Por Nancy Flores*
En lo que va del gobierno de Calderón, 61 defensores y luchadores sociales han sido asesinados y al menos cuatro, desaparecidos. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad. Ante la violencia, el sistema interamericano ha dictado 158 medidas cautelares para más de 200 defensores, 107 de ellos radicados en Guerrero. El asesinato de Marisela Escobedo, en Chihuahua, se suma al lúgubre registro en el número 62.
Blanca recuerda el día que la fría boca de una pistola tocó su sien. Era el 18 de mayo de 2010, pasadas las seis de la tarde. “Me apuntaron con un arma en la cabeza. Si no me mataron en ese momento fue por el proceso electoral y porque nuestro caso estaba en el ámbito internacional”.
Esa intimidación en contra de la defensora de los derechos humanos en Tijuana, Baja California, había comenzado minutos antes. Blanca Mesina Nevarez circulaba en su automóvil en aquella ciudad fronteriza, cuando una camioneta pick up color negro, con vidrios polarizados y sin placas, comenzó a golpear por la parte de atrás su auto.
Ella intentó esquivar la agresión. Entró en el estacionamiento de un centro comercial. La pick up hizo lo mismo. Luego, acorraló el automóvil. Un hombre –“alto, moreno, de complexión robusta, encapuchado, vestido de negro”– descendió de la camioneta, se acercó a Blanca y le dijo: “Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar. Aquí hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar”.
El hombre retiró la pistola de la sien de Blanca, se inclinó hacia ella y le dio un beso en la mejilla. Se fue. Ese hecho, dice la joven, “nos obligó a salir”.
Mesina Nevarez y Silvia Vázquez Camacho, también defensora de los derechos humanos en Tijuana, cuentan seis meses de exilio y más de un año de repetidos acosos. La labor que ellas realizan en la frontera Norte del país consiste, entre otras cosas, en denunciar los abusos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas involucrados en la “guerra” contra el narcotráfico.
Ambas defensoras coadyuvan con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste en la documentación y seguimiento de las denuncias por tortura interpuestas por civiles y policías municipales de Tijuana en 2009. Éstos señalan como responsables de las vejaciones a elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la II Zona Militar, y a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del XIX ayuntamiento de Tijuana.
“Cuando empezaron las llamadas telefónicas, comencé a privarme de ciertas salidas. No mucho, porque me sentía hasta cierto punto segura. Pero, conforme se fueron denunciando los casos y una vez que Silvia viajó al Distrito Federal para visibilizarlos, se intensificaron las amenazas. Después fueron seguimientos que realizaban policías municipales; luego, civiles que estaban muy cerca de mi domicilio”, cuenta Blanca, hija de Miguel Ángel Mesina, policía procesado en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, por supuestos vínculos con el crimen organizado.
El 5 de noviembre de 2009, Mesina Nevarez dio su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos. Ese mismo día, su madre fue intimidada vía telefónica. En todo momento, Blanca sostiene que su padre, al igual que el resto de los policías, es inocente y que ha sido torturado y vejado por las autoridades militares.
A inicios de marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Blanca y de Silvia. Esta última recuerda que, antes de huir de Baja California, ambas viajaron al Distrito Federal, a la última reunión en la Secretaría de Gobernación, el 3 de junio, para que los gobiernos estatal y federal les brindaran protección.
La Comisión Mexicana “advirtió que si no nos protegían nos iba a sacar (de Tijuana) y que las autoridades asumieran el costo por no protegernos. Pero el gobierno de Baja California sólo decía que iba a mejorar y responsabilizaba a las víctimas, argumentando que no contestábamos el celular. Por nuestra parte, agotamos todo: presentamos denuncias, testigos; pero entre más íbamos, más nos hostigaban. El último hecho fue la pistola en la cabeza de Blanca. Ellos no hicieron nada. No reaccionaron”.
El caso de Silvia y de Blanca era atendido por la Unidad de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, cuyo titular en aquel entonces era Francisco Blake Mora, actual secretario de Gobernación.
Por medio del oficio DG/DH/018/2010, Blake Mora aseguraba a las organizaciones civiles que una de las prioridades del gobierno estatal es la salvaguarda y protección de la vida de los bajacalifornianos.
