en 2000, que se abrió la posibilidad de investigar los crímenes de Estado del pasado reciente, y en 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el primer intento serio por abordar el problema en la recomendación 26/2001 y el Informe sobre desaparecidos de la guerra sucia en la década de los 70 y principios de los 80”.

También se refirieron a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y su desaparición “sin haber resuelto un solo caso de los que fueron denunciados en su oficina; al momento de su extinción contaba con 556 averiguaciones previas”.

Las ONG relataron al grupo de trabajo que en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, “de los 18 puntos resolutivos, el Estado sólo ha cumplido uno”.

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En Suiza, mexiquenses denuncian impunidad

Por Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch

A cinco años de represión policial en Atenco, las víctimas ratifican en Suiza su reclamo de justicia. Denuncian “una impunidad total en el caso” en el que hubo dos muertes, 200 personas fueron objeto de detenciones arbitrarias y tortura, amén de ataques sexuales contra 24 mujeres.

Al reconocer que en México “tenemos aún retos importantes” en materia de derechos humanos, las autoridades esperan poner coto a la situación mediante una “histórica” modificación constitucional que otorga máxima jerarquía a la defensa de esas garantías.

“Como el de Atenco, hay muchos casos muy serios”, conviene el representante permanente de México ante los organismos internacionales, con sede en Ginebra, Juan José Gómez Camacho.

“Tenemos aún retos importantes en materia de derechos humanos y muchos tienen que ver con limitaciones en la legislación vigente” , añadió el diplomático en entrevista con swissinfo.ch.

El representante mexicano subraya que para poder garantizar el respeto a esos  derechos fundamentales, el Gobierno de su país emprendió una reforma constitucional calificada de “histórica” por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y que, aprobada por el legislativo nacional, podría entrar en vigencia a finales de año tras su ratificación por parte de las legislaturas estatales.

Para nuestro interlocutor, las deficiencias de las regulaciones actuales radican en el hecho de que el sistema penal no toma suficientemente en cuenta los derechos humanos, además de que existe una inadecuada articulación entre la justicia federal y las de los estados.

Ambos factores habrían incidido en la demora para hacer justicia en el caso Atenco.

Acometida policial

“Los hechos datan de los días 3 y 4 de mayo del 2006, cuando más de 2.000 policías, tanto del Estado de México como federales (la autoridad central niega la participación de éstos últimos) incursionaron en las poblaciones de Texcoco y San Salvador Atenco y cometieron una serie de violaciones de los derechos humanos contra la población civil que se manifestaba en defensa de derechos legítimos”.

En entrevista con swssinfo.ch, Jacqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que acompaña a las víctimas, señala lo anterior y añade que 200 personas fueron detenidas, todas las cuales denunciaron torturas y 26 mujeres fueron violentadas sexualmente.

“Ya son cinco años en que se han intentado muchísimos remedios jurídicos, incluidas denuncias ante la Procuraduría General de la República –especialmente a través de su fiscalía especializada en investigación de delitos violentos contra las mujeres- pero hasta la fecha el balance es muy desfavorable y la impunidad ha prevalecido”.

En ese contexto, la representante de la ONG mexicana viajó a Suiza junto con una de las víctimas, Italia Méndez, para solicitar el concurso de organismos multilaterales  (el Comité Internacional contra la Tortura y la Comisión de Derechos Humanos) en la demanda de justicia y para dar a conocer al público local el estado de las cosas:

“No hay una sola condena contra los agresores. Por el contrario, los manifestantes si enfrentaron procesos penales injustos, acusados de distintos delitos como ataques a las vías de comunicación y “secuestro equiparado” y estuvieron presos. Los últimos salieron apenas en 2010”.

Testimonio del vía crucis

“En un primer momento tuvimos gran dificultad para presentar nuestras denuncias. Cuando llegamos al penal, pedimos tener acceso inmediato a una agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales. Nos preocupaba mucho nuestra situación de salud. Había compañeras muy lastimadas, con desgarres vaginales”, narra Italia Méndez.

Solamente al cabo de varios días pudieron presentar denuncia. Asienta nuestra interlocutora que más tarde pudieron radicar por fin el caso en la Procuraduría General de la República, pero tampoco obtuvieron respuesta .

“La metodología del Estado ha sido ha sido el desgaste y la re victimización de las mujeres que nos presentábamos a los interrogatorios (…) como víctimas hemos pasado por un vía crucis para poder continuar con las denuncias, para mantener activo el caso”, refiere.

Por ello, de las 49 mujeres detenidas durante la represión, 24 de las cuales fueron agredidas sexualmente, solamente 11 siguen la lucha por denunciar su caso. Una lucha por una justicia escurridiza en un contexto de violencia sin límite:

Italia recuerda la consternación que le provocaron las palabras del comisionado para la Seguridad Pública del Estado de México, Wilfrido Robledo, hace cinco años, cuando denunciaron los hechos.

“Dijo que ninguna mujer que hubiera sufrido lo que decimos que había ocurrido, se atrevería a decirlo públicamente…”

Entonces, concluye, “la apuesta del Estado es a que guardemos silencio. Nosotros hemos querido mantener una posición digna y devolver la responsabilidad al Estado que es el que cometió esos hechos”.

Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch

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