“A mí me seguían policías municipales en vehículos de los grupos especiales, que estaban a cargo directamente del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, el mismo que ha sido denunciado en cartas de puño y letra de las víctimas, donde se dice que él ordenó la tortura y que (Gustavo) Huerta ordenó la detención. Ellos son dos militares con licencia para trabajar en el municipio”, señala Silvia.
Leyzaola Pérez –exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, actual subsecretario de Seguridad Pública estatal, y quien fuera hasta el pasado 27 de noviembre y que fue sustituido por Gustavo Huerta, en la nueva administración municipal– descalificó las denuncias de Silvia y de Blanca, consta en el oficio 1217/SSPM/2010.
Defensores asesinados
Ni el compromiso de Blake Mora ni las medidas cautelares dictadas por el sistema interamericano evitaron que Silvia y Blanca tuvieran que exiliarse para proteger sus vidas y las de sus parientes. Además de estas dos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado otras 156 medidas de protección a más de 200 defensores mexicanos y algunos de sus familiares, entre enero de 2007 y noviembre de 2010.
El 67.7 por ciento de éstas se concentra en Guerrero, entidad ubicada en el Sur. Se trata de 107 medidas provisionales que la Corte solicitó al Estado mexicano, el 21 de abril de 2009, para igual número de defensores de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
“El ambiente de inseguridad, de violencia, se ha volcado en contra del trabajo de los defensores y defensoras. Esto se ve claramente en Ayutla de los Libres (Guerrero). Ahí, precisamente, están las organizaciones que tenemos medidas provisionales, es decir, ya no solamente son las cautelares que otorga la Comisión Interamericana, son las de la Corte para situaciones de alto riesgo, de riesgos graves e inminentes, pues se teme por nuestras vidas”, explica Abel Barrera, director de Tlachinollan.
Señala que “en lugar de arribar a un estadio más civilizado de respeto a las leyes y a los derechos humanos, a mayor documentación, a mayor rigor del trabajo que hacemos para demostrar las grandes violaciones, corremos mayores riesgos. Las y los defensores aparecemos como los actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia y de combate a las drogas: (las autoridades) casi siempre tratan de ligarnos con una agenda oculta, nos deslegitiman, nos descalifican, criminalizan nuestro trabajo”.
El Informe anual 2010 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, indica que “la represión de comunidades indígenas se dio notablemente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se registran los más altos índices de pobreza y se concentra una gran parte de la población indígena del país. Los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas fueron uno de los grupos más afectados por la represión violenta”.
Eso lo demuestran los nombres de los defensores comunitarios Lucas Lucía y Ponce Rosas, que no se inscriben en la lista de quienes cuentan con medidas cautelares o provisionales, sino en la que concentra los datos de quienes han sido asesinados en lo que va del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
“La desaparición forzada y el asesinato de Raúl Lucas Lucía, presidente de la OFPM, y Manuel Ponce Rosas, secretario de la misma organización, marcó el principio de 2009, exponiendo la violencia a la cual se enfrentan los defensores de los derechos indígenas en México”, señala el Observatorio.
En esta administración, el lúgubre registro de defensores y luchadores sociales asesinados asciende al menos a 61, 21 de los cuales son reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACDHONU). Los otros 40 son reivindicados por sus organizaciones o sus causas. A ellos se suman otros cuatro defensores víctimas de desaparición forzada.
Comandos armados, grupos paramilitares y elementos estatales (particularmente policías y miembros de las Fuerzas Armadas) han sido identificados en los reportes de prensa, en las denuncias y en los informes internacionales como ejecutores de la violencia en contra de los defensores.
En México, los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia, la equidad, los derechos sociales, territoriales, ambientales, comunitarios e indígenas no necesariamente provienen del crimen organizado, reconoce la representación de la Organización de las Naciones Unidas.
“La piedra en el zapato es la sombra de la autoría de estas acciones”, explicó Javier Hernández Valencia, representante en México de la OACDHONU, el pasado 24 de noviembre. Señaló que servidores públicos “se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos” y que en la actual administración no se ha tenido ningún progreso respecto de los más de 180 casos de agresiones que ha documentado esa representación internacional.
De acuerdo con la Actualización 2010: informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, que elaboró la Oficina del Alto Comisionado, en el 51 por ciento de los casos no se puede identificar a los agresores; el 22 por ciento se trata de actores no estatales; el 14 por ciento, de operadores de justicia; el 8 por ciento, de autoridades municipales; el 5 por ciento, de autoridades militares.
“Independientemente de quién sea el perpetrador de la agresión, estos casos no son investigados. Además, persiste la criminalización de la protesta social y de las y los defensores”, dice Agnieszka Raczynska, secretaria general de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos.
Responsabilidad del Estado
Para Hernández Valencia, es fundamental entender que “lo que viven los defensores y los casos que presentamos de agresiones no pueden meterse en el mismo paquete y en la bolsa oscura de una lucha contra el crimen organizado. No es el crimen organizado el que arresta a Raúl (Hernández Abundio). No es el crimen organizado el que viola a Valentina (Rosendo Cantú) y a Inés (Fernández Ortega)”.
Los tres casos referidos por el representante de la Oficina del Alto Comisionado implican como autor al Estado mexicano. En el primer caso, al sistema de justicia, y en el segundo, al Ejército.
En entrevista con Contralínea al término de la presentación de la Actualización, Hernández Valencia dijo que “nadie viene con una varita mágica, pero las cosas que se han puesto sobre la mesa son muy claras. Hay autoridades de nivel superior que niegan que estos temas sean importantes. Inclusive no tienen una comprensión de los propios hechos como verdaderos”.
Agregó que “esa brecha de duda y de poca importancia, de no merecer atención, hay que sacarla rápido. Porque parece que por ser los periodistas quienes usan los medios y porque sí tienen una capacidad de tener el tema en primera plana y con más o menos cierta continuidad, entonces se crean defensores de primera y segunda categoría”.
Hernández Abundio, acoso gubernamental
“El gobierno mata, desaparece y mete a la cárcel a los defensores de los derechos humanos. Eso es injusto”, dijo Raúl Hernández Abundio en su idioma natal me’phaa, durante la presentación de la Actualización. “Hay amenazas, y aunque se denuncien, como en el caso de Obtilia (Eugenio Manuel, indígena me’phaa, defensora y dirigente de la OPIM), no hay respuesta”.
De acuerdo con Tlachinollan, el de Hernández Abundio –integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa– es “un caso paradigmático de la inconsistencia de la mayoría de estos procesos judiciales” abiertos para criminalizar la protesta social. El defensor permaneció recluido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, del 11 de abril de 2008 al 27 de agosto de 2010, acusado de homicidio, delito que no cometió.
“Tras dos años de prisión preventiva y gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e internacional, salió libre con sentencia absolutoria del juez”, indica el Centro de Derechos Humanos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia desde el 11 de noviembre de 2008.
“Fui encarcelado por defender a mi pueblo. El gobierno fabricó el delito. La prisión, sin embargo, me dio más fuerza. Yo tengo el derecho de defender a mi comunidad y lo voy a hacer.”
Para Hernández Abundio, la OPIM “nació por la necesidad de la comunidad de salir adelante. Nosotros necesitamos buena educación, escuela, salud, medicamentos. La Organización busca apoyar a la comunidad en eso, y va con el presidente municipal para que apoye con proyectos productivos y con fertilizantes. Ése es el trabajo de la Organización y es lo que al gobierno no le conviene. Por eso no quiere a la Organización, no quiere a los defensores ni a los que buscan el bien de la comunidad”.
Condenar al Estado mexicano
En su Informe anual 2010, el Observatorio descubre que, en México, los defensores de los derechos indígenas, comunitarios y medioambientales están en riesgo inminente.
El 24 de noviembre pasado, dos sujetos interceptaron a Margarita Martínez Martínez, defensora de los derechos humanos en Chiapas. La amenazaron de muerte y le exigieron “transmitir” el mismo “mensaje” al equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). También le entregaron una nota hecha con recortes de periódico dirigida a “Diego” (Diego Cadenas, director del Centro): “…en tus manos está la vida de esta familia; enfrentarás cargos; defensores de la verga”.
Jorge Luis Hernández Castro, quien está al frente del Área de Incidencias de ese Centro, explica que, “días antes de la agresión, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas ejerció la acción penal en contra de funcionarios que habían participado en el allanamiento de la casa de Margarita”.
En ese proceso, detalla, están involucrados policías estatales y municipales, y el Frayba lleva la parte jurídica. “Una de las posibles causas de este ataque a Margarita y el mensaje que envían al Frayba puede ser atribuido desde ahí, donde los involucrados son servidores públicos”.
Pero, agrega, “no descartamos que sea por el trabajo que tenemos con varias comunidades: uno de estos perpetradores le dice claramente a Margarita que sabe que el Frayba está acompañando a Mitzitón, una comunidad que defiende su derecho al territorio para que una autopista no pase por sus tierras ejidales y comunitarias. O por casos como el que tenemos en la zona de Agua Azul, que también son por la defensa al territorio”.
Jorge Luis refiere que la situación de agresiones en contra del trabajo de defensoría es preocupante, pues el mismo Estado se deslinda de su responsabilidad al declarar que los ataques provienen de la delincuencia organizada.
Indica que en el país no se tienen mecanismos eficaces ni eficientes para proteger a las y los defensores. “Esto se demostró ahora con el ataque a Margarita, porque ella tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, y en este caso el Estado mexicano tiene una responsabilidad en cuanto a su seguridad”.
Respecto de las implicaciones que traerán las amenazas al equipo del Frayba, afirma: “Nuestro compromiso es muy claro en cuanto a la defensa y promoción de los derechos humanos y de acompañar a las comunidades. Nuestro trabajo sigue siendo firme. Sin embargo, hemos solicitado medidas provisionales a la Corte Interamericana, ya que las medidas cautelares son ineficientes. Hemos alertado a la Corte de este riesgo inminente y la misma Oficina del Alto Comisionado se pronunció de manera inmediata”.
No obstante, las evidencias recabadas por la OACDHONU, respecto de las implicaciones que tiene el Estado mexicano como autor de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y como principal responsable de la impunidad que se padece en el país, son insuficientes para que la Organización de las Naciones Unidas intervenga. Esto sólo lo podrá hacer cuando sus Estados miembros se pronuncien, aseguran funcionarios de esa institución.
“La única manera para que la ONU condene al Estado mexicano por la situación que viven sus defensores de derechos humanos y sus periodistas sería que alguno de los miembros lo acuse por su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.” Defensores, activistas, luchadores y líderes sociales asesinados de 2007 a 2010.
Defensores desaparecidos
• Raúl Ángel Mandujano Gutiérrez. Director de Atención a Migrantes de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del Gobierno del Estado de Chiapas, abiertamente vinculado con organizaciones civiles a favor de la población migrante. La noche del 2 de abril de 2009, cuatro sujetos armados lo habrían privado de su libertad mientras se encontraba en un conocido restaurante en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta la fecha, se desconoce su paradero.
• José Francisco Paredes. Integrante de la Fundación Diego Lucero, AC. El 26 de septiembre de 2007, habría desaparecido en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuando se dirigía a lavar su camioneta. Dos días después, su vehículo fue encontrado en la carretera rumbo a la salida a Salamanca. Las investigaciones iniciadas no han logrado identificar su paradero Alicia Salaíz Orrantia. Integrante de la asociación civil de Derechos Humanos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El 8 de octubre de 2009, fue testigo del asesinato de su esposo, Paz Rodríguez Ortiz, y el 5 de noviembre siguiente habría sido detenida por un grupo de sujetos armados, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
• Víctor Ayala Tapia. Presidente de la organización campesina Frente Libre Hermenegildo Galeana. La mañana del 14 de septiembre de 2010, seis hombres armados llegaron a su casa, ubicada en el pequeño poblado rural de Papanoa, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, y le exigieron su identificación. Luego lo obligaron a entrar en la camioneta que conducían y se marcharon. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver Fuentes: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
* Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicana
Contralínea. Periodismo de Investigación. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investiga: lavado de dinero, paraísos fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental, temas energéticos.
